El operativo no aparece en los programas de entretenimiento que la policía arma para la TV, pateando puertas de pibes pobres, pero en teoría ocurrió, consta en actas. La orden judicial era allanar y detener a un represor en el barrio de Floresta. El hombre, tres décadas impune, estaba acusado de interrogar a secuestrados en los centros de detención Vesubio y Campo de Mayo como miembro de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601. El principal Walter Prudencio Castillo, enviado por la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, buscó dos testigos y tocó timbre. De repente apareció la hija.

–Fue a ver a mi abuelo al geriátrico, en Avellaneda –dijo.

Con la orden de allanar en el bolsillo, el policía abandonó la casa, caminó hasta un locutorio y pidió instrucciones.

—¡Allane! ¡Búsquelo! –le ordenaron.

Revisó la casa. Nada. Se subió al patrullero hasta que apareció el abogado Eduardo San Emeterio.

–Está en las inmediaciones (sic) aguardando el resultado de mi intervención –le informó, en palabras textuales de Castillo. El principal no se movió del patrullero, ni informó a sus superiores.

–Voy a pedir que le armen un bolso con ropa –agregó San Emeterio.

A los quince minutos volvió para advertirle que no perdiera tiempo. “No se va a entregar”, le informó.

El flamante prófugo es Carlos Eduardo Somoza, tiene 56 años, se formó en Gendarmería, estudió la carrera de fotointérprete en la Universidad del Salvador y vivió hasta el 13 de julio en Concordia 989, esquina Luis Viale. Según declaró en 1984 ante la Conadep el penitenciario Norberto Cendón, hoy prófugo de la Justicia, Somoza era el nombre real de un interrogador del Vesubio. Su nombre de cobertura era “César Ernesto Segal” y usaba los apodos “Gordo” y “Fito”, contó. Sobrevivientes del “Campito”, el mayor centro de detención del país, en Campo de Mayo, también lo recuerdan por sus alias. La coincidencia de las iniciales de Somoza y Segal no es casual: era una obligación impuesta por la ley de personal civil de la SIDE y los servicios de las Fuerzas Armadas.

Aún más preocupante que la eficacia de Carrizo es el motivo por el cual Somoza no fue detenido antes. En octubre de 2007 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le entregó un informe con sus antecedentes a Martín Suares Araujo, entonces juez federal de San Martín. Cuatro meses después el fiscal Jorge Sica reiteró el pedido de detención. El magistrado renunció en diciembre sin pedir la captura. En febrero asumió como juez subrogante Juan Manuel Yalj, quien pidió a la Secretaría datos sobre las víctimas que lo identificaron. La principal era Juan Carlos Scarpatti, que reconoció en la foto de Somoza al interrogador apodado “Gordo”. Mítico militante y testigo central de Campo de Mayo, Cacho Scarpatti murió en agosto de 2008, sin poder ver siquiera la condena de Santiago Riveros.

La orden de detención de Somoza la libró el juez federal Ariel Lijo por su rol en el “Operativo Murciélago”, el secuestro y asesinato de los montoneros que ingresaron al país en 1980 en la “contraofensiva” contra la dictadura, crímenes por los que fueron condenados ocho coroneles del Batallón 601. “Segal” figura en la causa como enviado asiduo a la “base San Pablo”, desde donde se habría coordinado el secuestro de Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock, trasladados a Campo de Mayo y desaparecidos. “Segal” o “Fito” también figura entre los interrogadores de la sobreviviente Silvia Tolchinsky en una de las “casas” que el servicio de inteligencia del Ejército tenía en inmediaciones de Campo de Mayo. Ante la consulta de Página/12, el juez Lijo informó que recibió un pedido de disculpas del jefe de la División Operaciones, que hasta el chubasco de Castillo gozaba de excelente reputación en la Justicia federal.

Peor suerte que Somoza corrió Jorge Oscar Baca, civil del Batallón 601 que en los centros clandestino se hacía llamar “Negro Boyé”. Su nombre de cobertura era Juan Omar Boyé, siempre con idénticas iniciales que el real. Tolchinsky lo mencionó como un “alcohólico” que era secretario del coronel Jorge Luis Arias Duval, jefe de la Central de Reunión del 601. Recordó que la interrogó en Mendoza al día siguiente de su secuestro y que volvió a padecerlo durante su cautiverio en las “casas” cercanas a Campo de Mayo.

Según registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, la lista de represores prófugos asciende a 39. Incluye militares, policías y civiles como el ex juez Guillermo Madueño (foto), que hasta 2004 integró el Tribunal Oral Federal N° 5. El Estado creó en mayo de 2008 una Unidad Especial de Búsqueda, con un fondo de recompensas de cinco millones de pesos, que quince meses después no cuenta aún con un sitio web para que la sociedad conozca sus fotos y prontuarios.