El canciller Jorge Taiana participará hoy, en Honduras, de una comitiva que incluye a otros seis cancilleres del continente y que tiene planeado reunirse con instituciones religiosas, empresarias y de trabajadores de ese país para “impulsar la suscripción del Acuerdo de San José”, enfocado a la restitución de la democracia quebrada el 28 de junio por un golpe cívico militar contra el presidente hondureño Manuel Zelaya. Página/12 tuvo acceso a un documento elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que corrobora las violaciones a los derechos humanos en la nación centroamericana a partir de la ruptura del orden constitucional.

Taiana viajó ayer a Miami para participar de una reunión preparatoria convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de partir hoy hacia Tegucigalpa. El encuentro preliminar fue programado para limar los detalles de la misión que llevará hasta Honduras a los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana y la Argentina.

“La agenda de la delegación no se limitará sólo al ámbito público; incluye también reuniones con representantes de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, los empresarios, los trabajadores, los candidatos presidenciales y distintas organizaciones de la sociedad civil”, señaló a través de un comunicado el secretario general de la OEA, el chileno Miguel Insulza. El dirigente trasandino destacó que el Acuerdo de San José es “un texto satisfactorio que permite retornar a la situación previa a la madrugada del 28 de junio, reponer al presidente constitucional y atender las principales aprensiones y demandas que dieron origen a la crisis”.

La comisión tiene en sus manos el informe que elaboró la CIDH durante la visita que realizó a Honduras la semana pasada para “observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado”. En el documento, la comisión comprobó la existencia de “un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía”. Además señaló como “de particular gravedad la muerte de cuatro personas y varios heridos de arma de fuego”, y exhortó a una “necesaria investigación de las muertes”, ya que habían recibido información que podría vincularlas “con el accionar de agentes del Estado”.

En el transcurso de los tres días de su visita, la CIDH mantuvo reuniones con representantes del gobierno de facto y de distintos sectores de la sociedad, recibió a más de un centenar de personas que presentaron denuncias, dieron testimonio y brindaron información. El equipo enviado por la CIDH se desplazó por distintas ciudades de Honduras como Tegucigalpa, Tocoa, San Pedro Sula, El Paraíso y Comayagua, donde el conflicto se presentó con mayor fuerza. A raíz de la visita, la comisión pudo constatar que “la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil”, incluyendo las escuelas y la universidad nacional.

Así, el órgano internacional documentó la muerte de Isis Obed Murillo Mencías, de 19 años, el 5 de julio, como consecuencia de una herida de bala en la cabeza, o la de Pedro Magdiel Muñoz, cuyo cadáver fue encontrado el 25 de julio con señales de tortura en todo el cuerpo e indicios de haber sido detenido unos días antes por militares. También el maestro Roger Vallejos Soriano fue herido de un disparo en la cabeza el 30 de julio y falleció un día después, y Pedro Pablo Hernández fue muerto por un disparo en la cabeza, todos en el marco de movilizaciones en contra del gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti. La detención arbitraria de entre 3500 y 4 mil personas en las marchas, de las que en muchos casos no se llevaron registros, sumadas a denuncias de feroces golpizas y cierres de medios de comunicación, fueron corroborados en el informe.