La Administración Federal de Ingresos Públicos inició acciones judiciales en los últimos días contra más de 13 mil morosos, con el objetivo de reclamar deudas impositivas y previsionales por más de 425 millones de pesos. “La sociedad debe saber –declaró Ricardo Echegaray, titular de la AFIP– que el sector rural es uno de los que presenta el mayor nivel de informalidad laboral: aproximadamente el 69 por ciento de los empleados del sector agrícola-ganadero se mantienen en la informalidad”.

El organismo recaudador y fiscalizador de impuestos informó que las demandas iniciadas ascienden a 13.262, llevadas adelante “luego de haberse agotado la gestión administrativa realizada por el fisco para lograr el cobro de los importes adeudados por estos contribuyentes”. El 55 por ciento de las demandas corresponden a contribuyentes constituidos como sociedades (7357 casos). En cuanto a la proporción del monto reclamado, esos casos representan más del 90 por ciento (385,9 millones de pesos). De los 425,4 millones que suma el total de las demandas, 228,2 millones corresponden a contribuyentes radicados en el área metropolitana (ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano) y 197,2 millones al resto del país.

Clasificados por tributo, el 40 por ciento del monto reclamado (170,2 millones de pesos) corresponde a aportes y contribuciones a la seguridad social. El 21,1 por ciento (89,8 millones) es reclamado como IVA impago, el 20,5 por ciento (87 millones) por impuesto a las Ganancias, el 12,5 por ciento (52,6 millones) por impuestos internos y retenciones, mientras que el resto corresponde a Ganancia mínima presunta, Bienes personales y otros gravámenes. El organismo informó que “durante los primeros ocho meses del año, la Dirección General Impositiva inició juicios de ejecución fiscal por un monto superior a los 1700 millones de pesos”.

Echegaray estimó que sobre un total de 1.376.000 de trabajadores del sector rural, 950 mil “cumplen su tarea en plena informalidad”. Es decir, no declarados, con retribuciones en negro y, por lo tanto, sin aportes ni cobertura de la seguridad social. En función de ello, el titular de la AFIP sostuvo que “no es razonable que el Estado convalide esta situación a partir de la generación de beneficios impositivos adicionales que conspiran contra la formalidad y el trabajo digno”.