El Gobierno vetó finalmente el polémico artículo cuarto de la Ley de Emergencia Agropecuaria para la provincia de Buenos Aires, el cual eximía del pago de derechos de exportación a 22 distritos y establecía una reducción del 50 por ciento para otros 15. A través del decreto 1128/09, que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner más todo el gabinete, el Ejecutivo argumentó que fue un “error” dejar pasar ese artículo, pero adjudicó la mayor responsabilidad a la oposición. “Intentar movilizar a los productores en detrimento de un artículo de una ley es un acto de bajeza política y mala fe parlamentaria”, aseveró el Ejecutivo. Además, el Gobierno señaló que el polémico artículo dejaba la puerta abierta a maniobras elusivas por parte de los productores agropecuarios. La oposición salió al cruce de esta medida y la Mesa de Enlace decretó un nuevo lockout patronal.

El conflicto entre el Ejecutivo y las entidades agropecuarias volvió a recrudecerse a partir del veto presidencial al artículo cuarto de la Ley de Emergencia Agropecuaria para la provincia de Buenos Aires. Los considerandos del decreto son una dura crítica hacia el uso político que intentó hacer la oposición sobre la normativa en cuestión.

Sin mencionarlo, el decreto apuntó contra la actitud de Francisco de Narváez, autor de la polémica ley, y la Mesa de Enlace, en particular contra Néstor Roulet, que como había publicado Página/12 el pasado 22 de agosto, fue el dirigente que arengó a un grupo de productores a canalizar la venta de granos a través de las zonas declaradas en emergencia. Justamente, ese fue uno de los argumentos que utilizó el Ejecutivo para observar la normativa. “Podría generarse una maniobra elusiva por parte de los productores”, destacó el Ejecutivo, tal como había insinuado Roulet –medio en broma, medio en serio– a un grupo de productores.

Quien estuvo trabajando en el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial fue Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, junto a otros funcionarios del Gobierno. De esa reunión salieron los duros argumentos utilizados por el Ejecutivo para elaborar el veto. “El que paga los derechos de exportación no es el productor. En la práctica, lo que hay es un traslado de precios, y si se quiere establecer que al productor se le pague un precio mejorado, no es la vía tributaria el mecanismo adecuado”, aseveró Echegaray.

El decreto presidencial también observó el inciso c del artículo 3 que establecía eximiciones en el pago de contribuciones sociales. “Si el problema pasa por no querer abordar las cargas sociales, estamos en una situación complicada de entendimiento social”, agregó el funcionario.

A continuación, Página/12 resume los puntos sobresalientes y duros del veto parcial a la ley 26.511:

- “Conforme marcan distintas fuentes, el referido artículo fue agregado por error. Que ese error incurrido en el ámbito parlamentario no puede utilizarse mezquinamente para sacar ventajas personales o partidarias. Sacar ventaja de errores ajenos puede ser una expresión de picardía política, pero intentar movilizar a los productores en defensa de un artículo de una ley es un acto de bajeza política y mala fe parlamentaria”, indica el decreto.

El primero que quiso sacar rédito de esta normativa fue Francisco de Narváez, autor del proyecto, que una vez que se terminó la votación en la Cámara alta empezó a llamar a todos los senadores para felicitarlos por haber aprobado su iniciativa.

- “Mucho menos puede aprovecharse de ese error para llevar a cabo maniobras elusivas. No parece oportuna la expresión reciente del señor Néstor Roulet (vicepresidente de CRA), quien dijo: “Si les bajan las retenciones a los distritos de la provincia (de Buenos Aires), vendemos todo por ahí y listo”.

Página/12 pudo escuchar en boca de Roulet una conversación junto a un grupo de productores que estaban cortando la avenida Entre Ríos, frente al Congreso: “Esto nos sirve de excusa (por la ley de emergencia provincial) para ir contra el Ejecutivo”. Para luego rematar –con ironía o muy en serio– que a partir de la eliminación de las retenciones para 22 distritos, “podríamos canalizar todas las ventas a través de una persona que esté bajo la emergencia y que uno solo pague Impuestos a las Ganancias”.

- “En síntesis, a las cuestiones fácticas de orden parlamentario se les agregan las inconsistencias e incongruencias de la norma con la propia noción de desastre o emergencia agropecuaria, amén de la imposibilidad operativa y el fuerte riesgo que plantea su posible utilización con fines de evasión fiscal”, sostiene el decreto publicado ayer.

Más allá del revuelo político y el anuncio de un nuevo lockout por parte de las cámaras patronales, la declaración de emergencia para la provincia de Buenos Aires sigue vigente. Los productores afectados podrán diferir el pago de sus impuestos (Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales). Sin embargo, el “error” del que habla el decreto logró aglutinar a la oposición, que ya denuncia por adelantado que después del 10 de diciembre el Congreso “estará cerrado por veto”, tal cual reza un comunicado enviado ayer por el macrista Cristian Gribaudo. Mientras que la Mesa de Enlace encontró una nueva excusa para agolparse nuevamente al costado de la ruta.