La Justicia contravencional le puso fecha al juicio oral contra Luis D’Elía por un corte de calle. Será el próximo 21 de septiembre, con una audiencia a cargo de la jueza Cristina Lara. En la causa, el fiscal Juan Rozas ha acusado al dirigente piquetero de “obstruir” el tránsito el 8 de mayo pasado, al encabezar una caravana que atravesó la ciudad, desde Liniers a la Plaza de Mayo, para reclamar una mayor presencia de los movimientos sociales en las listas del kirchnerismo para las elecciones legislativas.

D’Elía se ha negado a aceptar una probation porque implicaría reconocer que cometió una falta. “No podemos aceptar que se judicialice la protesta social”, sostuvo ayer ante la consulta de Página/12. “Tenemos que llegar a la Corte Suprema con este tema, porque la Constitución habilita el derecho a manifestarse libremente en defensa de las ideas.”

El dirigente piquetero señaló por otra parte que la norma que se aplicó para inculparlo “dice que hay que avisar previamente cuando se va a realizar una manifestación, lo que nosotros hicimos: avisamos al ministro del Interior y dimos además una conferencia de prensa”. Las autoridades de la ciudad, agregó, “no tienen la facultad de declarar ilegal las marchas. Sólo pueden pedir que sean comunicadas con suficiente anterioridad”.

La figura de obstrucción de la vía pública del Código Contravencional por la que será llevado a juicio establece multas de hasta mil pesos o trabajos de utilidad pública de entre uno y cinco días. Los cargos también incluyen la presunta infracción al artículo 69 del Código de Contravenciones, que fija multas de hasta cinco mil pesos y dos días de arresto a quien “afecte intencionalmente el funcionamiento del servicio público de transporte”.

D’Elía tiene otros tres procesos abiertos. Uno por haber dado una trompada al ruralista Alejandro Grahan, durante las manifestaciones por las retenciones, en el que está procesado por lesiones leves. El segundo porque la Sala II de la Cámara Federal revocó un fallo de primera instancia que lo había eximido en una causa por instigación a la violencia, a raíz de declaraciones en las que D’Elía dijo odiar a los blancos. El tercero por la toma de la comisaría 24ª ocurrida tras el asesinato del militante Martín “El Oso” Cisneros, por el que fue llamado a indagatoria para el 7 de septiembre. Durante esa jornada, organizaciones sociales marcharán desde La Boca a los tribunales de Comodoro Py en respaldo a D’Elía y para advertir sobre “la demonización política y pública” de la que es objeto.