La renuncia de Jorge Palacios es un hecho sumamente auspicioso para quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires por distintas razones.

La primera de ellas es que la inseguridad es uno de los principales problemas que afrontamos los porteños y, como hemos señalado en distintas ocasiones, la misma no puede estar garantizada por una fuerza pública conducida por una persona judicialmente imputada de haber participado en el encubrimiento de quienes perpetraron el atentado contra la AMIA y por incumplimiento de deberes de funcionario público en la misma causa. Pero, más allá de esta gravísima acusación realizada por el fiscal Alberto Nisman, la Policía Metropolitana tampoco puede estar dirigida por quien, en su libro Terrorismo en la Aldea Global, no menciona al Holocausto como uno de los crímenes del siglo XX y niega la existencia del terrorismo de Estado en la Argentina. No se trata de un hecho menor: el libro manifiesta una concepción de seguridad difícilmente compatible con la vigencia plena de los derechos humanos.

La segunda razón es que se trata de una fuerza policial nueva, cuya impronta inicial seguramente delineará su acción futura. Su objetivo principal no puede ser la represión de los movimientos populares. Necesitamos una Policía Metropolitana eficiente en el combate contra el delito que, teniendo como objetivo principal la seguridad de los ciudadanos, trabaje muy cerca de los porteños con participación de la futura representación comunitaria y resolviendo los problemas de inseguridad cerca de la gente. Como sabemos, estos problemas tienen características particulares en cada uno de los barrios. Sin confianza en la conducción de la nueva policía es muy difícil garantizar el trabajo conjunto, a partir del cual la sociedad y su fuerza de seguridad se articulen en función de un objetivo común. Es por ello que insistimos en la necesidad de reformulación del artículo 34 de la Ley 2894 de Seguridad Pública de la Ciudad, colocando la audiencia pública como requisito obligatorio para la designación del nuevo jefe de la Policía Metropolitana. Al mismo tiempo nos comprometemos a seguir trabajando en el Congreso nacional para lograr la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad con los recursos correspondientes. Ello permitirá contar con una fuerza de seguridad única que optimice los recursos para luchar contra la delincuencia.

La tercera razón por la cual la renuncia de Jorge Palacios es un hecho esperanzador es porque se trata del resultado de una demanda y lucha popular amplia y plural, encabezada por Memoria Activa y los Familiares de las Víctimas de la AMIA, pero acompañada por la mayor parte de fuerzas sociales y políticas de la Ciudad. El éxito de esta lucha es un dato que vuelve a darnos confianza en que la acción ciudadana y la militancia política tienen sentido cuando el objetivo es justo y noble, como en este caso. Las decenas de miles de firmas ya recolectadas en cientos de mesas colocadas en toda la ciudad, las declaraciones de legisladores, diputados y senadores, las acciones de los organismos de víctimas, defensores de los derechos humanos, partidos y movimientos políticos, obligaron a que el jefe de Gobierno tuviera que volver atrás en su decisión. Nunca como en esta ocasión la unidad en el objetivo y en el trabajo cotidiano mostró que estamos en condiciones de sumar esfuerzos para construir una ciudad de Buenos Aires verdaderamente democrática e integrada.

Esta última razón es la que nos permite ser optimistas y confiar en que hemos dado un paso importante para que las fuerzas nacionales, populares y progresistas de la Ciudad se unan para también evitar que se sigan aplicando las políticas neoliberales que desvalorizan lo público y profundizan la desigualdad social y territorial en nuestra Ciudad. Como hemos visto en reiteradas ocasiones en nuestro país, es la aplicación de este tipo de políticas la que exige crear fuerzas represivas que impidan la genuina expresión de las demandas populares.

* Senador nacional por el Frente para la Victoria.