La noción del ministro de Defensa Horacio Jaunarena sobre los desaparecidos es “conceptualmente igual” a la del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla. Así lo afirmaron los abogados querellantes en la causa sobre la práctica sistemática de sustracción de menores durante la dictadura, y alertaron que el funcionario “reclama impunidad para delitos cometidos por miembros de las Fuerzas que dependen de su cartera”. En un escrito presentado en el Juzgado Federal 7, los letrados sostuvieron que las recientes declaraciones del funcionario pueden interferir en ese proceso y otros similares. Jaunarena había expresado que “la situación de un hombre desaparecido es una biografía sin final, y esto es contrario a la naturaleza humana y a la memoria”, y los abogados consideraron que está sosteniendo que están muertos y que esto debiera reconocerse legalmente.
El 6 de noviembre en Casa de Gobierno Jaunarena había opinado que existe un “estado de incertidumbre en las Fuerzas Armadas ante un futuro pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El Alto Tribunal también tiene que expedirse respecto de planteos de cosa juzgada y prescripción realizados por Videla y Emilio Massera, ambos procesados en esta causa como autores mediatos del plan de apropiación de los hijos de los desaparecidos. Jaunarena había expresado que si las leyes de impunidad fueran declaradas inconstitucionales “se volvería atrás sobre situaciones que ya son cosa juzgada”. Esa decisión fue tomada en marzo del año pasado por el ex juez Gabriel Cavallo, y más tarde siguió sus pasos Claudio Bonadío. La Cámara Federal ratificó esos dos fallos y ahora el asunto está en manos de los jueces supremos, ya más descomprimidos tras la desestimación del juicio político. Por otra parte, en la causa sobre sustracción de menores la Justicia está por resolver la situación procesal de los once ex jefes militares que habían ampliado sus indagatorias para ser interrogados por nuevos casos. Ante eventuales nuevos procesamientos sus defensores apelarán y recién cuando esa instancia se resuelva el caso podrá ser elevado a juicio oral.
“Cuando una persona desaparece no está en ningún lugar y estas biografías sin final son contrarias a la conciencia colectiva”, completó Jaunarena. Esta definición es similar a la utilizada por Videla cuando sostuvo, en conferencia de prensa ante corresponsales extranjeros, que “... un desaparecido no existe, no está en ningún lugar, no tiene entidad”. Según el escrito presentado por David Baigún, Marcelo Mónaco y Alberto Pedroncini, además de otros veinte abogados, la presunción genérica de muerte que formula el ministro “es precisamente contraria a la naturaleza humana y a la conciencia colectiva”. Y agregaron que “resulta absolutamente incuestionable que el ausente por desaparición forzada es, en nuestro ordenamiento jurídico, una persona viva que tiene la totalidad de los derechos inherentes a su condición de tal”. De hecho, una ley prohibió a los jueces determinar la muerte del desaparecido y el Informe Final de la Junta Militar que había declarado la muerte de todos los desaparecidos fue declarado nulo.