El llamado Juicio Cabezas II quedó ayer en peligro de anulación después de que dos de los jueces del tribunal aceptaran las recusaciones presentadas por la defensa del ex jefe de la Bonaerense en Pinamar, Alberto “La Liebre” Gómez. El presidente del Tribunal suspendió el juicio y ahora la Corte Suprema Bonaerense debe resolver qué se hace e integrar un nuevo tribunal antes de los diez días, porque de lo contrario el juicio se anularía. En la puerta del edificio de tribunales de Dolores, el ex comisario Gómez trató de defenderse echándole la culpa de lo ocurrido al subcomisario Juan Acotto, que aquella noche estuvo a cargo de la comisaría: “Si un empleado se manda una macana, ¿a quién castigan?: ¿al dueño o al empleado?”, graficó Gómez sin precisar qué quiso decir con la palabra “macana”. En realidad, a Gómez y a la Bonaerense de Pinamar se los acusa de haber liberado la zona para que en la madrugada del 25 de enero de 1997 secuestraran a Cabezas, le pegaran dos tiros en la nuca, para luego quemar su cuerpo.
A dos de los jueces del tribunal de Dolores les agarró un verdadero ataque de sinceridad. El doctor Carlos Eyherabide se excusó por ser del fuero civil, o sea que no se consideró con la formación suficiente en el terreno penal para afrontar un juicio tan delicado.
La jueza Susana Yaltone aceptó la recusación porque en el anterior juicio del caso Cabezas, según ella, se analizó la llamada pista policial y de hecho se la relegó a un segundo plano, concluyéndose que en el crimen del fotógrafo actuaron tres policías, cuatro ladrones contratados por los policías y el jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, a quien se le atribuyó el armado de todo el plan. O sea que el centro de la operación no estuvo en la Bonaerense sino en Yabrán. Hecho ese diagnóstico en el primer juicio, Yaltone admite que no puede volver a pronunciarse sobre lo mismo, ya que Gómez y el eventual establecimiento de una zona liberada encajan más bien en la pista policial.
El único juez que no aceptó las recusaciones planteadas por la defensora de La Liebre, Marta Esponda, fue el presidente del tribunal, Jorge Luis Dupuy. El magistrado, que igualmente había sido parte del tribunal del primer juicio de Cabezas, rechazó el pedido de apartamiento por ser presentado fuera de término y porque consideró que la Corte Suprema ya se había pronunciado anteriormente ante un pedido similar de la defensora Esponda.
Ahora el juicio Cabezas II entra en zona de riesgo, ya que la Corte Suprema debe expedirse dentro de los próximos diez días. Puede rechazar las excusaciones de los jueces y obligarlos a intervenir en el juicio, o bien puede ordenar que se sortee a otros dos magistrados. Como el juicio ya empezó, todo deberá hacerse dentro de esos diez días, porque de lo contrario hay que anular este juicio y realizar otro más adelante.
La familia Cabezas y su abogado, Alejandro Vecchi, rechazaron enfáticamente la suspensión del juicio y reclamaron que se ponga en marcha de inmediato, porque sería un caso de privación de justicia.
Una vez decidida la suspensión de la audiencia, el ex comisario Gómez se acercó a hablar con la prensa y se consideró un “preso político”. “Yo no liberé ninguna zona como me acusan. Me juzgan por una especie de revancha, no sé de quién”, argumentó el otrora jefe de la policía de Pinamar.
Los elementos que hay contra La Liebre son varios. Por de pronto, en el crimen participaron tres de sus subalternos, los policías bonaerenses Gustavo Prellezo, Sergio Camaratta y Aníbal Luna. Además está probado que ellos contrataron y llevaron a la Costa a cuatro ladrones, Los Horneros, que también participaron del asesinato. Al mismo tiempo, en la noche del secuestro, hubo dos vecinas que llamaron a la comisaría para avisar que había movimientos raros en los alrededores de la fiesta en la que estaba Cabezas, pero ni la guardia ni los patrulleros hicieron nada. Pararedondear, segundos después del secuestro de Cabezas pasó por el lugar un patrullero que parecía estar verificando la operación. La fiscalía entiende que Gómez estuvo involucrado en toda la movida que rodeó al asesinato y por lo tanto pide que se lo condene a prisión perpetua.