A la par de la investigación por los presuntos sobornos en el Senado, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales aceleraron la discusión de un proyecto para reglamentar la actividad del lobby. Para hablar de borradores que el Gobierno también tiene en estudio, ayer concurrieron el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, y el titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni. Ambos coincidieron en que la futura norma debe “ser lo más sencilla posible” y que debe ponerse toda la atención en “las agendas de los funcionarios públicos”. Una manera de referirse a las reuniones que estos mantienen con los sectores del poder o de los grupos con mayores influencias. Aunque el fantasma de Carlos Bercún sobrevoló durante gran parte de la reunión, ninguno lo mencionó. Hubo tiempo para que los senadores pusieran al día la marcha de la cuestión de privilegio que trata esclarecer la probable existencia de coimas denunciadas por el periódico londinense Financial Times. También volvió a aparecer en escena el titular del Central Aldo Pignanelli y el empleado del BCRA adscripto al despacho del pampeano Carlos Verna, Héctor Rincón.
“Estamos hablando de mucho más que combatir la corrupción. Como dice la doctrina norteamericana, esto permite poner al Gobierno bajo la luz del sol”, dijo acomodando sus lentes de lectura el ex intendente de Hurlingham, actual titular de Justicia. La explicación venía a resaltar sus reparos a que la futura norma copie proyectos legislativos vigentes en los Estados Unidos. Para el funcionario, la Argentina está en un estadio mucho más primitivo. Por eso, lejos de privilegiar avanzar en la confección de un registro de lobbistas se inclinó por poner el acento en las reuniones de los funcionarios públicos con los representantes de los intereses privados.
El mismo Alvarez recomendó que cualquier futura legislación debe tomar “distancia prudencial de hechos recientes y muy sonados”. En buen romance estaba hablando de Carlos Bercún, el lobbista contratado simultáneamente por el Ministerio de Economía, el Banco Central, el Citibank y la Asociación de Bancos de Argentina. Para los senadores, Bercún está en el centro de las sospechas. Reiteradamente recuerdan que el artículo original destacaba la participación en el presunto pedido de soborno de un allegado a los banqueros y a los senadores.
El riojano Jorge Yoma puso su atención en “los conflictos de intereses”. Y esto es así porque “siempre hubo una gran confusión entre lo privado y lo público. Incluso muchas veces el funcionario terminaba sirviendo a los particulares”, aclaró. Para que no quedaran dudas recordó el caso de Jorge Kogan, quien de ex secretario de Transporte, con el menemismo, pasó a revistar como consultor de una empresa adjudicataria del servicio ferroviario, para regresar posteriormente al Estado de la mano de la Alianza, donde volvió a sentarse en el sillón del responsable del sector transporte. El riojano le pidió al ministro la derogación de un decreto que, aunque se enmarcó en los convenios de competitividad de los tiempos de Domingo Cavallo, modificó la Ley de Etica Pública. Como la discusión sobre el lobby recién comienza, Yoma le sugirió a Alvarez que el Gobierno podría incluir el tema en el listado de iniciativas que formaran parte de la convocatoria a sesiones extraordinarias. A la hora de repasar casos similares, también surgió el nombre de Mario Vicens, ex secretario de Hacienda que concluyó como titular de ABA. Si bien recordaron que había pasado un año, tal como establece la Ley de Etica, entre uno y otro cargo, la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner dijo que “esto no era suficiente, dada la envergadura de los cargos”.
Una vez que se retiraron los funcionarios del Gobierno, los legisladores pusieron al día la investigación sobre los presuntos sobornos. Kirchner informó que el fiscal Guillermo Marijuán se mostró predispuesto en concurrir ante la comisión y que en el Banco Central no podían explicar laoportuna licencia de Héctor Rincón, mano derecha de Bercún, empleado del Central y adscripto en lo de Verna. La licencia le permitió eludir su citación ante la comisión.