La escasez de acuerdo entre justicialistas y radicales alrededor del conflictivo tema de las ejecuciones hipotecarias provocó el fracaso de la sesión prevista para ayer donde el Ejecutivo nacional pretendía definir su máxima prioridad: el cronograma electoral y la renuncia de Eduardo Duhalde. Los justicialistas acusaron a los radicales de la caída del debate. Incluso algunos llegaron a definirlos como “extorsionadores”, aunque en rigor de verdad ni ellos mismos contaban con el consenso suficiente para sentarse en las bancas. En definitiva, la discusión en el recinto se postergó hasta la semana que viene, tiempo suficiente para acordar el texto de un proyecto de necesidad y urgencia con el que buscarán saldar el caso de los deudores hipotecarios y que redactará una comisión donde participarán los presidentes de los bloques parlamentarios que firmaron el Pacto en Olivos el lunes pasado.
El principio de acuerdo alcanzado anoche en la Casa de Gobierno es frágil. Las diferencias de criterio entre radicales y oficialistas no están saldadas. Por caso, los justicialistas que estuvieron reunidos en la Rosada son conscientes de que lo que allí se habla es ad referendum de una discusión posterior en el bloque donde las posiciones están cada vez más encontradas.
Lo que anoche anunciaron los diputados del PJ Manuel Baladrón, Omar Becerra, Carlos Alessandri y María del Carmen Alarcón, desde la sala de conferencias de la Casa de Gobierno, es la intención de redactar un decreto presidencial que pueda luego ser ratificado por el Congreso. Sin embargo, los radicales retornaron a sus despachos con la convicción de insistir con su posición de votar una ley que dé una solución a las ejecuciones hipotecarias y no a través de un decreto.
La comisión que comenzará a funcionar esta misma tarde estará integrada por diputados de los bloques que firmaron el último Pacto de Olivos, más representantes de los ministerios de Economía, Interior y Jefatura de Gabinete. Tanto radicales como peronistas le auguran poca vida y mucho menos efectividad a dicha comisión. La sensación entre los legisladores es que ante la falta de consenso, el Ejecutivo buscará dilatar el debate del conflictivo tema de los remates hipotecarios hasta más allá del 30 de noviembre. La fecha no es un capricho, ese día finalizan las sesiones ordinarias y comienza el período especial donde el Ejecutivo propone los temas a debatir y, como este proyecto tiene más resistencia que acuerdos, Duhalde recurría al decreto sin esperar que se lo ratifiquen los legisladores y así congraciarse con el FMI. La teoría no es descabellada.
El fracaso de la sesión de ayer estaba prácticamente definido el martes a la noche, cuando los justicialistas se reunieron en el bloque. El presidente de la bancada en retirada, Humberto Roggero, intentó con poco entusiasmo encontrar un equilibrio entre las posiciones de sus colegas de bancada. Los únicos que apoyaban el pacto firmado en Olivos eran los duhaldistas y lo defendían a capa y espada. En la vereda de enfrente se encolumnaron los seguidores de Adolfo Rodríguez Saá, algunos cordobeses y de provincias chicas. “Respetemos lo firmado”, gritó sin éxito el duhaldista Daniel Basile. “Ustedes llegaron al Congreso con la foto de Juan Perón y Evita en sus boletas. Ahora, para satisfacer al FMI no los traicionen. Hay que ayudar a la gente que se está por quedar sin sus casas”, le respondió el puntano Oraldo Britos. Roggero postergó el debate para ayer al mediodía con la intención de buscar acuerdos. Fue inútil. Ayer, a las doce, el duhaldista y presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, ya sabía que no habría sesión.
De todas formas, los diputados del PJ la emprendieron contra sus colegas del radicalismo, quienes estaban furiosos porque la sesión especial de la mañana había fracaso y donde pretendían debatir la suspensión de losremates. A última hora, el bloque del PJ emitió un duro comunicado donde acusó a la UCR de “borrar con el codo” lo “firmado 48 horas antes” y anticipó su negativa a tomar “actitudes demagógicas”, en referencia a un proyecto que favoreciera excesivamente a los deudores.
“Antes que debatir le cronograma electoral queremos solucionar el problema de las ejecuciones hipotecarias”, dijo el presidente del bloque radical, Horacio Pernasetti, a poco de caer la sesión matutina. Los radicales jugaban su carta de apriete con la esperanza de que el Ejecutivo se decidiera a apoyar la propuesta que le habían entregado el martes por la tarde al ministro Jorge Matzkin. El funcionario se llevó para la Rosada el borrador de un decreto de necesidad y urgencia y un proyecto de ley. El primero plantea la posibilidad de pagar con bonos las deudas de hasta 300.000 pesos con el sistema financiero, donde además se le impide a los bancos incorporar punitorios ni el CER desde el cinco de enero pasado. El proyecto de ley de mediación que entregaron plantea una modificación al Código de Procedimiento donde se le otorga a los jueces la posibilidad de citar a las partes en conflicto con la capacidad de acordar nuevos plazos y hasta montos distintos.”Esto otorga mayor protección a la gente que quiere pagar porque la propuesta del Gobierno de crear esas agencias que controlan los ministerios de Trabajo y Producción no es la mejor alternativa. Cuando éstas se pongan a funcionar la gente ya habrá perdido sus propiedades”, aseguró a este diario el radical Ricardo Vázquez.
La imposibilidad del gobierno central de conseguir el consenso necesario para cumplir con sus compromisos con el FMI es el caldo de cultivo perfecto para que los no duhaldistas busquen abrir más cuñas dentro de la bancada del PJ. Ayer, algunos menemistas sostenían que “si Duhalde acordara con todo el partido, no tendría tantos problemas para juntar quórum. Claro, eso no es gratis”. El costo sería, entonces, la fecha de las internas y de los comicios presidenciales. Este último tema también forma parte de la discusión en la UCR que no le gusta mucho la fecha del 27 de abril y mucho menos la forma en que se le aceptará la renuncia al ex intendente de Lomas de Zamora.