El dictador Jorge Rafael Videla y el resto de los acusados en la causa que se investiga el Plan Cóndor sumarán nuevos delitos a su prontuario. El juez federal Jorge Urso, que hasta ahora se ocupaba de las desapariciones cometidas por la alianza represiva del Cono Sur, agregará al expediente los casos de homicidios y torturas. Los primeros que se tratarán serán los asesinatos en Buenos Aires de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Videla está procesado en este expediente por formar parte de una asociación ilícita (el Plan Cóndor) y por 72 privaciones de libertad. En mayo del año pasado, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó esta medida, pero consideró que “se debe profundizar la pesquisa a los efectos de investigar la comisión de otros crímenes contra la humanidad como, por ejemplo, posibles homicidios, torturas o robo en relación con desaparición forzada de personas”. En base a este párrafo de la resolución de la Cámara, los abogados David Baigún y Alberto Pedroncini, acompañados de otros veinte colegas, solicitaron que Urso y el secretario Oscar Aguirre investiguen los asesinatos cometidos dentro del Plan Cóndor y sugirieron que comenzaran por el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, ya que en Uruguay se reabrió recientemente una causa por esos hechos. “La situación brinda la oportunidad de producir claros y concretos actos de cooperación entre los jueces de dos países en la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad”, aseguraron Pedroncini y Baigún.
Urso reclamó a la Justicia uruguaya y también a la italiana –en Roma hay una causa sobre Plan Cóndor– los antecedentes que existen sobre los asesinatos de los ex legisladores uruguayos. Gutiérrez Ruiz y Michelini fueron secuestrados en Buenos Aires el 18 de mayo de 1976. Sus cuerpos, con heridas de bala en la cabeza, fueron abandonado en el interior de un auto cuatro días después.
La revista uruguaya Brecha publicó que la muerte de Michelini y de Gutiérrez Ruiz se votó en una reunión en la que habrían participado el entonces presidente de ese país, Juan María Bordaberry, los ministros de Interior y Defensa, los tres comandantes en jefe y un coronel argentino. Esta revelación, más información novedosa sobre estos crímenes que se desprenden de los archivos que Estados Unidos desclasificó este año, hicieron que el juez uruguayo Roberto Timbal ordenara la reapertura de la causa judicial en ese país. El magistrado también pidió cooperación a la justicia argentina.
Entre otros asesinatos paradigmáticos del Plan Cóndor que Urso deberá investigar está el del ex presidente boliviano, Juan José Torre. El general fue secuestrado en Barrio Norte el 1 de junio de 1976 y al día siguiente su cuerpo fue abandonado en un descampado de San Andrés de Giles con tres balazos, los ojos vendados y las manos atadas.
La Sala II de la Cámara Federal porteña ya avaló la persecución de los asesinatos del Plan Cóndor. Fue al considerar imprescriptible, por tratarse de un crimen contra el derecho de gentes, el asesinato del general chileno Carlos Prats.
El juez Rodolfo Canicoba Corral, que estuvo a cargo de esta causa, pidió a Chile las detenciones del dictador Augusto Pinochet y del ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Manuel Contreras. A Brasil reclamó a Alfredo Stroessner, dictador del Paraguay que vive en ese país como asilado político. Canicoba Corral también solicitó a Bolivia la detención del fallecido dictador Hugo Banzer y a Uruguay las de los militares Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero; el ex policía Hugo Campos Hermida y el ex comandante en jefe del Ejército, Julio Vadora. Entre los argentinos, también figuran como imputados los represores Carlos Guillermo Suárez Mason y Eduardo Albano Harguindeguy, ministro del Interior durante la última dictadura.