El fiscal federal Federico Delgado reclamó ayer que se evalúe la posibilidad de rechazar “in limine” (léase sin tramitación) los planteos de los defensores de imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que tiendan a provocar “un retraso innecesario o malicioso” de esos expedientes. El representante del Ministerio Público Fiscal formuló el pedido al juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la causa en la que se investiga la existencia de un “plan sistemático” para la apropiación de bebés nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres, durante la última dictadura.

Al oponerse a un planteo de la defensa oficial del capitán retirado Jorge “Tigre” Acosta, que reclamaba la nulidad de la elevación del expediente a juicio oral, el fiscal sostuvo que el cuestionamiento “denota una clara actitud dilatoria con los fines del proceso”. Si bien reconoció que “no podemos afirmar la existencia de una conducta temeraria de la defensa”, oficial en el caso de Acosta, “cierto es que este proceso ha sido ya objeto de numerosas presentaciones de esta índole por parte de las defensas de los imputados”, por lo que efectuó el pedido “a efectos de prevenir un retraso innecesario o malicioso”. Por ese motivo le pidió a Oyarbide que “evalúe la posibilidad de, bien rechazar ‘in limine’ los planteos cuando éstos aparezcan improcedentes, bien no paralizar el trámite del expediente en caso de tramitarlos”.

La solicitud de Delgado apunta a que los jueces pongan fin a las estrategias de los abogados de los represores que, ante las dificultades para demostrar la inocencia de sus clientes, abarrotan los expedientes de escritos con el fin de eternizar los procesos, con la esperanza de que recuperen la libertad por superar los tres años de prisión preventiva sin condena o bien de que un huracán político ponga fin a los procesos. Uno de los mejores ejemplos es el de Alfredo Bisordi, el ex juez devenido en defensor del torturador Luis Patti, que saturó el juzgado federal de San Martín de escritos cuestionando las pruebas, la legitimidad de los querellantes, los informes de los antropólogos forenses, y hasta descalificando y amenazando al titular del juzgado.