El martes 6 de octubre, cuando cumpla sus dos primeras semanas en el centro penitenciario Picassent, en Valencia, el ex piloto naval Julio Alberto Poch deberá responder ante la Justicia de España si acepta o rechaza su extradición a la Argentina. La detención del oficial retirado de la Armada, que confesó su participación en “vuelos de la muerte” ante sus compañeros de la aerolínea comercial Transavia, fue solicitada por el juez federal Sergio Torres luego de una investigación judicial del fiscal holandés Ward Ferdinandusse, miembro del equipo de Crímenes Internacionales del Ministerio de Justicia del Reino de los Países Bajos.

La confesión de Poch tuvo lugar luego de que sus compañeros de Transavia calificaran de “régimen criminal” al último gobierno de facto, que tuvo entre sus funcionarios a Jorge Zorreguieta, papá de la mujer que se casó y tuvo hijos con el príncipe de Holanda. A diferencia de lo que ocurre en las líneas aéreas argentinas, donde no faltaron confesiones de ex pilotos y ex mecánicos militares, los holandeses no dudaron en recurrir a la Justicia. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó Geert Geroen Engelkes, ex jefe de Poch.

La semana pasada, en un comunicado interno, Transavia informó a sus empleados que conoció los rumores sobre la confesión de Poch en 2006. Según informó la prensa holandesa, cuando la empresa le pidió explicaciones, Poch negó su participación en los vuelos. La dirección de Transavia agregó que se sintió respaldada por una investigación protocolar del servicio de inteligencia holandés AIVD, que cada cinco años realiza un examen de seguridad a todos los pilotos. Poch aprobó el suyo en 2004.

El martes pasado, Poch invitó a su esposa y a su hijo mayor, que hizo de copiloto, a acompañarlo en su último vuelo antes de jubilarse: Amsterdam-Valencia. El ex marino de 57 años había comprado allí un departamento en Avenida de La Mota número 32, frente a la playa de Xeraco, que no llegó a habitar: fue detenido en el aeropuerto de Manises. El 6 de octubre declarará en Madrid ante Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional.

Poch es el primer detenido por arrojar personas vivas al mar durante la dictadura, método aplicado por las tres Fuerzas Armadas con el visto bueno de la jerarquía eclesiástica, según declaró en 1995 el capitán Adolfo Scilingo. Tanto oficiales como suboficiales y civiles, pilotos, mecánicos, invitados especiales y capellanes como Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, mencionados por Scilingo como partícipes y responsables de sedar la conciencia de los asesinos, permanecen libres en la Argentina. Página/12 informó hace tres semanas sobre otros dos victimarios confesos: el capitán Hermir Sisul Hess y el suboficial Rubén Ricardo Ormello, radicados en Bariloche y Mendoza respectivamente.