Carlos Menem lanzó la primera piedra, para instalar el debate y probar la reacción de la sociedad. El Gobierno primero calló, pero luego criticó, con ciertos matices, la propuesta de declarar el estado de sitio o cambiar la ley de Seguridad Interior. Con unas horas de diferencia, el secretario general de la Presidencia, José Pampuro, y el ministro del Interior, Jorge Matzkin, cuestionaron el proyecto. Eduardo Duhalde, en tanto, aprovechó la ocasión para distanciarse de su viejo enemigo, que había sugerido que los militares podrían actuar contra los “encapuchados armados con garrotes” (por los piqueteros). “Si alguien cree que con violencia puede resolver los problemas, yo le digo que podemos desatar un baño de sangre, podemos entrar a un estado de caos y de disolución nacional”, advirtió. Sin embargo, Duhalde no se distanció del todo de la solución “manu militari” que propulsa Menem. “No tendría ningún reparo si es legalmente”, contestó cuando le preguntaron si cambiaría la ley de Seguridad Interior.
Hace una semana, el riojano exteriorizó lo que venía preparando con sus asesores judiciales. El proyecto comenzó a consolidarse en diciembre de 2001, cuando se entrevistó con Ricardo Brinzoni en el Edificio Libertador. Recién había recuperado la libertad –luego de su estadía como preso en la quinta de Don Torcuato–, y quería recuperar la influencia que había perdido a medida que empeoraba su situación judicial. Para eso, se valió de la aspiración de un sector del Ejército, que quiere intervenir en seguridad interior con el argumento de que “cambió el conflicto”.
La plan cobró estado público en el acto de Costa Salguero, donde Menem lanzó su idea de sumar al Ejército en la represión de la delincuencia. El Gobierno sabía de los contactos entre menemistas y militares, pero se mantuvo en silencio hasta que el riojano, el jueves, insistió otra vez con su idea. Esta vez, asociando su propuesta de “pacificar” con una crítica a los piqueteros que “cortan las calles”. La crítica de Duhalde, en ese punto, se valió principalmente de su frase sobre los desocupados. “Toda invocación a la violencia debe ser desterrada en la Argentina”, dijo.
En su respuesta, el Presidente pudo desplegar todo su discurso a favor de la paz social. No casualmente, Duhalde llegó a la Rosada con invocaciones constantes a la disolución y el fantasma de la anarquía. Según él, los piqueteros son “el sector emergente y más vulnerable de la sociedad argentina”, y por eso advirtió que el futuro gobierno deberá emplear “paciencia y mucha templanza para seguir trabajando en lo que la sociedad le va a reclamar a quienes gobiernan”. Pero además de pronunciarse contra la violencia y la represión de la protesta, Duhalde opinó sobre la posibilidad de reformar la ley de Seguridad Interior, que impide que los militares intervengan en cuestiones internas.
En ese punto, a pesar de las advertencias previas y su “comprensión” hacia los piqueteros, la opinión de Duhalde no difiere en mucho de la de Menem. Ayer, ante una consulta de la prensa, el Presidente reconoció que no ve obstáculos en que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interna contra el delito común, “si es legalmente”. “Yo no tendría ningún reparo legal. Las Fuerzas Armadas son instituciones básicas de la sociedad y pese a los errores del pasado han expresado en forma contundente su arrepentimiento por lo sucedido”, afirmó. Y luego recordó que el justicialismo “ha tenido siempre relación con las Fuerzas Armadas, aun habiendo sido víctima de los golpes más cruentos, y es tendiente a que éstas tengan una participación en la política, inclusive interna. Pero lo que pasa es que la ley lo prohíbe”.
De todas formas, aunque dijo que no se opondría a que los militares intervengan contra el delito, Duhalde destacó que esa acción tendrá que tener sus límites. Asimismo, remarcó que, en caso de modificarse la ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas no deberían suplantar la labor policial. Mientras Duhalde se ocupaba del tema, dos ministros del gabinete salieron a exponer la posición del Gobierno. Por un lado, Matzkin, que rechazó la posibilidad de decretar el estado de sitio, una de las alternativas que propuso Menem: “El estado de sitio es una situaciónextrema y, particularmente, no observo que estén dadas las condiciones que requiere la Constitución”.
El otro funcionario que habló fue Pampuro, que cuestionó la iniciativa de Menem, y advirtió que esa medida implicaría “salir del marco constitucional”. Además, el secretario de la Presidencia y hombre de estrecha confianza de Duhalde, quiso zanjar la cuestión y aseguró que las mismas Fuerzas Armadas “no creen acertada” la oferta de Menem. Sin embargo, la crítica más dura provino del cordobés José Manuel de la Sota, que se distanció definitivamente de Menem. Lo llamó “fascista”, lo comparó con Augusto Pinochet y dijo que propone un “liberalismo económico salvaje combinado con fascismo en política”.
Mientras tanto, lejos de los micrófonos, en los núcleos del Gobierno atribuían la movida de Menem a sus deseos de crecer en las encuestas.
Según ese análisis, que circula entre los miembros del Ejecutivo, los dichos del riojano tienen un objetivo inmediato: aumentar su índice de intención de voto a costa del porcentaje que obtiene un candidato de perfil parecido, Ricardo López Murphy. “Hay que afanarse el 11 por ciento de López Murphy”, dicen que es el eslogan que circula entre los menemistas. Si llegara a lograr ese objetivo, Menem podría despegar de sus números actuales, que lo muestran por debajo de Adolfo Rodríguez Saá, Néstor Kirchner y Elisa Carrió.