Hoy será el día en que, finalmente, las partes del conflicto por despidos en Kraft Foods se vean frente a frente. Hasta ahora los funcionarios de los ministerios de Trabajo provincial y nacional se reunían con los delegados y con los empresarios por separado. El ministro Carlos Tomada comprometió a los directivos de Kraft a que acudan al encuentro de hoy, en la sede de Alem 630, con un nuevo listado de reincorporaciones, y les exigió, una vez más, que garanticen el cumplimiento de la ley de Asociaciones Sindicales permitiendo el ingreso a la planta de los delegados suspendidos. Los trabajadores de la fábrica de galletitas, golosinas y pastas, acompañados por organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos, se movilizarán al ministerio y a Plaza de Mayo. Ayer estuvieron frente a la UIA con centros de estudiantes y la FUBA y anunciaron la toma de varias facultades.

Los directivos de la multinacional norteamericana fueron citados ayer por el ministro Tomada con el objetivo de buscar avances para hoy. Según precisaron miembros de su equipo, les dijeron que “el pleno funcionamiento de las leyes no es para un solo lado”, en referencia al artículo 30 del decreto reglamentario de la ley de Asociaciones Sindicales, que establece que los representantes de los empleados está habilitados para ejercer sus funciones sindicales en su lugar de trabajo mientras dure su proceso de desafuero, como es el caso de varios miembros de la comisión interna de la ex Terrabusi. Las mismas fuentes aseguraron que el secretario general del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, solicitó que se “extremen medidas” para reincorporar a todos los delegados.

Los funcionarios de la cartera laboral también conversaron con los abogados de la comisión interna, del estudio Lipovetsky, quienes ayer presentaron ante la Justicia un recurso de amparo para que los delegados puedan ejercer sus funciones en la planta de Pacheco. Todo indica que la empresa, y según los delegados también el ministerio, apuesta a que el conflicto sea dirimido por la Justicia laboral bonaerense, cuando resuelva los desafueros iniciados por Kraft en cinco juzgados diferentes. “No podemos accionar judicialmente, pero les damos las herramientas”, repiten en Trabajo.

En tanto, la fábrica produce bajo tensión. Los inspectores del ministerio dicen que la policía se retiró de las líneas de producción, según afirman las fuentes de Trabajo. “Que se fueron de las líneas es cierto a medias, los compañeros dicen que andan recorriendo la fábrica, que no pueden hablar más de tres porque los separan y los jefes les dicen que si no van a la lista de los suspendidos”, aseguró el delegado despedido Oscar Coria. Página/12 le preguntó cuál es el grado de adhesión de los que están trabajando con el conflicto que se desarrolla afuera de la planta. “Si los delegados hubieran perdido apoyo, como dicen, ¿por qué no los dejan entrar, si total nadie los va a seguir? Que nos permitan entrar y hacer una asamblea, sin gerentes ni policías, y vamos a ver si no logramos una asamblea democrática como la que paró la planta casi 40 días”, respondió.

Desde el ministerio reiteraron que reconocen como interlocutores a los cinco miembros de la comisión interna suspendidos luego del desalojo. Pero no mencionan a los miembros del cuerpo de delegados, que son la mayoría de los despedidos al inicio del conflicto. Cuando se les pregunta por ellos apuntan que “la reincorporación que se le pide a la empresa los incluye”.