Un sumario policial, testimonios comprometedores y una lista de llamados sospechosos. Todas las pruebas recolectadas en el juzgado de Norberto Oyarbide alimentan la presunción de que el comisario retirado Jorge “Fino” Palacios estuvo detrás de las pinchaduras telefónicas ilegales a Sergio Burstein, integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA, y al empresario Carlos Avila. A esto se agregó ahora un dato impactante: según fuentes policiales, el espía, policía y abogado Ciro James, protagonista de las escuchas, habría estado trabajando en el edificio de la Policía Metropolitana al menos desde julio. Es más, los diputados porteños Aníbal Ibarra y Eduardo Epsteyn, con datos propios, ratificaron ayer que James tenía una oficina y concurría diariamente a la Metropolitana. Ibarra y Epsteyn se comprometen a aportar pruebas contundentes sobre esa afirmación y sostienen que se estaba armando un área de Inteligencia de la policía porteña, y en eso trabajaba James. Con esos datos, “El Fino”, ex jefe de la Policía Metropolitana, tiene altísimas chances de ser citado a indagatoria, según dicen cerca del magistrado. Hasta ahora el principal imputado es James, quien años atrás compartió andanzas con El Fino en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal e iba a ser nombrado en la nueva fuerza porteña. En el expediente ya está probado que retiraba casettes con las escuchas de una dependencia de la SIDE y sería procesado esta semana. Al igual que James, están detenidos otros tres policías. Los investigadores intentan establecer la magnitud y los alcances del espionaje.

Hasta el momento, James aparecía oficialmente como una persona que iba a ser incorporada en la Policía Metropolitana y que tenía un contrato inexplicado –nadie sabe qué hacía realmente– en el Ministerio de Educación porteño. Pero ahora, según un aporte hecho por fuentes policiales, se agregaría el hecho de que el policía-abogado-espía concurría casi todos los días a la oficina de la Metropolitana, es decir que ya trabajaba allí. Ibarra y Epsteyn afirman que se contrató no sólo a James sino a otros ex policías de la Federal que provenían del área de Inteligencia y que las escuchas ya fueron parte de su trabajo. Incluso le adjudican la responsabilidad al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y al propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri. En cualquier caso, la existencia de una labor cotidiana de James en la Metropolitana será materia de análisis de Oyarbide esta misma semana.

La llave que puso al descubierto esta historia fue un llamado que Burstein recibió el mes pasado en su casa. “Tenés el teléfono pinchado por orden del Fino Palacios”, le dijeron a su hija cuando atendió. Burstein hizo la denuncia y en tribunales se llevaron una sorpresa: efectivamente alguien lo estaba escuchando. Mucho peor que eso, su teléfono había sido intervenido por decisión del juzgado 1º de Posadas en una causa por el homicidio de un contador. El dirigente de Familiares de las Víctimas de AMIA no pisa Misiones desde hace 20 años. Cuando Oyarbide se comunicó con el juzgado misionero, la intervención cesó de inmediato. “Debe haber un error”, le dijeron tras advertir a quién habían estado espiando. Lo que dejó en claro que no había ninguna investigación seria en marcha ni mucho menos.

La pinchadura, le dijeron desde Misiones a Oyarbide, se había originado con información aportada de Buenos Aires que vinculaba a Burstein con un prófugo del asesinato ocurrido en 2005. Era una pista falsa y la había dado Ciro James, viejo conocido de la policía de esa provincia desde los tiempos en que trabajaba con El Fino Palacios en la Superintendencia de Investigaciones de la Federal. James no sólo había proporcionado el dato trucho sino que según le confirmó la SIDE a Oyarbide, había retirado de una de sus oficinas las 400 horas de escuchas que se llegaron a realizar. En ese momento, sin embargo, estaba de licencia en la Federal a la espera de que le dieran la baja porque su futuro estaba en otra parte: iba a ser nombrado en la Policía Metropolitana, por entonces todavía a cargo de Palacios. Para mayor asombro, los investigadores corroboraron que llevaba más de un año trabajando en el gobierno porteño, como asesor legal en el Ministerio de Educación, dentro de la llamada “área ministro”.

Todos los caminos

En pocos días el rompecabezas se empezó a armar con una fluidez inesperada frente a los ojos del juez Oyarbide. La pesquisa tuvo como punto de partida un elemento más que sugestivo: las escuchas ilegales se practicaron cuando crecían los rumores de que Palacios sería procesado por el encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, una medida promovida por el fiscal Alberto Nisman y finalmente concretada por el juez Ariel Lijo. Burstein no es cualquier familiar de AMIA. Fue uno de los principales impulsores del desplazamiento del Fino de la Metroplitana, un reclamo que hizo como orador en el acto del último aniversario del atentado terrorista. Una de las hipótesis es que el objetivo de la escucha era conocer detalles de la situación procesal de Palacios y/o recusar a Nisman. El teléfono que le pincharon era uno que usaba para comunicarse con otros familiares, con los abogados y con el fiscal. Palacios se fue de la policía porteña a fines de agosto.

- Una sucesión de indicios, informes y testimonios acumulados en dos semanas por el juzgado porteño alimentan la teoría de que James es casi sinónimo de Palacios. Pero también sugieren que servía a múltiples intereses.

En un sumario iniciado por la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal varios policías, incluso algún ex jefe de James, contaron que se jactaba de su relación con Palacios. “Mirá, mirá, me está llamando el Fino”, aseguraron que solía decir al exhibir la pantalla de su celular.

- James, cuentan funcionarios de la causa, habría iniciado su carrera cerca del ex secretario de Seguridad Interior, Andrés Antonietti, en la llamada “super secretaría”, tras el atentado a la AMIA. A la Federal ingresó en 2003. En especial a partir de 2004 y este año inclusive hizo múltiples viajes a Misiones y tuvo más de veinte entradas y salidas por la Triple Frontera según un reporte de Migraciones que está en poder del juzgado. En esa zona, Palacios montó una dependencia de la Unidad Antiterrorista. El propio James, en su indagatoria, dijo que El Fino era quien estaba arreglando su ingreso a la policía porteña.

- El actual jefe de la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, contó al dar su testimonio ante el juez que el nombramiento de James en la Metropolitana fue producto de una gestión personal de Palacios, quien los presentó. El jefe policial dijo que estaba todo preparado para que la designación se concretara el 1º de octubre, aunque antes de eso James debía renunciar al Ministerio de Educación porque eran funciones incompatibles. Dijo que le darían rango de inspector, pero no trabajaría en tareas de inteligencia sino en relación con las fiscalías contravencionales. A pesar de que el gobierno porteño intentó mostrar el trámite de ingreso de James a la policía como uno más de cientos, Chamorro dejó en claro que sabían perfectamente quién era.

- El jueves pasado declaró el último jefe de James en la Federal, el comisario inspector Jorge Walter Carrano, del departamento de Delitos contra la Propiedad, y contó que el espía le había asegurado que ingresaría a la Metropolitana con un cargo altísimo y cobraría un sueldo muy superior al que tenía hasta entonces, lo que demostraría la confianza que le tenía Palacios. El legislador porteño Aníbal Ibarra se presentó en el expediente y dijo que, a través de funcionarios porteños, se había enterado de que tendría rango de director general.

- Tres funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad, el titular de la cartera –Mariano Narodowski incluido– admitieron que James tenía un contrato de locación de servicios con esa repartición, pero ninguno supo, pudo o quiso precisar cuál era su actividad concreta allí. La jefa de gabinete Roxana Barroso, a quien James reportaba, dijo una explicación sumamente vaga sobre sus supuestas tareas. Dijo que asesoraba en cuestiones de licencias y ausentismos aunque sus recomendaciones nunca eran dadas por escrito, sino “informalmente”. Es decir, no hay rastros de la actividad de James en el Gobierno, una situación muy dudosa. Sólo hay dos contratos por escrito que aparecieron en un allanamiento en su casa. Uno, del año pasado, era por 72 mil pesos, mientras que el de 2009 rondaba los 60 mil.

- En el domicilio de James, además, la policía y el personal del juzgado encontraron varios equipos para hacer espionaje costosísimos, de última generación. Entre ellos había una valija para escuchas, un analizador de llamadas y un aparato para captar imágenes a distancia. El espía, durante su interrogatorio, dijo que era material didáctico para clases que dictaba en la Policía, una versión que sonó completamente inverosímil en el juzgado.

- Oyarbide recibió sobre el final de la semana unos listados preliminares con los números de teléfono con los que se comunicaba James con asiduidad. Según pudo saber este diario por allegados al expediente, los entrecruzamientos podrían comprometer al Fino. La propiedad de algunas líneas está en plena verificación. La documentación podría echar luz sobre una nómina de presuntos clientes con los que se comunicaba el espía. En tribunales rastrean varias sociedades a su nombre y analizan su patrimonio, que al parecer no se correspondería con los ingresos de un simple policía y docente de derecho penal. Están en estudio los movimientos de cuatro cuentas bancarias a su nombre.

Lo que vendrá

Por lo pronto, en el expediente trucho de Misiones también aparecieron escuchas ilegales al empresario Carlos Avila, que habría tenido el teléfono intervenido por lo menos desde marzo último. Por ahora, estas escuchas se cree que estaban ligadas a la crisis entre la AFA y su vieja empresa Torneos y Competencias, lo que llevó a Avila a convertirse en hombre de consulta de la Casa Rosada para la implementación de las transmisiones abiertas del fútbol. Oyarbide está rastreando a quién pertenecen todas las líneas telefónicas que fueron intervenidas en esa misma causa. También están en la mira los jueces que firmaron las órdenes de escucha Horacio Gallardo y José Luis Rey, a quienes se vincula con el ex gobernador Ramón Puerta. De los tres policías misioneros que facilitaron las pinchaduras, dos responsabilizaron a James. El comisario general Rubén Quintana, un alto jefe de la policía provincial, se negó a declarar.

Entre esta semana y la próxima él podría firmar los primeros procesamientos. Por ahora los delitos investigados son infracción a la ley de inteligencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. La próxima tanda de medidas importantes podría incluir la indagatoria del Fino Palacios. Y en tribunales todo el mundo dice que esta causa puede deparar “grandes sorpresas”.