Si algo han puesto en evidencia las más importantes iniciativas del gobierno de Cristina Fernández es que la transformación social –la acción política trascendente– sin conflictos es una mera ilusión que tiene origen en trabajos de académicos ingenuos u orgánicos, contradictorios con las ricas tradiciones sociológicas marxista y weberiana y con la experiencia histórica, pero que hoy es ampliamente compartida para regocijo de los defensores del orden vigente, sean amos o sus servidores de turno.

Esta concepción no conflictiva de la política, cuya consecuencia más evidente es un generalizado estado de despolitización social, produce hallazgos tales como que el núcleo del nombre y de la identidad “política” de uno de los partidos recientemente creado sea “Consenso” –adjetivado con Federal—, o que otro reduzca su propuesta “política” a un “contrato moral”, y que estas pseudoopciones políticas hayan tenido un considerable respaldo en las urnas.

Lo preocupante es que tal forma de entender la política inflige daños importantes, no a un gobierno sino al proceso de democratización. Lejos de contribuir a una “democratización de la democracia”, es la causa de muchos de los problemas que enfrentan nuestras instituciones, a las que, en lugar de pedirles y esperar que armonicen intereses y valores en conflicto, habría que pedirles que contribuyeran al establecimiento de una esfera pública en la que confronten diferentes proyectos políticos, condición sine qua non para la consolidación de una democracia plural.

En la actualidad se reclaman con frecuencia “diálogo” y “debate”, pero, ¿cuál es el significado de estas palabras si se invocan sin que haya opciones reales y, en consecuencia, sin que se pueda elegir entre alternativas claramente diferenciadas?, ¿a qué consenso se puede arribar cuando se oculta el conflicto? Más aún, cuando lo político se expresa en clave moral, las contradicciones quedan planteadas en términos morales, no políticos, en lugar de oposiciones entre “izquierda y derecha”, quedan formuladas entre “el bien y el mal”.

Esto implica desconocer aspectos fundamentales de la política en democracia. Lo característico de la democracia no es negar el conflicto sino darle cauces pacíficos de solución, que es lo que obstaculizan consensualistas y moralizadores. Los unos, porque las cuestiones políticas no son meros asuntos técnicos destinados a ser resueltos por expertos, por eso una de las características básicas del régimen democrático es la libre elección del ciudadano entre consenso y disenso, es decir, entre mayoría y minorías; por lo tanto, para que los ciudadanos sean libres de consentir o disentir es necesario que ni el consenso ni el disenso sean impedidos, es más, que ambos sean protegidos. Los otros, no sólo porque ocultan los verdaderos problemas, sino también porque encontrar salidas pacíficas es difícil cuando el conflicto se plantea entre valores morales, dado que éstos suelen ser innegociables y entonces se termina por convertir al adversario en enemigo.

Así, el discurso del consenso y la moralización de la política con sus formidables respaldos mediáticos se ha convertido en una eficaz estrategia del poder real. La derecha no da ni va a dar un debate franco sobre los problemas estructurales del país porque corre el grave riesgo de que se visualicen los intereses que defiende; difícil le resultaría mantener presencia electoral y mucho más conformar mayorías. No hay coartada más eficaz para bloquear la democratización que limitar el debate público proponiendo “consenso” o rasgándose las vestiduras por una corrupción de la que en general ha sido y es parte: ya se impusieron, a partir de 1975 con sangre y con hambre pero siempre en nombre de los más altos valores, los cambios que los sectores dominantes querían; si aparece un gobierno que pone en peligro ese andamiaje, hay que destruirlo.

Asimismo, la despolitización, que paradójicamente lejos de ser espontánea es producto de un activo trabajo militante de las corporaciones más poderosas, explica en buena medida no sólo la legitimación de decisiones fuertemente antipopulares sino también el ascenso público de oportunistas sin historia –lo mismo da que sean “moderados” o “temperamentales”— que se convierten en ejecutores o promotores –no los únicos– de esas decisiones y discursos, con altos costos para las instituciones que dicen defender porque terminan instituyendo una verdadera ficción democrática

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que aprobó el Congreso, así como la discusión sobre otros asuntos de relevancia, como una nueva ley de entidades financieras, son claves en relación con la disputa de fondo cuyo centro de gravedad es el modo de acumulación del capital que se impondrá en nuestro país, debería contribuir a fortalecer las instituciones democráticas y no a deteriorarlas.

* Presidente del ENRE, fue uno de los redactores del documento de fundación de la Concertación Plural por parte de Julio Cobos.