Hugo Yasky, secretario general de la CTA

“Quieren demonizarlos”

Por Laura Vales

“¿Le parece que Elisa Carrió, Gerardo Morales o María Eugenia Esten-ssoro creen de verdad que hay piqueteros armados?” La respuesta llega instantánea: “¡Nooo..! ¡Todos saben que no es cierto!”, dice del otro lado del teléfono Hugo Yasky. El titular de la Central de Trabajadores Argentinos habló con Página/12 desde Jujuy, donde viajó para respaldar a la Organización Barrial Tupac Amaru. Frente al edificio de la Legislatura provincial, contó el dirigente, movimientos sociales y gremios hicieron un acto con la organización de desocupados de Milagro Sala.

–¿Qué opina entonces de las acusaciones?

–Es obvio que son de una falsedad absoluta. Pero aparte de esto, es el discurso típico de los sectores que expresan un pensamiento ultraconservador, es lo mismo que vemos que ocurre en Bolivia, en Ecuador y Honduras... Estoy convencido de que no creen semejante cosa. Hablar de milicias, como hicieron en relación a Jujuy, ninguno de ellos cree que esto sea cierto.

–¿Para qué cree que lo dicen?

–Para instalar un clima de vértigo en los sectores de clase media. Buscan demonizar a las organizaciones y abrirle el paso a lo que viene después, que es el pedido de mayor mano dura. Están planteando que el gran problema de la Argentina es la inseguridad, y ahora lo trasladan incluso a las organizaciones sociales.

–La Tupac Amaru integra la CTA...

–La Tupac es una organización reconocida fuera de la Argentina como una de las más desarrolladas organizativamente. Ha construido dos escuelas, cuatro fábricas, un barrio de 3800 viviendas, el primer centro de salud de los movimientos populares que cuenta con un tomógrafo. Es una infamia decir que en la Tupac Amaru hacen prácticas de tiro y toda la literatura de ciencia ficción que se estuvo vendiendo en estos días: sobre eso nosotros vamos a tomar acciones legales para no dejar impune semejante aberración.

–Otra de las acusaciones dice “son organizaciones financiadas por el Gobierno”, refiriéndose a los fondos que reciben, por ejemplo, para construir viviendas.

–En realidad, cuando el Estado subsidia a los grupos empresarios no hacen cuestionamientos, y la relación de lo que reciben los grupos económicos versus los movimientos sociales es de 3 a 1. Lo que este discurso conlleva es un ataque al concepto de la asignación de recursos del Estado con fines distributivos. Es decir, en el fondo, es la misma crítica que hacen en Venezuela los sectores de la burguesía, la misma crítica que le hacen en Bolivia a Evo Morales y en Ecuador a Rafael Correa. Pero lo que sucede en la realidad es lo contrario, porque el clientelismo existe en la medida en que las organizaciones sociales no se desarrollan. Si las organizaciones crecen, con conciencia y autonomía, con contenido político que les den un marco a sus prácticas, el clientelismo desaparece.

–¿Cuál cree que deber ser la respuesta de los movimientos cuando aparece este tipo de acusaciones que los señalan como violentos?

–Fundamentalmente, tratar de no quedar aislados, contrarrestar estos intentos de demonizarlos. Mostrar la burda asimetría en las reacciones, porque ellos (por Carrió y Morales) se mostraron embargados por una emoción republicana cuando la clase alta rural, la Mesa de Enlace y compañía, hicieron cortes y propiciaron el desabastecimiento; eso les provocaba emoción y para ellos era como un canto a la libertad. Y ahora tratan a los movimientos sociales con un desprecio y un contenido de clase... con odio de clase, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es confrontarlos con la verdad.

–¿Cómo fue el acto frente a la Legislatura?

–Muy masivo, participaron jóvenes, gran cantidad de familias, que son las que forman este conglomerado de organizaciones de la Tupac. Hubo apoyo y solidaridad de distintos sectores, del arco de la CTA; hubo también muchos estudiantes. Para mí, la mejor respuesta es ratificar que nuestra voluntad es seguir construyendo movilización. Que hayan venido tantos jóvenes y estudiantes al acto es bueno, porque habla de que no va a ser fácil para ellos armar ese especie de guetto social en el que quieren meter al sector más castigado de la sociedad.

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María Eugenia Estenssoro, senadora de la CC

“Hay grupos armados”

Por Sebastian Abrevaya

“Durante el conflicto con el campo no hubo información de grupos armados vinculados con el narcotráfico que se dedicaran sistemáticamente a intimidar a la gente”, asegura la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, diferenciando los escraches de los ruralistas del que la organización Libertad realizó el viernes pasado en Jujuy contra el titular de la UCR, Gerardo Morales. En la sesión del Senado de ayer, Estenssoro fue una de las más críticas con la organización barrial Tupac Amaru y su líder Milagro Sala, a quienes responsabilizó del escrache y calificó como “un grupo paraestatal”. En diálogo con Página/12, la senadora exigió que el Gobierno investigue y dé cuenta de lo sucedido “porque la Argentina ya vivió momentos de violencia y eso nos llevó a lugares a los que no queremos volver”.

–¿Qué análisis hace del escrache a Morales?

–Me parece muy grave que el presidente del mayor partido de oposición no pueda dar una conferencia en su provincia porque un grupo de aparentes militantes de organizaciones sociales se lo impide con actos de violencia física y verbal. Está muy bien que todos los bloques del Senado presenten declaraciones de repudio y es muy importante que la UCR haya presentado un pedido de informes sobre la organización Tupac Amaru, que recibió 120 millones de pesos en el año 2008. No sé si la municipalidad de Jujuy alcanzará ese presupuesto.

–La agrupación Tupac Amaru asegura que construyó miles de viviendas con ese dinero...

–Según explicó Morales, no hay una rendición de cuentas claras, cuando funcionarios de la provincia o del municipio han querido ir a ver el estado de las casas que se construyen dicen que sacan a la gente a las patadas, que la intimidación es constante. Jujuy es una provincia en la que hay miedo por estos grupos que están armados. Es muy importante que el Gobierno aclare esto porque, venga del grupo que venga, la violencia siempre es repudiable. Pero cuando la violencia es ejercida por el Estado es mucho más grave porque deja indefensa a la sociedad. Y si el grupo que recurre a la violencia es financiado y promovido por el Estado, es un grupo paraestatal, que también es muy peligroso.

–El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, repudió el hecho, dijo que era un “bochorno” y que no compartía ese método.

–Esto se tiene que aclarar porque la Argentina ya vivió momentos de violencia y eso nos llevó a lugares a los que no queremos volver. El Estado no puede estar financiando grupos que tienen estas acusaciones. Eso no es una organización social, yo trabajo mucho con organizaciones sociales y no intimidan, no son violentas.

–Tupac Amaru dice que el Gobierno no le entrega el dinero, sino que a través del Ministerio de Planificación se gira a la provincia, ésta al municipio y después a la cooperativa de desocupados.

–Los fondos vienen del gobierno nacional. Recibe esa cantidad de dinero porque hay una relación muy estrecha con el Gobierno. Además parece que ahora ya está en otras provincias. En Jujuy, además de que muchos de sus dirigentes van armados, no digo todos, también tendrían vinculaciones con el narcotráfico. Por eso las políticas tienen que ser universales, no puede ser que un grupo afín a un gobierno reciba 120 millones y otras organizaciones no porque no van a los actos. No quiere sacar a los pobres de la dependencia sino que necesita pobres dependientes.

–¿Por qué durante el conflicto con las entidades del agro los ruralistas escracharon a varios dirigentes kirchneristas y no tuvieron la misma condena?

–Hemos hecho desagravios en el Senado cuando ocurrió ese tipo de agresiones pero primero no hubo información de grupos armados vinculados al narcotráfico que se dedicaran sistemáticamente a intimidar a la gente. Pero además el Estado tiene que investigar porque la violencia del Estado es muy diferente a la de ciudadanos independientes que si hacen algo que no corresponde las autoridades tienen que sancionarlos.

–Desde las agrupaciones consideran que hay un intento por desprestigiar la organización de los sectores más humildes porque afecta intereses económicos y políticos.

–En el país está lleno de organizaciones y fundaciones que hacen este tipo de cooperativas, que trabajan por el bien común. Mientras sean actividades lícitas, me parece muy bien, pero acá hay que investigar porque todo el mundo vio lo que hicieron. Dirigentes de esa organización están siendo procesados y han sido filmados. Deberán responder ante la Justicia.