El macrismo se consiguió un quinto fallo judicial que ordena detener el procedimiento de designación de Daniela Bruna Ugolini, la candidata de Mauricio Macri para el Tribunal Superior de Justicia, y enviar el pliego de vuelta al Ejecutivo. Pero no importa: el bloque PRO confirmó que seguirá adelante como si nada hubiese pasado. Cuatro legisladores macristas ya fueron denunciados penalmente y ahora se les sumará una multa de 500 pesos por día. El director de la Junta de Etica de la Legislatura reconoció ante la Justicia que el proceso se inició en forma irregular.

Ugolini fue impugnada y cuestionada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos por sus fallos a favor del gobierno porteño y en contra de derechos sociales, de vivienda, educación, entre otros. Los jueces Guillermo Scheibler, Roberto Andrés Gallardo y Helena Liberatori hicieron lugar a tres medidas cautelares que ordenaban detener el procedimiento por falta de datos en la declaración jurada de Ugolini y porque Macri convocó al procedimiento antes de los tiempos estipulados. El PRO decidió no obedecer los fallos e inició el trámite en la Junta de Etica de la Legislatura. El Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad denunció que el trámite fue irregular: cuatro legisladores macristas firmaron a favor de iniciar el procedimiento, pero en el acta incluyeron a los opositores que se abstuvieron para alcanzar el número necesario.

Como informó Página/12, esta semana Gallardo hizo lugar a un cuarto pedido de medida cautelar, esta vez para detener el procedimiento que los legisladores iniciaron contra las órdenes de la Justicia. Además, el juez Guillermo Treacy –a quien Gallardo subrogaba en su primer fallo– denunció penalmente a los cuatro legisladores de PRO por desobediencia: son Oscar Zago, Cristian Ritondo, Carlos Araujo y Victoria Morales Gorleri. Gallardo ordenó, además, que se convocara para dar explicaciones al director de la Junta de Etica, Hugo López Tanco.

López Tanco se presentó a declarar ayer ante la jueza Patricia López Vergara, a quien Gallardo subrogaba en su segundo fallo. El director señaló allí que las sesiones de la Junta se regulan con el mismo principio de quórum y mayorías que en las sesiones de la Legislatura e indicó que cuando los legisladores se abstienen, simplemente, no firman una determinada acta. Nunca firman aclarando que se abstienen. López Tanco informó que para que un proyecto se apruebe, debe contar con las firmas de seis de los once miembros de la Junta. Luego admitió que en el caso del pliego de Ugolini se incorporaron los nombres de los cuatro que se abstuvieron y los dos votos en contra. Finalmente, López Tanco terminó por reconocer que no existían anteriormente resoluciones en las que se incluyan los votos en contra o las abstenciones.

“El proceso continúa, hasta ahora”, sentenció Zago, que todavía debe tratar las impugnaciones. El macrista Martín Borrelli, en tanto, solicitó al vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, que inicie una demanda por conflicto de poderes ante el Poder Judicial, en la que sostuvo que los fallos son “una indudable violación a la separación de poderes”.

Por su parte, la jueza Liberatori notificó ayer a los legisladores de un quinto fallo, en el que indicó que “es llamativo el desenfadado desconocimiento del orden jurídico que exhibe” la Procuración porteña, que tiene “una actitud rayana en lo displicente por el cumplimiento de normas constitucionales”. “Se pretende evidentemente llevar adelante ‘a como dé lugar’ el procedimiento”, advirtió Liberatori. Su Señoría les ordenó que envíen el pliego nuevamente al Poder Ejecutivo en dos días. De lo contrario, los cuatro legisladores que votaron a favor deberán pagar de su bolsillo 500 pesos por cada día que no cumplan la sentencia.