Las explicaciones que se escucharon ayer en la Legislatura porteña motivaron todo tipo de chanzas, ironías y juegos de palabras. Acaso el humor haya sido una forma de hacer catarsis o de expresar la incredulidad con que la mayor parte de los bloques legislativos –salvo, por supuesto, el PRO– escuchó los descargos de los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Educación, Mariano Narodowski. Para explicar cómo pudo ser posible que el abogado Ciro James fuera descubierto por la Justicia pinchando teléfonos de particulares, los dos ministros no se ahorraron definiciones rimbombantes. Abogado que inició su carrera profesional en la contaduría del Ejército, con un paso por la seguridad privada en la consultora Lyons, luego ingresante en la Policía Federal, James tenía un contrato de locación de servicios en la cartera educativa porteña por 6500 pesos. El principal argumento que dieron Montenegro y Narodowski para explicar su ingreso al gobierno porteño fue que James era un infiltrado que la Policía Federal había sembrado en la administración de Macri para complicar la puesta en marcha de la Policía Metropolitana. “Yo pedí un abogado y me trajeron un policía federal”, se excusó Narodowski. “Me hace acordar de una frase del Bambino Veira: yo pedí un cuatro y me trajeron un pomelo”, ironizó ante Página/12 uno de los asistentes al plenario.

La visita de Montenegro y Narodowski fue organizada por las comisiones de Seguridad y Justicia de manera conjunta. Los dos visitantes se sentaron bajo un gran bajorrelieve de San Martín. Los flanqueaban los titulares de Seguridad, Justicia y Educación en la Legislatura, los legisladores Silvia La Ruffa (Identidad Porteña), Martín Borrelli (PRO) y Enrique Olivera (Coalición Cívica). Un poco más lejos se hallaba Oscar Moscariello, jefe del bloque macrista. El plenario comenzó a las 16.45 y enseguida quedó claro cuál iba a ser el eje de las exposiciones de los dos ministros. Como ya habían hecho en la conferencia de prensa que encabezó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, Montenegro y Narodowski insistieron con la hipótesis de que James había sido infiltrado en la administración macrista por decisión del gobierno nacional. “James es un agente encubierto de la Policía Federal. No sabíamos que era agente de la Policía Federal”, repitió Montenegro a poco de empezar su exposición.

El informe de ambos ministros adjudicó a la Casa Rosada un supuesto plan para entorpecer la puesta en marcha de la Metropolitana. Según ese criterio, uno de los recursos habría sido la incorporación del abogado James –agente de la Federal– en el Ministerio de Educación. Narodowski insistió con que desconocía su condición de policía, a pesar de que James había trabajado en la División Robos y Hurtos, una estructura que dependía orgánicamente de la Superintendencia de Investigaciones a cargo del ex comisario Jorge “Fino” Palacios.

“James realizaba tareas de asesoramiento respecto de dictámenes jurídicos. Tenía acceso al edificio del ministerio y era persona conocida allí”, aseguró Narodowski. “Fuimos notando una constante oposición a cualquier iniciativa del gobierno de la ciudad para intentar compartir el problema de la seguridad”, se quejó Montenegro. Ex juez, Montenegro intentó mostrarse en control de la situación incluyendo ironías ante ciertas preguntas. Lo logró en parte, y salió más airoso que su par de Educación.

Lo mejor llegó cuando empezaron las preguntas. “Esta crisis institucional tiene una dimensión más grande que una jornada”, advirtió enseguida Sergio Abrevaya, legislador por la Coalición Cívica. Abrevaya planteó dos hipótesis: que la incorporación de James a la estructura del gobierno porteño hubiera sido producto de la “ingenuidad” o, por el contrario, que la intención hubiera sido “armar una central de inteligencia” desde el gobierno porteño. La sucesión de preguntas y respuestas fue haciendo más creíble esta segunda opción.

Montenegro contestó a esta acusación. “No hay ninguna área destinada a hacer inteligencia interna, sí a investigar junto con los fiscales”, dijo.

Entonces llegó el turno de la primera respuesta de Narodowski. Y su explicación de por qué había decidido contratar a James como abogado de la cartera educativa porteña hizo sonreír a algunos legisladores. “En el currículum de Ciro James consta de su participación en varias actividades académicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Es ayudante de cátedra de Derecho Penal”, dijo el ministro. Pero también le habían preguntado quién había recomendado a James para recibir un contrato de 6500 pesos. Como respuesta, eligió las vaguedades. “El currículum debe haber aparecido porque en el ministerio trabaja gente de la Universidad de La Matanza”, fue su respuesta. No precisó quiénes eran esas personas.

A juzgar por la reacción de sus adversarios, las preguntas más incómodas partieron de Aníbal Ibarra. El legislador de Diálogo por Buenos Aires aseguró que la hipótesis de que James era un infiltrado enviado por el gobierno nacional “chocaba con las pruebas judiciales, con la causa”. Entonces enumeró varios puntos que no fueron desmentidos.

Dijo que el gobierno macrista no había explicado qué funciones cumplió James en los dos años que lleva designado; contó que en el expediente de James no figuraba la documentación de la Anses porque en su historia laboral aparecería su vinculación con una empresa de seguridad privada vinculada con Palacios; relató que se habían detectado 167 llamados de James a Palacios, 50 llamados de Palacios a James, ocho llamados al nuevo jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, y 49 con Roberto Ontiveros. Y todos esos llamados se habían producido en apenas tres meses.

La respuesta que intentó dar Montenegro fue determinar si esos llamados habían sido comunicaciones de celular o “clicks” de handies de tipo Nextel. En la misma línea que Ibarra, Gabriela Cerruti (Nueva Democracia) sostuvo que los ministros estaban “mintiendo” y que lo que estaban haciendo era montar todo un “operativo de encubrimiento para que la investigación no llegue adonde tiene que llegar”. Cerruti insistió con que Andrés Ibarra, actual subsecretario de Educación, era quien había pedido que James fuera contratado en el gobierno porteño. “Estamos ante un tema de gravedad institucional, porque se montó un aparato de inteligencia desde el gobierno de la ciudad”, advirtió Cerruti.