Los movimientos sociales fueron surgiendo en los espacios que los partidos políticos no podían ocupar, a veces por su especificidad, a veces por incapacidad. Por una u otra razón, la llegada de los movimientos sociales al escenario de la política fue un aporte enriquecedor. Así fue con los organismos de derechos humanos, con las radios comunitarias o las fábricas recuperadas, con los movimientos de género o con los piqueteros.

Así como los movimientos de derechos humanos prendieron una luz civilizatoria donde la civilización había descendido al infierno, los movimientos piqueteros brillaron también con esa luz, pero en aquellos territorios donde las instituciones de la civilización se habían retirado. Ambos aportaron el pulso de la condición humana, el rechazo a deshumanizarse, incluso cuando la mayoría de la sociedad había decretado ese camino, el de “por algo habrá sido” o “somos derechos y humanos” de los ’70 o del éxito individual y el egoísmo de los ’90.

La legitimidad de esos movimientos ya está escrita en sus historias y orígenes y los diferencia de los sellos de montaje oportunista o de los grupúsculos de laboratorio. Son agrupaciones que se manejan en un tema específico con el que entretejen y generan políticas. Su llegada al campo de la política fue recibida con aplausos, que en realidad ocultaban sorpresa y desconcierto. En función de sus temas, los movimientos intervinieron necesariamente en política, no como partido político, pero sí en la disputa por espacios y reivindicaciones. Entonces los aplausos se parcializaron: sólo aplaudían los que estaban de acuerdo con ellos y el desconcierto se fue transformando en inquietud.

Con el proceso de polarización cada vez más acentuado, los movimientos sociales pasaron a convertirse en blanco fácil de un debate que discurre por los laterales y evita discutir lo central, porque el único tema que realmente importa es la división entre oficialismo y oposición. En la última semana, los movimientos sociales parecen haberse convertido en uno de esos blancos laterales. En pocos días hubo una denuncia por supuesto clientelismo en el comedor Los Pibes de La Boca, se produjo el incidente con el hijo de Emilio Pérsico y el escrache al senador Gerardo Morales.

Ninguna de las tres situaciones planteadas como fueron planteadas pueden ser defendibles. Tampoco puede defenderse el hecho de que sean planteadas así para deslegitimar un actor en la política que ha demostrado en los últimos años más legitimidad que quienes lo quieren deslegitimar. Es lo mismo que hablar contra la política y los políticos en general. Que son ladrones y vagos, que montan sus fortunas sobre las necesidades de la gente, el discurso demagógico y oportunista de la antipolítica.

A Milagro Sala, la dirigente de la organización Túpac Amaru, a quien Morales acusó por su escrache, se la ha presentado como “jefa mafiosa” y hasta como “drogadicta”. El enojo de Morales contra los piqueteros no fue el mismo que contra los ruralistas que sí golpearon y escracharon a Agustín Rossi en Santa Fe. En ese caso, se quiso y se pudo diferenciar a los participantes en ese ataque de sus dirigentes y hasta de sus organizaciones. El mismo Rossi tuvo ese gesto. La Mesa de Enlace –conformada por organizaciones de propietarios y patrones– nunca fue interpelada por esos hechos y siguió siendo una interlocutora legítima. Y visualizada desde ese lado como su antorcha civilizatoria frente a la barbarie oficial. Ningún medio habló de los discursos violentos de De Angelis ni de la violencia en los cortes de ruta.

Pero además, Morales involucró expresamente a Milagro Sala, aun cuando otra agrupación de campesinos jujeños, llamada Libertad, reivindicó el escrache. El detenido pertenece a esa agrupación de pueblos originarios que ya lo había escrachado en marzo en Purmamarca, según ellos porque Morales “está en contra de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades aborígenes”.

Pero los piqueteros no son ruralistas paquetes. Con ellos se aplica otra mirada, radicalmente distinta, clasista y discriminatoria. Los piqueteros son “esencialmente” corruptos porque están ordenados en función de un clientelismo indigno. Hubo una frase, un chiste durante la semana, por parte de Elisa Carrió, verdaderamente patética: “Si se aplica la asignación para la niñez que plantea el Gobierno, vamos a ver a chiquitos de tres años en las marchas por un choripán”. Carrió quizá no sea consciente del desprecio profundo que encierra esa frase. La gente pobre se vende por un choripán, está obligada a venderse porque es pobre y además se vende por poca cosa por la misma razón, hay que rescatarlos de esa indignidad y convertirlos en clase media. La misma clase media que al principio ocultó su sorpresa con aplausos ahora repite ese comentario. Pensar de otra manera implica ser cómplice de la “corrupción indigna” de los movimientos piqueteros. Es decir, no se puede pensar bien de los pobres o, en el mejor de los casos, hay que pensar que los pobres no pueden pensar. En la clase media no se puede respetar a la gente que se organiza para avanzar, a menos que sean patrones o propietarios, que en ese caso tienen derecho insultar y llevarse por delante a todo el mundo.

Esa es la mirada hacia los piqueteros por parte de un sector de la clase media. Como no son clase media, son diferentes, son indignos. ¿Quién los va a rescatar de esa indignidad? Las únicas herramientas que los piqueteros tuvieron para combatir el tráfico de droga en sus barrios, para organizarse para conseguir luz o alcantarillas, para hacer o arreglar escuelas, han sido esas organizaciones a las que ahora se pretende demonizar con la excusa de salvarlos para convertirlos en clase media. No importa en esa discusión si es mejor la asignación para los niños que propone Carrió o la que propone el Gobierno. Y para el caso de su legitimidad, tampoco hace diferencia si unas organizaciones son oficialistas u otras son opositoras. Lo que importa es que las asignaciones lleguen a los niños y que los piqueteros no necesitan que nadie les enseñe dignidad.

Hubo otra mención de Carrió sobre la ley que permitirá obtener el ADN de una persona, de la misma manera que se obtienen las huellas digitales. Carrió denunció al Gobierno por impulsar esa ley nada más que por su pelea contra Clarín y la señora Ernestina de Noble, que mantiene un diferendo con las Abuelas de Plaza de Mayo a raíz de sus dos hijos adoptados. “El único objetivo es la señora de Noble”, lanzó con un desprecio que le salió del alma, pero ocultó que esa ley es impulsada por las organizaciones de derechos humanos para lograr la restitución de la identidad a 400 chicos que fueron apropiados por la dictadura. Quizá no lo pensó así, pero si existe alguna intención detrás de estas declaraciones, tan frívolas y al mismo tiempo tan violentas, ésta sería la de deslegitimar a otro de los movimientos sociales, en este caso a los organismos de derechos humanos, en su guerra feroz contra el oficialismo.

El debate entre oficialismo y oposición no puede llegar a un nivel de canibalismo e irracionalidad que atropelle todo, caiga quien caiga, sin importar el esfuerzo, el dolor y los sacrificios que una comunidad puso en la construcción de estas organizaciones. Los movimientos sociales no son empresas ni tienen fines de lucro y surgieron representando los mejores pertrechos morales de una sociedad que la única respuesta que les daba era represión o exclusión. En su momento eran el buen camino por el que nadie quería caminar.

Los mismos dirigentes de la oposición han advertido, a partir del escrache a Morales, sobre la creación de un clima de violencia del que ellos no serían parte. No pueden medir el grado de violencia que han tenido sus expresiones en relación con estos movimientos sociales y contra las personas que los integran o los respetan. Los periodistas trabajamos con palabras, sabemos la violencia que pueden tener, igual que la injusticia o las mentiras. Y no hay en este momento una causa tan terrible que las justifique solamente por una discusión entre oposición y oficialismo.