EL PAíS › MAñANA HABRá PARO EN EL SUBTE

Un reclamo bajo tierra

 Por Laura Vales

Los trabajadores del subte harán un nuevo paro mañana, de 19 a 22, en reclamo de que el Ministerio de Trabajo otorgue la inscripción gremial al sindicato que crearon para separarse la cegetista Unión Tranviarios Automotor (UTA). Las seis líneas de subte y el premetro dejarán de circular en el último tramo del horario pico y restablecerán sus servicios una hora antes del cierre. El plan de lucha podría continuar la semana siguiente con nuevas medidas.

Ayer, en apoyo al nuevo sindicato, una decena de diputados del oficialismo y el centroizquierda presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo responda por qué demora su inscripción.

La fundación de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro fue ratificada en un plebiscito que tuvo una participación masiva (votaron 1800 trabajadores sobre un padrón de 2900). Los papeles para iniciar la inscripción habían sido presentados en el ministerio en octubre de 2008. Las leyes dan a las autoridades un plazo de 90 días para resolver. La inscripción gremial es un derecho constitucional, y los 90 días se fijan para que Trabajo controle que los estatutos de los nuevos sindicatos se ajusten a derecho; sin embargo, ese tiempo pasó sin que la cartera se expidiera. En septiembre pasado, el juez Gustavo Elio Plaisant le ordenó al ministerio resolver en 15 días sobre la inscripción, pero el Trabajo apeló el fallo. Ahora es la Cámara la que debe decir si el Gobierno tiene vencidos los plazos. Mientras, como el nuevo gremio no es reconocido, sus delegados no son recibidos por la empresa y carecen de protección sindical.

Victoria Donda, Cecilia Merchan, Miguel Bonasso, Edgardo Depetri, Ariel Basteiro, Eduardo Macaluse, Carlos Raimundi, Horacio Alcuaz, Delia Bisutti, América González, Roy Cortina y Claudio Lozano fueron los diputados que firmaron el pedido de informes dado a conocer en una conferencia de prensa en el Congreso. Los legisladores señalaron que el pedido de inscripción está fundado “en expresas garantías constitucionales a la libertad y autonomía sindical y en los principios de orden internacional sobre derechos fundamentales”.

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