Miércoles, 28 de octubre de 2009 | Hoy
SOCIEDAD › JUICIO POLíTICO A LA JUEZA QUE INSULTó Y DISCRIMINó A DOS EMPLEADAS DE TRáNSITO
Por siete votos contra dos, los miembros del Consejo de la Magistratura porteño decidieron llevar a juicio político a Elsa Parrilli. Cuando se conforme el tribunal, la jueza será suspendida. El juicio no demorará más de tres meses.
Por Emilio Ruchansky
El argumento principal surgido en el plenario del Consejo de la Magistratura porteño, donde ayer se decidió enjuiciar a la jueza Elsa Parrilli, es que “abusó de su cargo”. Así lo confirmó a Página/12 Gabriel Vega, uno de los votantes y quien será el fiscal acusador cuando se defina el nuevo jurado. “El causal es el de ‘mal desempeño’ y no se circunscribe sólo a los momentos en los que la magistrada está ejerciendo sus funciones, sino también a los actos privados, que tienen una trascendencia pública y constituyen una grave falta al decoro que implican sus investiduras”, detalló Vega, colega de fuero de la jueza. En el juicio, que no puede durar más de 90 días, se evaluará si Parrilli debe ser destituida de su cargo o no.
El debate de los nueve miembros del Consejo duró tres horas (de 10.30 a 13.30) y no hubo pausas. “Dejando de lado la tensión propia de la situación, hay que decir que fue una discusión bastante respetuosa”, dijo Vega, al ser consultado sobre las dos posturas en contra de la decisión, la del juez Horacio Corti y el consejero abogado Juan Pablo Mas Vélez, quienes propusieron aplicar una sanción disciplinaria menor.
Estos dos integrantes del Consejo aseguraron que la conducta de Parrilli estaba tipificada en la ley orgánica de esa institución. Más concretamente, en el artículo 31 que, entre las faltas disciplinarias, menciona “los actos que ofenden al decoro de la función judicial o que comprometen la dignidad del cargo”. Las sanciones para este tipo de comportamientos son: una recomendación, una advertencia, el llamado de atención o una multa por un monto de hasta el 30 por ciento de los haberes de la persona involucrada.
Sin embargo, los consejeros Mauricio Devoto, Liliana Blasi, Nélida Mabel Daniele, Eugenio Cozzi, María Teresa Moya, Julio De Giovanni y Gabriel Vega entendieron que se trata de “mal desempeño”, siguiendo el dictamen de la Comisión de Acusación del Consejo, emitido la semana pasada. La figura de “mal desempeño”, prevista en la Constitución Nacional, es “bastante amplia”, según Vega. “Pero, sin duda, los hechos que fueron de público conocimiento tienen la suficiente gravedad para enmarcar la actitud de la jueza en este causal”, comentó el juez, quien aseguró que “no le causa ninguna gracia ni gratificación” haber tenido que votar a favor del jury, tratándose de una colega de su fuero. “Pero es lo que correspondía”, agregó.
La jueza Parrilli acudió el 15 de septiembre a la playa de infractores de avenida 9 de Julio y Sarmiento para pedir que le devolvieran su auto de inmediato y sin pagar un peso. “Me sacaron el auto mientras estaba haciendo un procedimiento”, les dijo a las empleadas Rocío Marlene Gómez y María Itatí, a quienes trato de “tontitas” luego de que le perdonaran la falta. En el video de las cámaras de seguridad, cuya difusión hizo estallar el caso, se puede escuchar a Parrilli quejándose de que “siempre le pasa lo mismo” y que “está trabajando”. “Ni una rubia, todas morochas contratan”, se quejó.
Sin embargo, la versión que daría después ante el Consejo de la Magistratura porteño sería otra. “En el descargo –apuntó Vega a este diario–, ella dijo que había dejado estacionado el auto en la esquina de Lavalle y Rodríguez Peña para ir hasta una sede de la obra social del Poder Judicial, en Lavalle al 1600, porque tenía que hacer un trámite vinculado con la salud de su hija.”
Vega, que será el fiscal acusador de este jury, dijo que su colega del Juzgado Penal y Contravencional Nº 28 de la Ciudad “pretendió hacerse valer su cargo para evitar ser sancionada y actuó de una manera abusiva”. Este juez también informó que es la primera vez que se trata un caso de este tipo en el Consejo porteño, porque la magistrada, más allá de invocar su rol de funcionaria pública, no estaba en funciones en ese momento. El acto, acotó, tampoco era estrictamente privado, porque Parrilli se encontraba en una oficina pública.
“¿Conoce algún caso similar que se haya tratado en la Magistratura de alguna provincia?”, preguntó Página/12. “Sí, el de un juez de Santa Fe que estaba pescando en lancha por el río y atropelló a un nadador, que lamentablemente falleció a causa de este accidente. El argumento principal del jury de enjuiciamiento fue la falta de socorrimiento a la víctima por parte del juez, su comportamiento poco solidario, porque huyó del lugar”, respondió.
El paso siguiente, dentro de los 90 días que tiene la Magistratura para juzgar a Parrilli, es conformar un tribunal para enjuiciar a la jueza. Los miembros serán sorteados y serán otros nueve integrantes: tres en representación de la Legislatura porteña, tres de los jueces y tres de los abogados. El sorteo se realizará este viernes. Una vez conformado el nuevo tribunal, según informaron fuentes de la Magistratura, la jueza será suspendida hasta que se resuelva su situación.
Un día antes de conocerse la decisión de enjuiciar políticamente a Parrilli, el juez Norberto Circo, que atiende la causa judicial contra la jueza, aceptó la oferta de la defensa para que Parrilli se someta a una probation. Esto le evitaría, al menos, ser sometida a un juicio oral y público, acusada de amenazas y discriminación. Sin embargo, el fiscal de esa causa, Angel Carestía, prometió apelar la decisión antes del fin de semana.
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