No sobresale ningún tema político en particular: son varios. Y podría decirse que para todos los gustos, aunque, sucesivamente, se anulan unos a otros, casi en forma diaria. Es lo que corresponde a ese habitual enloquecimiento informativo que, en apariencia sin ton ni son, amontona siempre pero no privilegia nunca. ¿O prioriza pero en una única dirección? Veamos, en un orden cualquiera de factores que no altera el producto.

El Gobierno presentó su proyecto de reforma política, que por cierto no es una cuestión que le quite el sueño a la sociedad ni muchísimo menos. La idea es o puede ser entre cuestionable y sospechosa. Pero en todo caso es ambas cosas a dos bandas, porque asienta el camino para que únicamente las fuerzas mayoritarias puedan subsistir con comodidad. El traje no parece sólo a medida del PJ en general, y del kirchnerismo en la coyuntura, sino también de la UCR. Al mejor estilo del Pacto de Olivos que la rata y Alfonsín sellaron a comienzos de los ‘90. Sin embargo, la noticia fue presentada como una movida exclusivamente K y como si, encima, los radicales y el resto del espectro partidario no viniesen reclamando hace años la misma reforma. Un ligero recuadro del propio Clarín, en su edición del viernes pasado, tituló que “La UCR discute dar apoyo con disimulo”.

En la misma sintonía está la asignación universal por hijo. Al llegar a 180 pesos ronda un 40 por ciento arriba de lo que se calculaba, alcanzando así los reclamos de máxima de la oposición. Pero fue mostrada como un artilugio oficialista que no llega a la universalización porque incluye, solamente, a las familias de desocupados y trabajadores en negro. Se insiste en que sean igualmente abarcados los hijos de pudientes, bajo la excusa de que en tal opción se evita el ardid del clientelismo. Criterio según el cual es necesario cometer una injusticia al único efecto de no sospechar que pueda perpetrarse una injusticia mayor. No se trata de defender porque sí la decisión oficial. Más aún, es coincidencia generalizada que la mecánica es una variante del asistencialismo, que no apunta a resolver el drama de la pobreza en lugar de que el Estado garantice, por ejemplo, la universalidad del derecho al empleo. Pero en vez de este tipo de apuntes críticos, intelectualmente honestos, se prefirió amplificar la aprensión al electoralismo. De igual modo, la medida es discutida porque los recursos serán extraídos de la Anses y no de la impunidad de que goza la renta financiera, entre otras probabilidades que, en efecto, servirían mucho mejor a la equiparación de esfuerzos contributivos. Empero, ¿alguien duda de que si hicieran esto último los acusarían de afectar la seguridad jurídica y de provocar una amenaza letal para los inversores, como de hecho lo advirtieron apenas trascendió el proyecto? En otras palabras, el clásico y nunca bien ponderado “no importa pero me opongo” aunque, como en torno de la reforma política, sea la misma o casi idéntica disposición que el coro opositor exigía hace añares.

También en línea con lo anterior, pero acerca de que se tomarán 1800 millones de pesos de la Anses para afrontar vencimientos de deuda y otros rubros de faltante de caja, volvió a hablarse de que se usa “la plata de los jubilados”. Por supuesto, esos destinos pueden ser muy discutibles pero, política y filosóficamente, hablar de la plata de los jubilados es una de las demagogias más repugnantes de que se pueda hacer gala. Es portentoso que deba insistirse en que los aportes previsionales no son intangibles, ni aquí ni en ningún lugar del mundo de ninguna época: que el Estado disponga de tales fondos es la condición necesaria, bien que no suficiente, para activar la economía mediante políticas de intervención. No tocar la plata de los jubilados –el periodista se repite a sí mismo respecto de un editorial reciente– significaría vivir en un sistema capitalista estrafalario, donde el dinero se inmoviliza sin darle capacidad de ahorro ni sustentabilidad. Hablamos de que la mayor garantía a fin de cobrar sus haberes, una vez retirados, es que la proporción entre activos y pasivos permita ensanchar las arcas públicas gracias al andar macroeconómico. Y vuelve la pregunta de dónde andaba la indignación de tanto analista y tanto tilingo cuando la plata de los jubilados se jugaba en la timba de las AFJP. Acaba de cumplirse un año, justamente, desde el anuncio del fin de la jubilación privada. ¿Dónde quedaron los juicios multimillonarios de los bancos, que iban a sucederse en catarata? ¿Dónde está la catástrofe que predijeron? En ningún lado, como no sea en el cinismo de continuar batiendo el parche de una plata que no es de sino para, porque los trabajadores activos contribuyen a solventar el sistema de reparto en una solidaridad que no es de congelamiento sino a futuro.

En parte, este conjunto temático sirvió para aminorar la casi pornográfica campaña de bastardeo a los movimientos sociales, que un grupo muy significativo de personalidades, en nota publicada este miércoles por Página/12, bien definió como “la nueva criminalización”: “Hemos aprendido, de la experiencia argentina, que cada vez que comienza a agitarse el ‘fantasma’ de la ‘violencia’, por parte de cierta dirigencia del sistema, lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad, y a sus organizaciones (...) Si vamos atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la ‘guerrilla fabril’, que crearon el clima para la escalada golpista”. ¿Hemos aprendido? ¿Sí? Algunos, y hasta muchos, seguramente. Pero permítase dudar de que una mayoría conserve la memoria sobre esos gérmenes. Suena mejor que deberían activarse reflejos instantáneos cuando los voceros del orden consagrado empiezan a hablar de grupos violentos, de gente armada, de relación con la droga, de prebendas para los humildes, de patotas. Cuando rige además tanto desequilibrio de señalamiento y despliegue periodístico. ¿O acaso hay proporcionalidad entre la dedicación demonizante que le otorgaron al aislado episodio de Jujuy y la brindada a la fuerza de choque macrista que, desde hace rato, arremete a los golpes contra los indeseables que afean la imagen PRO de Buenos Aires, hasta el punto de que la Justicia acaba de ordenar que cese su accionar? ¿Y hubo equilibrio, acaso, luego de los fundamentos que presentó la APDH para expulsar a Elisa Carrió, tras que ésta, en defensa de la directora de Clarín, se opusiera al proyecto de recolección de ADN que falazmente sigue rotulándose como “compulsivo”? Pues compárese la cobertura dada a los argumentos del organismo con la proveída a Carrió, que tuvo prensa a raudales para insistir con el rol sacrificial que le toca en esta vida.

La conclusión podría ser que, en la táctica, todo parece dar igual. Pero en la estrategia, no: las conclusiones mediáticas también son siempre iguales.