Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y miembros de otros organismos de derechos humanos siguieron desde las bandejas del recinto de la Cámara de Diputados un debate arduo, difícil, emotivo y extenso, mientras en paralelo se mantenían negociaciones para pulir diferencias. El oficialismo aceptó modificaciones a los proyectos enviados por el Gobierno y sumar adhesiones para incorporar al Código Penal nuevos procedimientos para la extracción de ADN en los casos de apropiación de niños durante la dictadura y darle carácter nacional al Banco de Datos Genéticos, que pasará a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La votación sobre ADN, con 154 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones, dividió transversalmente a la oposición. La del Banco Genético generó mayor resistencia, pero también tuvo una media sanción holgada: 135 a favor y 47 en contra.

“Nos entregaban como si fuéramos cachorros a otras familias”, sostuvo la diputada Victoria Donda, nacida durante el cautiverio en la ESMA de su madre desaparecida. Donda afirmó que se trata de una decisión difícil con su propia experiencia: “Yo tardé ocho meses en decidirme a hacerme el análisis” y fundamentó con un agradecimiento su apoyo al proyecto que incorpora al Código Penal nuevos procedimientos para la obtención de ADN: “Gracias a las Abuelas que nos buscaron. Porque yo y 97 nietos más podemos decir nuestros nombres. Ellas llevaron adelante el trabajo del Estado”.

El propio jefe de la bancada K, Agustín Rossi, apeló a uno de los párrafos más emotivos del discurso de Donda para pedir el acompañamiento a la iniciativa. “Tratamos los temas tan asépticamente que no nos damos cuenta de la profundidad de las cosas: ‘Cómo es sufrir la contradicción de estar esperando que los padres, a los que yo quiero, se mueran –había dicho Donda– para saber quién soy y que no pase mucho tiempo para conocer a mis abuelos y que ellos cuenten cómo eran mis padres’.”

La discusión no había sido sencilla. El kirchnerista Remo Carlo-tto anunció, al inicio de la sesión, una incorporación al texto de la iniciativa: “La medida (la obtención de ADN) deberá ser dictada en un auto fundado donde se expresen, bajo pena de nulidad, los motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto”. De esa forma, el bloque K incorporó uno de los reclamos opositores y de algunos organismos de derechos humanos, que proponían no dejar librado el procedimiento a criterio de los jueces.

Pero el cambio no alcanzó para conseguir el respaldo opositor. Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, se opuso tenazmente: “Me niego a que en aras de los derechos humanos se violen los derechos humanos”, afirmó y citó una frase del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, en la que afirma que “no hay razón de Estado que justifique la violación a los derechos humanos”. De esa manera, la diputada avaló la postura de su líder, Elisa Carrió, quien había calificado al proyecto como “fascismo puro”.

“Los que sostienen dictamen de mayoría no son fascistas, ni los que nos oponemos somos Videla”, arrancó el radical Pedro Azcoiti, quien consideró que los cambios no alcanzaban para poner límites a la posibilidad de la extracción compulsiva de sangre. Aunque, conociendo las diferencias dentro de su bloque, solicitó permiso para abstenerse si las negociaciones por otras modificaciones no avanzaban. Los socialistas también pedían que se aclarara en el texto que el procedimiento “solamente se llevaría adelante en los casos por delitos de lesa humanidad” para acompañarlo.

En cambio, Horacio Alcuaz, del GEN y socio de la CC, justificó su voto a favor en “un problema de conciencia”. Emilio García Méndez, del SI, fundamentó el respaldo de su bloque. Lo mismo que hicieron los radicales K y otros bloques menores. El PJ disidente no se pronunció.

El oficialismo aceptó otra modificación para poner más límites a la discrecionalidad de los jueces y obligarlos a utilizar los métodos menos agresivos para la obtención de ADN, como tomar las muestras biológicas de pelo, saliva o piel. Su incorporación quebró varias objeciones de la oposición y su disciplina partidaria. Muchos bloques votaron divididos entre el apoyo, el rechazo y la abstención de sus propios integrantes, incluso dentro del macrismo y del peronismo disidente.

El tema del Banco Nacional de Datos Genéticos casi no requirió debate. Varios de los reclamos de la oposición y de organismos de derechos humanos fueron incorporados al texto de la iniciativa en medio de las negociaciones por el proyecto de ADN. Entre ellos, que el nuevo Banco Nacional dependiera de un organismo autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología y no de la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La propuesta era no facilitar las demoras judiciales que proponen los abogados de los represores, que en este último caso apelarían la competencia del Ministerio de Justicia sobre el banco de datos, que será auxiliar judicial en los procesos contra el terrorismo de Estado.

En este caso, el PRO mantuvo su reclamo contra el proyecto porque considera una “expropiación” que el banco siga funcionando en el Hospital Durand, de la ciudad, pero bajo la órbita de la Nación. Aunque el banco fue creado allí por ley, en 1987, antes que la ciudad obtuviera su autonomía.

Tras la media sanción, los proyectos fueron girados al Senado, que los tratará antes de fin de mes.