La Justicia porteña tiene nuevos elementos para avanzar en la causa contra el grupo de choque del gobierno macrista denominado UCEP, que se encarga de “ordenar el espacio público” expulsando “indigentes” de la vía pública. Ayer, el juez Roberto Gallardo accedió a dos CD que contienen información de una de las computadoras de las oficinas que el organismo tiene en el Edificio del Plata y que había logrado ocultar en el allanamiento realizado el jueves por orden del magistrado. Los documentos a los que tuvo acceso Página/12 reafirman las denuncias que en las últimas semanas se hicieron contra la unidad de control que sigue operando en horas de la madrugada, la mayoría de las veces contra “asentamientos de indigentes”, y contiene un informe en el que se resaltan los “grandes hitos” realizados por el organismo y se proyectan objetivos para lograr mayor “eficiencia”. También se admite que las víctimas de los desalojos suelen ser familias enteras.

La prueba presentada ayer en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 se suma a la causa del amparo presentado por el asesor tutelar de Menores Gustavo Moreno ante el gobierno de la ciudad por el caso de Carla Baptista, la mujer embarazada que fue golpeado por integrantes de la Ucep el 2 de octubre. Según figura en el acta judicial, quien presentó las pruebas fue Miguel Varela, presidente de la Asociación Civil Manos Emprendedores y vecino de Baptista, a quien ayudó para que fuera la primera víctima en denunciar penalmente el accionar de la Ucep.

Los CD tienen gran cantidad de documentos internos sobre los operativos realizados por la unidad de control, incluso las resonantes de-salojos de la Huerta Orgamizka, en Caballito, y el desalojo del edificio de Paseo Colón, donde se expulsaron a 103 familias. Además, contienen planillas donde figuran las denuncias realizadas por funcionarios, directores de CGP y vecinos, a las que se le otorga orden de prioridad según quien solicite la intervención, en su mayoría contra “asentamientos de indigentes” (ver aparte).

“Informe de la Ucep” es una de las decenas de carpetas que contienen los CD entregados a la Justicia. Con fecha de julio, el informe de trece hojas tiene uno de sus puntos más llamativos en los “Grandes Hitos 2008-2009”.

En el apartado se puede encontrar una acción de enero de 2008 –cuando aún no había denuncias públicas del accionar de la Ucep– identificada como “Larrazábal” y que indica que “se desintrusó la zona. Había un total de 20 familias asentadas en la vía pública. Poseían frazadas, chozas, etc”. Y agrega que “intervino también la Policía Federal”. El segundo “gran hito” está fechado el 22 de febrero de 2008 y –paradójicamente– se realizó en La Pampa y Vías del Ferrocarril. Aquel día, los logros y el operativo fueron los mismos y también intervino la Policía Federal.

El informe continúa detallando los objetivos del organismo “a corto y mediano plazo”. A la brevedad, la Ucep –que está en la órbita del ministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Piccardo– busca lograr “mayor exposición y comunicación de los operativos”. De todas manera, entre otro de los objetivos está el de “tener sensibilidad y precaución en cada operativo” y “cambiar la imagen de la unidad, refiriéndose al aspecto dado por los medios”.

Aunque en los CD se pueden observar varias listas en las que se registra el “stock de denuncias” realizadas por vecinos, directores de CGP y funcionarios –de los cuales muchos quedaron resueltos como “exitosos”–, los objetivos a mediano plazo del informe apuntan a “tramitar una mesa de entradas” y “atender con mayor agilidad y eficiencia a los reclamos ingresados”.

Como informó Página/12 la semana pasada, desde enero y hasta septiembre de 2009 la Ucep realizó 444 procedimientos, de los cuales sólo nueve no fueron contra indigentes. Aunque entre los documentos aparecen fotos de remoción de carteles, como había indicado Piccardo sobre las tareas de la Ucep, las acciones contra indigentes continuaron. También aparecen fotos donde hay niños en los procedimientos.

De la lectura de los documentos se pueden encontrar 27 operativos realizados en octubre. En todos los casos se dispuso la intervención de 25 agentes acompañados por un camión compactador (número de patente HIC 414). De ellos, sólo seis se realizaron entre las 21 y 00 para “observar el desempeño de los recicladores y cartoneros” en la zona del microcentro. El resto de los operativos se realizó en horas de la madrugada y en busca de “personas asentadas sobre la vía pública”. Sólo en tres casos se informó que “no se encontró asentamiento”.

En el resto de los casos, “se los instó (a los indigentes) a desocupar dicho espacio público y se procedió a restituir a su estado original”. Ese “estado original” toma mayor significado con frases como “poseían colchones, frazadas y carros tipo supermercado” junto a la presencia del camión compactador.

La información a la que accedió Gallardo también cuenta con la nómina de todos los agentes pertenecientes a la Ucep, entre los que se nombra a Luis Savoiardo como agente coordinador de operativos y en uno de los documentos se lo identifica como “Tano”. Además, en otro documento con el membrete del gobierno porteño se comunica la autorización de algunos de esos agentes para utilizar algunas de las camionetas identificadas en otros operativos.