En un día cargado de tensiones, los trabajadores del subte cumplieron un nuevo paro, esta vez de 24 horas, en reclamo de que el Ministerio de Trabajo otorgue la inscripción gremial al sindicato que crearon para escindirse de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Aunque Metrovías, apoyándose en la declaración de servicio esencial que dictó el Gobierno, intentó montar un cronograma de emergencia, sólo logró poner en marcha unos pocos trenes durante la mañana. Casi de inmediato, los delegados se sentaron en las vías y bloquearon el avance de las formaciones. La empresa trató de conseguir una orden judicial que impusiera su desalojo por la fuerza, pero el juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de mandar un operativo policial que reprimiera a los huelguistas. Así las cosas, no hubo servicios en ninguna de las seis líneas ni el Premetro, aunque la jornada terminó, sin embargo, sin avances en el reconocimiento del nuevo gremio. Hoy habrá subtes, pero es posible que la semana próxima los trabajadores vayan a un paro de 48 horas.

En un sentido, el conflicto parece haber quedado más o menos igual que al comienzo, pero se va cargando cada vez de más peso. A diferencia del paro de la semana pasada, los grupos de la UTA no se presentaron en los andenes; sin embargo, la disputa entre el nuevo gremio del subte y el sindicato cegetista tuvo una fuerte escalada en el plano político. El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, acusó de “agitadores” a los delegados y advirtió que “un día de éstos van a echar a la Presidenta si siguen así”. En sintonía con este argumento, la central obrera que conduce Hugo Moyano lanzó una marcha a la Plaza de Mayo “contra los grupos desestabilizadores” (ver página 4).

Tampoco hubo señales de distensión desde el Ministerio de Trabajo. El titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, volvió a decir, básicamente, lo mismo que en los últimos días. “El expediente está todavía en la Justicia”, sostuvo, para indicar que no resolverá en lo inmediato el pedido de inscripción gremial. En esa línea, criticó el paro y defendió la declaración de servicio esencial con la que se buscó quitarle peso a la medida de fuerza: “Los servicios mínimos son parte del sistema democrático”, sostuvo el ministro en declaraciones radiales.

Sin trenes

La declaración de “servicio esencial” del subte firmada el lunes por dos ministros, Tomada y su par de Planificación, Julio De Vido, había abierto la incógnita sobre si durante el paro los subtes funcionarían a un 40 por ciento, licuando el impacto paro. Una posibilidad conexa era la de la intervención de la Policía Federal, que finalmente no se concretó.

La lectura que hacían anoche los trabajadores en paro era que, sin una orden judicial, el desalojo por la fuerza había quedado vedado. Sin respaldar a los trabajadores, el juez Ercolini respondió el pedido de represión ordenando que se filmara lo que ocurriera en las vías, para determinar si hubo delito, es decir que ahora al largo conflicto por la inscripción del sindicato se sumará una nueva causa judicial.

El otro expediente, que el ministro Tomada mencionó en sus declaraciones, es una causa en la que la Justicia ha dicho al ministerio que está en mora y debe dar una respuesta el pedido de inscripción. Los datos del caso pueden resumirse en los siguientes puntos:

- La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro inició el trámite de inscripción el 5 de septiembre de 2008, hace más de un año. Se trata de procedimiento que en teoría debería ser casi burocrático: la Constitución reconoce el derecho a organizarse sindicalmente y la ley otorga al ministerio sólo atribuciones para controlar que los estatutos del nuevo sindicato se ajusten a derecho y que el gremio compruebe tener afiliados en el lugar donde actuará. El plazo del ministerio para resolver un pedido de inscripción es de 90 días.

- El 3 de noviembre de 2008, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales dio un dictamen favorable a la inscripción, lo que indica que a su criterio el trámite cumplía con todos los requisitos legales. En el mismo sentido, el 28 de noviembre de 2008 la viceministra Noemí Rial elevó el proyecto de resolución de inscripción gremial. Pero el expediente no avanzó más.

- Ante el vencimiento de los 90 días de plazo, los delegados recurrieron a los tribunales; el 29 de septiembre pasado, en primera instancia, la Justicia les dio la razón y ordenó al ministerio que no demorara la respuesta. El ministerio apeló, pero el 27 de octubre la Cámara confirmó el fallo de primera instancia.

Así están las cosas ahora desde el punto de vista legal. El último plazo puesto por la Cámara de Apelaciones vence, según señala el cuerpo de delegados, este viernes. Consultados sobre este punto, en el ministerio respondieron que todavía no les llegó desde la Cámara el expediente, por lo que “no se puede hablar de plazos”.

Una impasse

La decisión de no extender el paro fue votada en asambleas que se realizaron, al terminar el día, en las seis líneas. “La impasse fue votado como una forma de hacer espacio al diálogo con el ministerio, teniendo en cuenta el plazo del viernes, y para recomponer fuerzas después de un día muy duro”, definieron a Página/12 los delegados.

Para el cuerpo de delegados, que los trenes no hayan funcionado es una muestra de la legitimidad que tiene el nuevo gremio. “Hay mucho descontento por todo lo que ocurrió de un año a esta parte. Hemos hecho todo lo que legalmente está a nuestro alcance, cumplimos con todas las presentaciones legales, pero nos hemos encontrado un Ministerio de Trabajo que cede a las presiones de corporaciones cuasimafiosas como la UTA. Todo lo que queremos es tener la libertad de organizarnos”, resumió el delegado Ariel Mastandrea.

Metrovías, por su parte, anticipó que irá a fondo con el tema judicial. En un comunicado de prensa, además de denunciar que los empleados en paro obstruyeron el paso de los trenes tirándose a las vías, acusó a los delegados de haber realizado “actos de vandalismo” rompiendo el interior de los vagones. En términos de la pulseada que está en juego, parte de la disputa es establecer si el plan de lucha queda definido como un conflicto laboral o un hecho delictivo.