- Comisario Miguel Angel Colombo. Principal colaborador de Sablich.

- Comisario Carlos Kevorkian. Jefe del operativo policial en el que fue muerto a golpes el adolescente Fernando Blanco, de 17 años, a la salida de un partido de fútbol, en 2005. Blanco murió por los golpes recibidos en la cabeza con manoplas que le produjeron una hemorragia. La justicia sólo procesó a un cabo pero el padre de la víctima declaró que Kevorkian arengaba a sus hombres para que golpearan a quienes salían de la cancha.

- Comisarios Alberto Cajal y Ricardo Cajal. Ahijados policiales de Carlos Alberto Gallone, condenado a reclusión perpetua por la denominada “Masacre de Fátima”. Gallone es el comisario que puso a Palacios en diálogo telefónico con el reducidor de autos en el secuestro del hijo del ex ingeniero Blumberg, por lo que fue pasado a retiro en la Policía Federal.

Nada bueno

El avance de la causa no puede traer nada bueno para Macri, quien debe decidir en qué momento hará los cambios en su gabinete: ni demasiado pronto como para que la investigación desgaste en forma prematura a los reemplazantes, ni tan tarde como para que su gobierno se derrumbe antes. Los sentenciados son el ministro de Educación, Mariano Narodowski, quien empleó al asistente de Palacios, Ciro James, pero no puede explicar a qué se dedicaba, y el del Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, organizador de la fuerza de tareas UCEP que corría a golpes de la calle a los indigentes. El rol más ingrato es el del robusto Montenegro, elegido como escudo protector que absorbe los golpes dirigidos a Macri. Burzaco ya fue designado para suceder a Palacios, pero recién asumirá el mes próximo. Es el tiempo calculado para que la sucesión de impactos termine la demolición de Montenegro, cuyo pedido de disculpas a los legisladores investigados es una admisión de responsabilidad que hasta podría tener consecuencias penales. Las conferencias de prensa a repetición y la entrega de filmaciones al juez Norberto Oyarbide en las que se ve a James procuran mostrar apertura y transparencia. Pero ni uno de los funcionarios respondió una sola pregunta sobre el caso. Se limitaron a descargar culpas en el gobierno nacional, que tuvo la ingenuidad de hacerle el juego. En cuanto a las cintas de seguridad, sólo muestran que James trabajaba allí, algo que estaba de sobra probado, incluso por declaraciones de Palacios. Al anunciar la dimisión de un segundo jefe de la policía municipal, el comisario Osvaldo Chamorro, Montenegro dijo que la recolección de datos comerciales y financieros que acopiaba sobre políticos y funcionarios de distintas fuerzas no era ética pero tampoco constituía un delito, porque la base Nosis es de acceso público. No es seguro que la justicia comparta esa interpretación. Nosis es una base de datos de consulta para empresas interesadas en verificar la situación de un eventual cliente, socio o proveedor antes de cerrar un negocio. Pero la información que suministra está entre aquella que el artículo 4.2 de la ley de inteligencia nacional, promulgada en 2001, prohíbe recolectar (“Ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”). Como se ve, el origen de la información que se almacena es menos relevante que quién la colecta y por qué razones.

Modelos en pugna

Una vez que Montenegro haya recibido todos los mamporros, Burzaco podrá hacerse cargo también del ministerio. Desde un punto de vista ideológico, también es un hombre de derecha, pero es un especialista que coordinó los equipos del PRO en seguridad durante la campaña electoral y ha publicado libros sobre el tema, en los que reivindica el gobierno civil de la seguridad. La ley de seguridad porteña, contra la que se quejó Palacios por “progresista” fue negociada por Montenegro con el kirchnerismo y su base fue un proyecto elaborado por Marcelo Saín para las Naciones Unidas en 2006. Saín prestó asistencia técnica con el consentimiento de Aníbal Fernández, de quien dependía su Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir el esquema contrario al que implicaba la combinación PalaciosChamorro, con un ex magistrado como ministro, muy similar al que aplica Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires luego de desmantelar la reforma realizada por Juan Pablo Cafiero, el propio Saín y Carlos Arslanian. Como bien saben los vecinos de Wilde que reclaman por el asesinato de Renata, una de las víctimas de la contrarreforma fue el 911. A ambos lados de la General Paz, se trata de delegar el gobierno de la seguridad en una policía ineficaz y corrupta. Burzaco tiene un posgrado en Estados Unidos y su visión es la del Manhattan Institute. Pero su modelo es la Guardia Civil de Madrid, que sólo se ocupa de temas locales y ha aprendido a cooperar con la policía nacional, cada una en su área. Esta visión moderna choca con la de Macri, que preparó a su cuerpo de seguridad en competencia con la Policía Federal, con viejos comisarios en la conducción y autos de civil no identificables en la calle, una central de inteligencia no dedicada a investigar delitos sino a cometerlos y un grupo de elite para operaciones de alto riesgo que no están dentro de la competencia de la Ciudad. Tampoco está claro si Macri recuperará la vertical política o seguirá trastabillando cada vez a mayor velocidad.