La contienda entre las Abuelas de Plaza de Mayo y el Grupo Clarín prosiguió el martes 10 cuando un juez declaró inconstitucional un decreto presidencial referido al Banco Nacional de Datos Genéticos y el miércoles 18 con la sanción por el Senado de tres leyes originadas en un acuerdo entre Abuelas y el gobierno nacional ante el sistema interamericano de derechos humanos. Una de esas leyes perfecciona las disposiciones del decreto objetado.

Para que el análisis que aceptaron realizarse los jóvenes Marcela y Felipe Noble Herrera se efectuara en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, Bergesio tuvo que declarar inconstitucional el decreto 511/09, firmado por la presidente CFK en mayo, tal como lo solicitaron los abogados de la señora Ernestina Herrera de Noble, Alejandro Carrió, Jorge Anzorreguy y Roxana Piña. Alejandro Carrió también es el abogado de Francisco De Narváez, principal accionista de América TV, en la causa por el tráfico de efedrina. Al mismo tiempo, el abogado preside la Asociación por los Derechos Civiles, que se pronunció en contra de la nueva ley audiovisual, objetada por Noble y De Narváez. Pese a que su prima hermana, la diputada de la Coalición Cívica Libertadora, Elisa Carrió, dijo que el proyecto de ley sobre ADN era “fascismo puro”, sólo un voto se opuso en el Senado a su aprobación. Esa ley regula de qué modo podrán disponer los jueces la toma de muestras de material genético. Con un margen menor también se sancionó la ley que crea un banco y un archivo nacionales de datos genéticos. La ley del siglo pasado también autorizaba la extracción de sangre. La novedad es que también podrán obtener saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas y disponer “el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal”. En el Banco y el Archivo se almacenarán los resultados obtenidos. Sólo por orden judicial se los cotejará con todos los casos registrados en el Archivo Nacional de Datos Genéticos para determinar identidades.

El primer juez de la causa, Roberto Marquevich, ordenó que el análisis se realizara en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Una vez apartado ese juez de la causa, Bergesio aceptó una propuesta de los jóvenes Noble Herrera: que lo efectuara el Cuerpo Médico Forense, las muestras sólo se cotejaran con las de dos familias querellantes (García-Gualdero y Miranda-Lanuscou) y luego se destruyeran. Además, solicitó a la Comisión Nacional por la Identidad y a las Abuelas información sobre otras 22 familias que buscan chicos desaparecidos antes de las adopciones de la señora de Noble. En mayo de este año, CFK firmó el decreto 511/09. Sostiene que el desarrollo de técnicas más complejas de identificación exige que la dirección del Banco sea ejercida por profesionales en bioquímica o biología molecular con experiencia en genética forense y que la Constitución Nacional y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos obligan a proteger los datos asentados en el banco. Su artículo primero dispone que el director del Banco sea elegido en concurso público de oposición y antecedentes. El segundo estipula que el Banco sólo podrá entregar la información almacenada por orden judicial en una causa, para respaldar las conclusiones de sus peritajes y permitir su control por los peritos de parte. Invocando ese decreto, las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron que el juez dejara sin efecto el análisis en el Cuerpo Médico Forense. Carrió, Anzorreguy y Piña replicaron que “so pretexto de reglamentar leyes de alcance general” el Poder Ejecutivo había excedido sus facultades “en exclusivo beneficio de una parte”. Bergesio aceptó ese razonamiento e insistió en que no había inconveniente en hacer el análisis en el organismo de la Corte Suprema, donde podrían destruirse las muestras como exigen los Noble Herrera, “aunque el Cuerpo Médico Forense tercerice el examen pues siempre se pueden adoptar las medidas tendientes a evitar peligros colaterales”. No es una cuestión menor. El Cuerpo Médico Forense está intervenido por la Corte Suprema, como culminación de una década de escándalos. Un editorial del diario La Nación, socio de Clarín, sostuvo que “los cuerpos de peritos deben ser absolutamente confiables. El fuerte deterioro moral que conllevan dictámenes falaces o amañados, producto de presiones inducidas desde posiciones política o económicamente influyentes [...] daña las bases mismas del sistema judicial”. La Nación detectó una estructura ilegal y “un encadenamiento de hechos irregulares perpetrados por profesionales médicos, que ha llevado al juez a requerir peritajes fuera del ámbito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, bajo la sospecha de que sus procedimientos son incorrectos y sus dictámenes falsean la verdad”. Junto con la intervención, la Corte ordenó una auditoría, que fue realizada por su integrante Carmen Argibay. Entre otras irregularidades, constató que los abogados bien conectados elegían los peritos de su preferencia. La mayoría eran interinos o contratados, se los designaba sin concurso, tenían hasta tres y cuatro empleos y no cumplían horario. El decano era vitalicio. Argibay espera tener terminado antes de fin de año el nuevo reglamento. Incluye el sorteo informático de los expedientes, la designación por concurso y la elección de las autoridades por votación de los propios peritos médicos. No obstante, el 80 por ciento de sus integrantes no se ha renovado. Uno de los sorpresivos hallazgos de Argibay fue que los análisis genéticos se derivaban a laboratorios privados pero llevaban la firma de la vicedecana del Cuerpo Médico Forense, Rosario Alicia Sotelo Lagos, como si ella los hubiera realizado. A raíz de ello, Sotelo Lagos está sumariada. “Es uno de los problemas complejos a resolver, porque el Cuerpo no tiene ni aparatos ni expertos para realizar análisis de ADN”, dijo Argibay ante una consulta para esta nota.

Esta es tal vez la causa más politizada de la justicia federal en la última década, en la que no hay actores ingenuos. La resolución de Bergesio tiene varios aspectos notables: no especificó qué artículo de la Constitución afectaría el decreto y anuló hasta el procedimiento de designación por concurso de las autoridades del Banco Nacional de Datos Genéticos. Marquevich fue destituido en juicio político por denuncia del Grupo Clarín. Ahora las Abuelas y el gobierno estudian si no ha llegado el momento de denunciar a Bergesio.