Lun 30.11.2009

EL PAíS  › SACERDOTES DE ARGENTINA Y CHILE RECLAMAN POR LA DEPREDACIóN AMBIENTAL EN LA REGIóN

Clamor de obispos en la Patagonia

En coincidencia con la celebración del 25º aniversario del tratado que cerró el conflicto del Beagle, ocho obispos argentinos y dos chilenos elevaron un documento conjunto a la ONU para exigir la protección de los recursos naturales.

› Por Washington Uranga

En una iniciativa que resulta poco común en el ámbito de la Iglesia Católica, los obispos de la Patagonia, de ambos lados de la frontera argentino-chilena, emitieron un documento conjunto dirigido al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el que denuncian la “grave crisis” que se vive en todo el planeta respecto del uso irresponsable de los recursos acuíferos, se reclama un “plan mundial del agua”; se solicita que “las cuencas hidrográficas, los glaciares y las aguas subterráneas” sean declarados “bienes comunes” de la humanidad y, en consecuencia, se generen los mecanismos necesarios para su protección.

El documento, que aparece en forma coincidente con la celebración del 25º aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile que cerró el conflicto del Beagle, mediante la mediación vaticana y motivo por el cual las presidentas de los dos países viajaron a Roma, está firmado por dos obispos chilenos y ocho argentinos. Entre los últimos se encuentra el titular de la diócesis de Comodoro Rivadavia, Virginio Bressanelli, quien hace pocas semanas dio a conocer otra declaración denunciando los estragos que la megaminería ocasiona en la provincia del Chubut.

La declaración se titula “Clamor de la Patagonia” y está producida en forma de carta al secretario general de Naciones Unidas, solicitando que el tema del agua sea incluido en la agenda de la cumbre del máximo organismo internacional que se realizará en Copenhague del 7 al 18 de diciembre próximo. Al mismo tiempo los obispos católicos piden que las consideraciones sobre el agua tengan también “una importancia relevante en los tratados post-Kyoto (2012)”.

Los diez obispos hacen el llamado “conscientes de la enorme responsabilidad de las decisiones de las autoridades políticas (...) en relación con la paz social, el desarrollo de los pueblos, el presente y el futuro de la historia, el cambio climático, la energía, el medio ambiente y en especial del agua” y “agradecidos y gozosos de vivir en la Patagonia”, si bien “sensiblemente preocupados por las amenazas” que sufre esa región por “los proyectos mineros, hidroeléctricos, acuícolas, forestales y hasta de desechos nucleares, que herirían grave e irreversiblemente la naturaleza y la vida humana”. En sus consideraciones, las autoridades eclesiásticas señalan que el agua dulce es “un elemento vital y fuente de vida que no puede sustituirse” y “un don de Dios, como toda vida y fuente de vida (tierra, aire, agua, luz)”.

En la carta a Ban Ki-moon, los obispos afirman que el agua dulce es un derecho humano, patrimonio común de la humanidad, que por tanto “no puede ser privatizada” y menos aún mercantilizada, “porque es un elemento vital no sólo para la vida, sino también para las culturas, las religiones, la economía y la política”. Por todo lo anterior, agregan, “debe ser motivo de solidaridad, justicia y equidad entre los pueblos”.

Los firmantes denuncian que las reservas de agua dulce “sufren una grave crisis en todo el planeta, limitando la producción de elementos, aumentando enfermedades y la atroz muerte de miles de niños, provocando una creciente pobreza por mal uso, contaminación, falta de agua potable, mercantilización (frecuentemente de monopolios), uso exagerado en sectores consumistas”.

Advierten también que el agua es “fuente ya de importantes conflictos en muchos países y entre países en todo el planeta, poniendo en serio riesgo la paz social” y es “motivo de responsabilidad humana, ética, moral y política de los líderes mundiales para la actual y para las futuras generaciones”. A la hora de las propuestas solicitan que “se viabilice en tiempos relativamente breves un plan mundial del agua” y que “se promuevan en todos los países la gestión del agua con participación del sector público, del sector privado y de las comunidades y organismos locales”, subrayando que deben considerarse a las cuencas hidrográficas, los glaciares y las aguas subterráneas como “bienes comunes”. Al mismo tiempo se pide que “la ONU coopere en impulsar y promover una más incisiva cultura de la vida y de la austeridad con los bienes, sobre todo donde la cultura consumista es más depredadora”.

Los obispos de la zona más austral del continente americano se comprometen ellos mismos a colaborar en la toma de conciencia “para que el agua no llegue a ser el símbolo y el medio de nuevas colonizaciones y esclavitudes del siglo XXI”. En su carta dicen que “estos clamores y propuestas las confiamos a su consideración para que cada cual asuma las responsabilidades que le corresponden, frente al juicio de la vida y de la historia”. Firman los obispos chilenos Luis Infanti de la Mora (Aysén) y Bernardo Bastres Florence (Punta Arenas), y los argentinos Marcelo Melani (Neuquén), Néstor Navarro (Alto Valle), José Pozzi (emérito del Alto Valle), Esteban Laxague (Viedma), Fernando Maletti (Bariloche), José Slaby (Esquel), Virginio Bressanelli (Comodoro) y Juan Carlos Romanín (Río Gallegos).

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