El casting PRO para seleccionar el elenco de la Policía Metropolitana incluyó no sólo a las fuerzas de seguridad. Los hombres de confianza de Mauricio Macri tentaron a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Un plan de carrera con equivalencia de jerarquías, sazonado por una posible duplicación del sueldo y el acceso a planes especiales de vivienda se transformó en un atractivo casi irresistible. En la Armada, la oferta prendió: Página/12 pudo saber que trece oficiales del área de Inteligencia y una treinta de suboficiales, todos infantes de Marina, pidieron la baja y se incorporaron a la carrera para garantizar la seguridad ciudadana de los porteños. Ex comisarios de la Federal, ex servicios de Inteligencia, ex marinos conforman el staff delineado por Jorge “Fino” Palacios, el primer jefe de la PM ahora preso por acciones de espionaje, que comandará a partir de la semana próxima el diputado Eugenio Burzaco, otro ex asesor de la SIDE durante el gobierno aliancista.

“Sabés qué pasa... la Marina es PRO”, ironiza un oficial al comentar el pase en el que confluyen coincidencias ideológicas con intereses económicos. La Ley de Seguridad Pública de la comuna, sancionada en octubre del año pasado, establece que “no pueden desempeñarse como personal de la Policía Metropolitana quienes pertenezcan a las Fuerzas Armadas”. Nada dice de quienes hayan pertenecido siempre y cuando no acarreen condenas por haber incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional o por violaciones a los derechos humanos. Durante el debate de la ley a la que Palacios criticó en su renuncia por el carácter “progresista” que lo encorsetaba, se analizó la posibilidad de evitar la incorporación de militares porque por su formación no están preparados para actuar en seguridad interior. Sin embargo, primó el criterio de “adecuar” su entrenamiento.

En la Armada, la cantidad de oficiales que pide la baja se viene incrementando desde el año pasado. La aviación comercial y la marina mercante actuaban hasta ahora como los principales cebos para oficiales y suboficiales formados y ansiosos de mejores remuneraciones. Los infantes de Marina, cuyo entrenamiento no incluye el manejo de barcos sino la formación en combate cuerpo a cuerpo, en ocupación de locaciones y en el manejo de explosivos tenían, en cambio, como único destino posible las agencias de seguridad privada. La creación de la PM les abrió otra posibilidad de conchabo.

Cuatro tenientes de fragata, ocho tenientes de navío y un capitán de corbeta pidieron a la Dirección de Personal de la Armada la certificación de especialidad para ser presentada ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los suboficiales, la treintena se reúne desde cabos a suboficiales principales. Tienen el entrenamiento físico, les falta la formación policial, sobre todo legal para actuar en una fuerza de seguridad. Lo llamativo es que entre los oficiales, es decir los egresados de la Escuela Naval, la mayoría de los nuevos policías hayan pasado por el área de Inteligencia.

A la luz de los hechos, la seducción de Palacios y su segundo Osvaldo Chamorro –ocupado en gambetear el procesamiento en la misma causa que su ex jefe (ver aparte) por el espionaje– signó el perfil de los elegidos para tareas administrativas y de conducción de la PM. Con ese capital humano contará Burzaco para una fuerza prevista en principio para actuar en cuestiones contravencionales. La investigación de delitos federales sigue en manos de la Policía Federal, dependiente del gobierno nacional.

Recién elegido Macri acordó con el gobierno de Néstor Kirchner que se modificaría el artículo 7 de la conocida como Ley Cafiero de autonomía porteña y se allanaría así el camino para la creación de la PM. La bancada PRO, con el apoyo del Frente para la Victoria, le dio forma a la Ley de Seguridad Pública que el 28 de octubre del año pasado concretó la nueva fuerza. La armonía duró poco: la reaparición de Palacios como el arquitecto de la nueva empresa alcanzó su clímax con el escándalo del espionaje de Ciro James, el ex Federal, contratado por el Ministerio de Educación porteño y aspirante a la Metropolitana.

La sucesión de tropiezos transforman el inminente y postergado debut casi en un blooper anunciado. No bien se sancionó la ley, el macrismo calculó que la fuerza tendría inicialmente unos 15 mil efectivos y que entraría en funciones en octubre. El último anuncio de la Jefatura de Gabinete que controla Horacio Rodríguez Larreta estimó que antes de fin de año saldrán a la calle 250 agentes para controlar el tránsito.

Lazos invisibles

Las buenas relaciones de hombres de la Armada con el macrismo son de larga data. El ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, es hijo del capitán de navío retirado del mismo nombre que se desempeña como director de Maestrías del Instituto Universitario Naval.

El capitán de navío retirado Pedro Florido, oficial de Inteligencia y abogado, supo ser el alma mater del Grupo de Contención de la Armada encargado de asesorar a represores acusados de delitos de lesa humanidad. Durante la dictadura se había desempeñado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Hasta fines de febrero del año pasado no figuraba en el Registro de Retirados, lo cual indica que había sido recontratado y cobraba como si estuviese en actividad. Apenas Página/12 informó que estaba en esa condición, el Ministerio de Defensa aseguró que había dejado la actividad. Encontró empleo rápido: en marzo había sido contratado como asesor de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Al trascender la información que no había sido publicada en el Boletín Oficial de la comuna, Florido presentó la renuncia indeclinable al cargo. “El nombramiento lo hice yo a pedido de uno de los procuradores adjuntos, Carlos Guaia. No conocía esos antecedentes. La renuncia la decidió Florido”, dijo en ese momento a este diario el procurador general Pablo Tonelli.

Florido había sido compañero de la Escuela Naval del actual jefe de la Armada, Jorge Godoy, dejó la carrera y reingresó como abogado. Como oficial de Inteligencia revistó durante años en el Servicio de Inteligencia Naval, fue ascendido –a pesar de los cuestionamientos de organismos de derechos humanos–, a propuesta del gobierno menemista por la Alianza. Siguió luego a las órdenes de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Armada brindando asesoramiento a los camaradas citados por la Justicia.

El gobierno porteño, en cumplimiento de un acta-acuerdo firmada por Jorge Telerman, es uno de los soportes presupuestarios de la construcción del polo educativo de Vicente López, adonde se trasladaron las escuelas que funcionaban en el edificio de la ESMA. A fuerza de buenas relaciones cimentadas en contactos familiares renovados en cocteles y festejos, la administración macrista financia también parte de la construcción de la “Goleta del Bicentenario”, un chiche con el que los marinos piensan conmemorar la Independencia paseando en velero a jóvenes, preferentemente carecientes y discapacitados. Las arcas porteñas tienen comprometido un aporte de 5 millones de dólares para la embarcación recreativa.

A sabiendas de tantas historias comunes, hombres del macrismo recorrieron los salones del Centro Naval y del Círculo de Suboficiales para seducir aspirantes a la Metropolitana. La dedicación exclusiva apareció primero como un obstáculo, pero la promesa de duplicar los haberes y de vivienda propia convenció a la ahora valiente muchachada de la Metropolitana.