La noticia fue publicada por Página/12 el domingo pasado: el fiscal federal de San Isidro, Sebastián Lorenzo Basso, presentó ante la jueza Sandra Arroyo Salgado una dura acusación en la causa que investiga el espionaje a figuras de la política, empresarios y personajes de la farándula a través de violación de correos electrónicos. Entre los imputados, que incluyen no sólo a los que robaban la información y a los que la vendían, sino también a aquellos que la compraban y utilizaban aun sabiendo su origen ilegal, está el nombre de Héctor Alderete, director del portal y servicios de información Seprin.

El caso se remonta a 2006, cuando fue detectado un grupo que se dedicaba a recolectar información a través del robo de e-mails a personajes públicos que iban desde el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández hasta Susana Giménez, pasando por ministros como Nilda Garré y Jorge Taiana, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; el gobernador bonaerense Daniel Scioli, el embajador en Estados Unidos Héctor Timerman y el periodista Daniel Hadad, entre otros. Todos ellos testificaron ante la jueza y reconocieron como propios los mensajes robados.

El fiscal Basso acusó al ex jefe de la SIDE menemista Juan Bautista “Tata” Yofre y a los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Iván Velázquez y Pablo Carpintero por “haber sustraído, mediante métodos de piratería informática, datos públicos y/o de interés para el servicio público enviados y recibidos por correo electrónico, pertenecientes a altos funcionarios del poder político y de particulares, para su posterior comercialización”. Según su presentación, Velázquez y Carpintero eran los hackers que se encargaban de conseguir la información para Yofre, quien la comercializaba. Las figuras penales que les imputa son asociación ilícita, sustracción de documentos destinados a servir de prueba y encubrimiento.

Por otra parte, Basso involucró por primera vez en la causa a quienes compraban la información al ex número uno de la SIDE y sus hackers, conscientes de su origen ilegal. Es en este grupo en el que entra Alderete, junto al ex general Daniel Reimundes, el ex director de Ambito Financiero Roberto García, el director del portal Urgente 24, Edgard Mainhard, el periodista de La Nación Carlos Pagni y el empresario Néstor Ick. Todos ellos están imputados por sustracción de documentos destinados a servir de prueba y encubrimiento.

En todos los casos, y a pesar de que considera que ya existen pruebas suficientes para llamar a todos los sospechosos a indagatoria, el fiscal le solicitó a la jueza que completara las pericias técnicas sobre los mensajes de correo electrónico antes de avanzar en ese sentido. No se descarta que en las próximas horas también pida la detención de algunos o todos los involucrados. En la investigación aparecen relacionados con la maniobra el diputado y ex espía Juan José Alvarez, el ex senador y agente de la SIDE Héctor Maya, el periodista Carlos Manuel Acuña y el político conservador Roberto Azaretto, aunque aún no se los ha imputado formalmente.

El espía Velázquez recibió este fin de semana la libertad condicional por parte de la Justicia uruguaya, donde permanecía preso por robar información a la policía. Sin embargo, no puede abandonar ese país hasta que se dicte sentencia, y el pedido de extradición cursado no tuvo respuesta positiva. El juez uruguayo Roberto Timbal lo decidió en disidencia con la fiscal Mirtha Guianze, por considerar que los delitos por los cuales se lo requiere son de carácter político y que su integridad física “correría peligro” si retorna a la Argentina. En su portal, Alderete publicó este fin de semana una furibunda nota en la que se asume víctima de una operación en su contra y hace referencia a la liberación del espía con un mensaje tan ininteligible como amenazador: “El muchacho de Uruguay está libre y le denegaron a la Argentina la extradición... o sea, muchachos prepárense porque son unas boletas”.