Un oficial jefe del Ejército denunció ante la Justicia federal que el director del portal Seprin, Héctor Alderete, durante una conversación telefónica que mantuvieron el domingo, amenazó con “convocar a un grupo de carapintadas con fusiles para asesinar” a la presidenta Cristina Kirchner, a su esposo, a un grupo de funcionarios de la SIDE, al jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a los ministros Nilda Garré y Julio De Vido, al jefe de Inteligencia del Ejército César Milani y a un grupo de periodistas. Alderete es uno de los imputados en la causa a cargo de la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, en la que se investiga el espionaje a través del hackeo de e-mails, a funcionarios, artistas y periodistas. Durante el fin de semana se supo que el fiscal de ese caso pidió su indagatoria como sospechoso junto con el ex jefe de la central de espías Juan Bautista “Tata” Yofre, los ex agentes de inteligencia Iván Velázquez y Pablo Carpintero y el general retirado Daniel Reimundes, entre otros.

La denuncia fue realizada ante el fiscal de Rosario Mario Gambacorta. El oficial se encontraba en esa ciudad cuando recibió el llamado de Alderete.

El juez rosarino Marcelo Bailaque se declaró incompetente y mandó la causa a los tribunales porteños con copia a la jueza Arroyo Salgado, que podría ser quien quede a cargo de la investigación de las amenazas. El escrito del militar especifica que el director de Seprin lo llamó a las 13.30 del domingo. Ese día trascendió la noticia –que incluso publicó este diario– de que el fiscal Sebastián Basso había presentado un dictamen ante Arroyo Salgado donde lo mencionaba entre un grupo de personas que, consideró, deberían ser llamadas a indagatoria en la investigación sobre el espionaje informático. A él en particular le adjudicaba la utilización de “información” a sabiendas de su “origen ilícito” –el hackeo de correos electrónicos– en “beneficio propio y de terceros”. A Yofre, Velázquez y Carpintero los involucraba en una asociación ilícita (ver aparte).

El escrito del militar, al que accedió Página/12, dice que durante el diálogo que mantuvieron, Alderete “amenazó abiertamente de muerte a funcionarios del Poder Ejecutivo, del Ejército, de la Secretaría de Inteligencia y a periodistas” y “a quien estuviera en su contra”. Precisa que en forma directa el hombre de Seprin mencionó: al titular de Inteligencia del Ejército; a tres funcionarios de la SIDE (Jaime Stiuso, Fernando Pocino y Francisco Larcher). También le dijo “que no le importa si tiene que operar contra la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; su marido, Néstor Kirchner; el ministro Aníbal Fernández, el corrupto de Julio De Vido, la ministra Nilda Garré y un grupo de periodistas como Gerardo Ian (por Gerardo Young, de Clarín); Brailovsky (por Guido Braslavsky, de Clarín); Horacio Verbitsky (de Página/12); Carlos Pagni (de La Nación) y Nora Vieyras (por Nora Veiras, de Página/12) y otros que no recuerdo”. En su mayoría, escribieron notas ligadas al hackeo a funcionarios y otras personalidades.

Alderete, según el denunciante, le aseguró tener “capacidad armada” y “un grupo” al que “le paga sueldos y que está realizando tareas de inteligencia”. “Durante una reunión en Capital Federal me expresó que él y su equipo realizan tareas de inteligencia para políticos tales como Francisco de Narváez, Felipe Solá, Luis Barrionuevo y otros que no recuerdo, mostrándome sobres cerrados con el nombre de estos funcionarios y con información que les iba a entregar a cambio de dinero”, agrega la presentación. Cuenta incluso que en otras ocasiones Alderete se jactó de poder hacer “operaciones de prensa” y “acciones contundentes” y que uno de sus blancos había sido Larcher, segundo de la SIDE.

El oficial del Ejército explica que decidió recurrir a la Justicia “en forma inmediata para impedir alguna acción mesiánica por parte de Héctor Alderete”. Puso a disposición su teléfono, para que se comprueben las llamadas y se analicen los mensajes de texto que recibió de Alderete, que tendrían la misma tónica que la conversación. Dijo que los mensajes reflejan la “idea fuerza de una declaración de guerra”.

En mayo del año pasado la jueza Arroyo Salgado ordenó un allanamiento en un domicilio de Alderete como parte de la investigación de la ciberbanda que, todo parece indicar, se dedicaba a comercializar el contenido de los correos electrónicos de políticos, artistas y periodistas, y también a hacer operaciones políticas. Los avances en esa causa –con la imputación del fiscal Basso– que amagan con complicarlo son, precisamente, los que habrían desatado la furia de Alderete. El militar denunciante dice que el director de Seprin le contó que cuando fue allanada su vivienda “pudo resguardar información que lo incriminaba en pequeños dispositivos de almacenamiento (pen drive) y dejando para que la Justicia llevara muchos CD con información no relevante”.

En el propio portal, Seprin se presenta ante sus lectores como un servicio de “dos partes”: una, describe, de “periodismo potencial, de opinión y de análisis, explícito y potencial, único en su tipo en la Argentina (lo decimos con orgullo”); la otra ofrece “servicios especiales o investigaciones”. La misma carta de presentación, que firma Alderete, recuerda que Seprin originalmente quería decir Servicio Privado de Inteligencia. Ahora es Servicio Privado de Información. Cuenta que se creó el 10 de marzo de 2000 y se mantuvo en el anonimato hasta 2004 cuando “llegó el momento de dar a conocer” “qué es Seprin”. La página web, añade, “tiene 500 mil accesos diarios” y “14 mil suscriptores”.

Parte de la información que habría utilizado o publicado el portal, según la imputación del fiscal Basso, sería de origen ilegal, obtenida por los ciberespías a través de phishing y hackeo de las casillas de correo electrónico de una gran cantidad de personas públicas. La investigación tomó estado público por el intento de hackeo al e-mail del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Después se comprobó que buena parte del gabinete kirchnerista, varios periodistas y hasta personajes como Susana Giménez habían sido víctimas concretas del phishing. Todos, citados por el juzgado, reconocieron como propios los correos electrónicos.

Según las pruebas que habría en el expediente, dos de los ex servicios de la SIDE y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Velázquez y Carpintero habrían proporcionado la mano de obra fundamental para realizar la maniobra. Habrían actuado en consonancia con Yofre. A los tres, Basso les atribuye la presunta participación en una asociación ilícita. Otro grupo es el de los sospechosos de haber utilizado la información de origen ilícito, donde está incluido Alderete, el general retirado Reimundes, a periodistas como Roberto García (es director de Ambito Financiero), Edgard Mainhard y Carlos Pagni, el empresario Néstor Ick y el diputado Juan José Alvarez, entre otros. Cuando finalicen una serie de medidas de prueba pedidas por el fiscal, en los tribunales de San Isidro no descartan detenciones.

Alderete cuenta en su página web cómo pasó de servicio privado de inteligencia a privado de informaciones.