El caso Pomar entra en la etapa de una doble investigación. Por un lado, las razones del accidente, algo que llevará indefectiblemente a una demanda judicial que los Pomar van a iniciar contra el Estado. Paralelamente, deberá profundizarse la pesquisa sobre las gravísimas irregularidades que tuvo el caso, empezando por una serie de rastrillajes que no se hicieron o fueron tan bochornosos que llevaron a que un pasajero, desde el piso de arriba de un micro, viera el auto volcado, mientras que la Bonaerense, con efectivos, caballos, helicópteros y aviones, no encontró nada a lo largo de 24 días.

Pomar y Villagrán vs. el Estado

Todo indica que las familias de los Pomar plantearán una demanda contra el Estado. Básicamente, van a sostener que las muertes se produjeron por el mal estado de la ruta provincial 31, poceada y sin la marcación que corresponde. Además, jugarán a favor de la demanda los numerosos pedidos vecinales de que se le produjeran mejoras a esa vía.

Según trascendió del peritaje del Duna Weekend, los cinturones de seguridad funcionaban bien, pero ninguno de los cuatro los tenía puesto. Eso llevó a que fueran despedidos y, en el caso de las dos nenas, a que cayeran como bolsas de papas porque, aparentemente, estaban dormidas. Todavía no surgió del peritaje del auto la velocidad a la que iba el vehículo.

De los primeros estudios del Duna quedaría claro que no hubo choque o roce con otro coche. No hay rastros de pintura que indiquen una colisión o un toque.

En el debate judicial es probable que el Estado argumente que hubo manejo imprudente y que no tuvieron puestos los cinturones de seguridad.

Abandono de persona

Al menos por ahora, no surge de las autopsias hechas por la Procuración Bonaerense que haya existido una sobrevida extensa. En el caso de Gabriela Villagrán se habla de minutos. Quienes hicieron el estudio de los cuerpos afirman que en las uñas de la mujer había indicios de que se arrastró, o sea que tuvo una sobrevida. Debe esperarse el análisis toxicológico, de las vísceras, que siempre trae mayores precisiones.

Y después vendrá el proceso de evaluación de la autopsia por parte de los forenses que serán peritos de parte de la familia Pomar. Demasiadas veces se han producido sorpresas en las conclusiones de las autopsias, lo que indica que hay que ser, por ahora, muy cautos.

De comprobarse la sobrevida, la demanda incluirá el abandono de personas, porque el Estado debió encontrar a los Pomar mucho antes.

Las primeras horas

Durante las últimas dos semanas de la búsqueda de los Pomar, en el Ministerio de Seguridad y la fiscalía había fuertes dudas sobre Juan Pomar, el padre de Luis Fernando. Se pensaba que podía tener escondido a su hijo. Es lo que explica la búsqueda que se hizo en el campo de Rancagua, perteneciente a la familia Pomar.

La desconfianza se centraba, entre otras cosas, en que habían tardado mucho en hacer la denuncia. Los Pomar desaparecieron a las 22 de un sábado y la denuncia se hizo al mediodía siguiente.

Ahora se sabe que la verdad es otra: Juan Pomar fue a dos comisarías, una de la Bonaerense y otra de la Federal. En ambas le dijeron que era demasiado rápido para hacer la denuncia, que esperara al día siguiente.

La ineficacia policial hace pensar que ni siquiera haciendo la denuncia aquella noche habrían encontrado el auto y los cuerpos, pero en esas primeras horas tenían una ventaja: los celulares de los Pomar todavía tenían batería y podía haberse localizado la antena por la que se cursaban las llamadas. Quienes conocen el modus operandi policial afirman que es seguro que le dijeron a Pomar que espere, que seguro que se rompió el auto, que tal vez fueron a casa de amigos y otras variantes de los mismos argumentos. Y es muy probable que aun haciéndose la denuncia no hubieran contactado de inmediato a las empresas de celulares para lograr la ubicación de los aparatos de la familia Pomar.

La llamada al 911

Como adelantó el viernes Página/12, en exclusiva, el pasajero del micro La Estrella-Cóndor que llamó al 911 vio el auto volcado dos días después del accidente, es decir el 16 de noviembre. Sin embargo, el caso Pomar no era conocido por entonces y el pasajero, Casimiro Frutos, un albañil que trabaja para el empresa Monsanto, pensó que el auto volcado era un vehículo viejo. Cuando el caso tuvo gran repercusión, el pasajero recordó lo que había visto: ya habían pasado 11 días del viaje en que divisó el auto y 13 del accidente.

Su llamado al 911 fue descartado como se hizo con muchos otros que revelaban que vieron a los Pomar subiendo a un ovni o videntes que los ubicaban en distintos lugares. La base para descartar aquel llamado fue la existencia de un acta en la que decía que la zona se había rastrillado tres veces por aire y tres veces por tierra.

Esa comunicación es la prueba de que los rastrillajes no se hicieron o fueron groseramente mal hechos. La fiscal Pollice había ordenado lo lógico: rastrillar la vía que inevitablemente habían tomado los Pomar desde el peaje de Villa Espil, el último lugar en el que se los vio, a Pergamino. Y el auto y los cuerpos aparecieron a 20 metros de esa ruta.

Hasta el momento, los jefes del operativo fueron puestos en disponibilidad, lo que significa que siguen usando uniforme, cobran sueldo y portan el arma. Por ahora simplemente esperan en su casa que les den otro puesto. Habrá que ver qué dice Asuntos Internos pero la lógica es que haya exonerados, es decir jefes expulsados de la fuerza.

No nos dejan trabajar

Es habitual que, off the record, los jefes policiales repitan una y otra vez: “El garantismo nos ata las manos, no podemos trabajar”. La derecha insiste con ese argumento y otra vez lo sacó a la luz su vocero de esta semana, el flamante ministro de Educación porteño, Abel Posse. “Los Kirchner lograron que los policías se sientan más amenazados e inhibidos en la tarea represiva que los delincuentes”, afirmó Posse. En el caso Pomar tuvieron toda la libertad para trabajar, pero se demostró nuevamente que las policías argentinas están más orientadas al arreglo con los delincuentes que a la investigación y el trabajo sistemático. Se verifica otra vez que la estrategia de darles todo el poder a los uniformados lleva al incremento del delito, al resurgimiento de los desarmaderos y a gravísimos hechos de desidia, como los del caso Pomar. Sólo puede haber un contrapeso si existe una dura conducción política, sin darles un milímetro de ventaja a los jefes policiales y con la amenaza real de una exoneración si el trabajo no se hace bien. Los desarmaderos parecen haber vuelto y con ellos la muerte en robos de autos. Y eso no es porque a los policías no los dejan trabajar sino por todo lo contrario: se les restituyó poder.