No hay que buscar en hechos recientes la explicación a los dichos de Arturo Valenzuela y sus temores por la “falta de seguridad jurídica” en la Argentina. Hay que hurgar en su pensamiento. “En los Estados Unidos se observa cierto malestar en el sistema financiero con la manera en que se manejó la crisis de la deuda; eso generó desconfianza y una reticencia muy grande para invertir, porque se percibe cierta inseguridad jurídica”, expresaba el mismo personaje al diario La Nación en un reportaje de julio de 2008. Parte de lo que está irresuelto y molesta, explicaba luego el mismo matutino, es el reclamo de ahorristas tenedores de bonos de deuda impagos.

Para tranquilidad del señor Valenzuela y los representados por sus opiniones, podría pensarse, Argentina retomó el camino de la negociación con los holdouts prometiendo un nuevo canje de deuda para los que no entraron en 2005. Y puso a disposición del mercado un fondo de garantía con sus propias reservas para despejar sospechas en un eventual default. Pero, como si nada de eso hubiera pasado, lo dicho ayer por el representante de los intereses estadounidenses en la región se parece demasiado a lo de julio de 2008: “A las empresas de mi país les preocupa la inseguridad jurídica y el manejo de la economía que hace el Gobierno; a menos que haya cambios, quedarían comprometidas las inversiones que estarían interesados en hacer”.

La desconfianza y la inseguridad jurídica, está claro, no dependen de lo que haga o deje de hacer este Gobierno. El problema es “este” Gobierno, como otros de la región, a los que el propio Valenzuela calificó como “una aberración de la democracia”. Fue el término con el que, en otro reportaje, se refirió al de Evo Morales, al cual le reprocha sus enfrentamientos con la oposición, pese a los intentos de la misma por voltearlo mediante fórmulas políticas, primero, y por vía sediciosa después.

“Hay una tendencia a pensar que la democracia es de las mayorías”, dijo en septiembre de 2006 hablando de Latinoamérica y los gobiernos con liderazgos fuertes, que Valenzuela y los suyos consideran “populistas”. “Es como tomar la declaración de Lincoln sobre la democracia, esa que dice que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y cambiarla por el gobierno de la mayoría del pueblo, por la mayoría del pueblo y para la mayoría del pueblo”, completó el concepto.

La negación de la existencia de mayorías populares y minorías que se oponen es ocultar las tensiones de una sociedad en proceso de cambio, en búsqueda de redistribuir la riqueza o simplemente el ingreso. No es una formulación inocente: es la estricta argumentación en defensa del statu quo vigente. En nombre de ese gobierno de “todos”, se reacciona ante leyes o reformas que impliquen sacarles algo a “algunos” en beneficio de una mayoría. Así, se alcanzan piezas oratorias tan sorprendentes como la de un monopolio de los medios que, ante el intento oficial de limitar su posición dominante abusiva, se exhiba como víctima del “abuso y la arbitrariedad”. O las de la compañía norteamericana Kraft-Terrabusi, que después de avasallar los derechos gremiales de sus trabajadores, se siente dañada en su seguridad jurídica por la intervención arbitral del Estado.

Quienes ostentan estas categorías de pensamiento, qué duda cabe, con Menem estaban mejor.