Luciano Menéndez conquistó su tercera condena a prisión perpetua. Santiago Riveros y Fernando Verplaetsen escucharon la primera sentencia por sus asesinatos en Campo de Mayo. Víctor Brusa marcó el debut de la corporación judicial en el banquillo. Julio Poch confirmó que Europa no renuncia a denunciar y extraditar pilotos de la muerte. Acosta, Astiz y Guglielminetti rinden cuentas ante los ojos del mundo. La sucesión de imágenes ratifica a la Argentina como ejemplo ante la comunidad internacional de un Estado que juzga los crímenes cometidos por sus funcionarios cuando un gobierno de facto lo convirtió en terrorista, y anticipa un bicentenario que también pasará a la historia por casi un centenar de represores que escucharán al fin su veredicto.

Detrás de las postales subyace un proceso intrincado. La buena nueva para quienes no se conforman con juzgar sólo a los íconos del terrorismo de Estado pasa por las 67 causas elevadas a juicio durante 2009 y el criterio de acumulación de expedientes impulsado con éxito por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Procuración General de la Nación (PGN). El último año hubo 37 sentencias en 11 juicios, con 3,4 imputados de promedio. Incluso si querellantes y fiscales renunciaran a investigar a los represores no identificados, juzgar al ritmo de 2009 a los 860 que ya están imputados demandaría 23 años. El inicio del juicio por crímenes en ESMA (con 17 imputados) y en Atlético-Banco-Olimpo (ABO, con 15), más los confirmados y previstos para 2010 (con más de 10 acusados de promedio), no sólo es imprescindible para reflejar las dimensiones del terrorismo de Estado, también para que el proceso no se eternice.

La contracara del impulso de la PGN pasa por las demoras de los Tribunales Orales Federales (TOF). Según el último informe de la PGN hay 272 imputados en condiciones de ser juzgados. Según un estudio del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS, el tiempo promedio que transcurre desde que reciben una causa hasta que inician las audiencias es de un año y medio. El caso extremo, con plazos que van de 24 a 36 meses, se da en Comodoro Py, donde este año hubo un solo juicio por secuestros y torturas que concluyó con tres absoluciones y condenas simbólicas a Jorge Olivera Róvere y Bernardo Menéndez, que gracias al TOF5 aún caminan por las callecitas de Buenos Aires.

Un arranque para el olvido

El primer semestre fue pobre en materia de juicios. En marzo concluyó en San Luis un proceso previsto para 2008. Su particularidad fueron las acusaciones entre imputados y hacia afuera: el general Fernández Gez acusó a ex subordinados que declararon como testigos. El TOF ordenó investigarlos, igual que al ex obispo Juan Rodolfo Laise, por pedirle al jefe militar de la provincia que hiciera desaparecer a un cura extraviado.

Más allá de la condena al gendarme Víctor Rei por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana, que ahora presencia el juicio a los verdugos de sus padres, la primera noticia desde Comodoro Py fue cuando un secretario del TOF5 cubrió la cámara del reportero de la agencia Télam para que no retratara a Jorge Olivera Róvere. El juez Guillermo Gordo resistió con éxito su promesa de prohibir el ingreso de camarógrafos y se despidió del tribunal con un fallo que dejó sin palabras a cuatrocientos testigos, al absolver a tres ex jefes de áreas militares porteños. La exculpación de los mandos medios revirtió el criterio de responsabilidades fijado en el Juicio a las Juntas.

Las absoluciones de Teófilo Saa, Humberto Lobaiza y Felipe Alespeiti no fueron las únicas. Días después de la elección que operadores políticos y judiciales leyeron como el principio del fin del proceso a los represores, un TOF de Mar del Plata absolvió al coronel Alejandro Duret. La viuda de Carlos Labolita, que lo reconoció a la cabeza de la patota que allanó su casa tras el secuestro, con su esposo encapuchado, se desmayó al escuchar el fallo. Las absoluciones de 2009 fueron golpes duros para sobrevivientes y organismos, al tiempo que ratificaron la independencia de los tribunales que instruyen causas por la represión ilegal

Sede del mayor centro clandestino del país, Campo de Mayo sigue siendo la gran deuda de la justicia. El 12 de agosto, luego de invocar a Dios y la virgen, fueron condenados dos de sus jefes: los generales Riveros y Verplaetsen. Pese a que por “El Campito” pasaron 5000 secuestrados, el juicio fue por un caso, probado desde el Juicio a las Juntas: el homicidio de Floreal Avellaneda. En el segundo juicio por Campo de Mayo se sumaron el último dictador, Reynaldo Bignone, y el coronel Carlos Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601. El proceso a cargo del TOF de San Martín se desarrolla en una sociedad de fomento de Vicente López, dato no menor para quienes siguen los procesos en la ciudad, cuyos tribunales orales realizan sólo dos o tres audiencias semanales ante la supuesta imposibilidad de realizar los juicios en una sala que no sea el subsuelo de Comodoro Py.

Córdoba y una muerte atípica

El segundo juicio a Menéndez en Córdoba, que en materia de condenas y participación popular avanza cómoda a la cabeza del país, no sólo pasará a la historia por su principal víctima, el ex subcomisario y militante del PRT Ricardo Albareda. Cinco días antes del inicio, fiel al pacto de sangre sellado con sus ex compañeros del Departamento de Informaciones (D2), se quitó la vida Jesús González, testigo de la llegada de Albareda al “Chalet de Hidráulica” y citado por su amigo imputado Hugo Britos. Cuando todo indicaba que iba a mentir para no traicionarlo, tras recibir dos llamados de otra torturadora del D2 y comunicarse con la familia Britos, el ex guardia del D2 prefirió matarse.

El mismo día en que Menéndez le dio un abrazo de oso a Abel Posse comenzó el primer juicio a los represores de la ESMA. La presencia de Acosta, Astiz & Cía. y la nueva conformación del TOF5 derivó en la autorización para el ingreso de los reporteros gráficos y puso fin a la prohibición a los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, símbolos de lucha y dignidad en el mundo. Días después comenzó en la misma sala el juicio a un grupo de torturadores que actuaron en Atlético, Banco y Olimpo bajo el mando del finado Suárez Mason y del condenado (libre) Jorge Olivera Róvere. El TOF2 no puso obstáculos al trabajo de la prensa, que por primera vez pudo retratar en una sala a Julio Simón, al agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti y al apropiador Samuel Miara.

El año concluyó con un hito en materia de depuración institucional: la condena a 21 años de cárcel al ex juez federal Víctor Brusa por torturar a personas secuestradas cuando era secretario del juez Fernando Mántaras, nazi confeso a quien luego reemplazó. El juicio de Santa Fe incluyó condenas a cuatro policías y, por primera vez, a una mujer: la ex guardiacárcel María Eva Aebi. El año terminó con 32 condenas y cinco absoluciones.