El veto presidencial a la ley de reforma política aceleró los plazos que contenía el proyecto aprobado por el Congreso para que los partidos cumplieran con los requisitos que establece la nueva norma y así conservar su personería electoral. A partir de febrero, la Justicia electoral comenzará a revisar las afiliaciones partidarias y las organizaciones que no lleguen al 4 por mil del padrón electoral de cada distrito dispondrán de un plazo de 90 días para completar la cantidad mínima de afiliados bajo el apercibimiento de perder su personería jurídico-política, su nombre y su sigla. También los partidos en formación tendrán un máximo de 150 días para transformar las adhesiones en afiliaciones partidarias para obtener su reconocimiento electoral o, de no conseguirlo, caducarán sus personerías provisorias. En tanto, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para dirimir candidaturas llegarán recién en agosto de 2011. Aunque los partidos o alianzas que no superen con los votos obtenidos en la interna el 1,5 por ciento del padrón nacional electoral no podrán participar de la elección general que disputará la Presidencia.

Partidos “sincerados”

La decisión del Gobierno de “sincerar” y “sanear” el sistema de partidos políticos “para terminar con lo sellos de goma” puso en jaque a los denominados partidos chicos. Y la resolución de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de vetar los dos artículos de la ley que postergaban hasta diciembre de 2011 la puesta en vigencia de las exigencias para conservar las personerías electorales, puso en marcha el reloj que ahora apremia a las organizaciones más noveles y pequeñas.

Sólo un puñado de partidos nacionales –con reconocimiento en al menos 5 de los 23 distritos electorales– puede sortear sin mayores dificultades los obstáculos de la nueva norma en base a lo recolectado en otros tiempos políticos: el PJ, la UCR, el Frente Grande (el tercero en número de afiliados después de peronistas y radicales), la Coalición Cívica, el socialismo y el macrismo, a partir de la unificación de PRO con Recrear. En verdad, el partido fundado por Ricardo López Murphy –al que renunció tras perder su conducción– es el que cuenta con reconocimiento.

El resto, casi 700 partidos (entre nacionales y provinciales), deberán lidiar con los plazos y con las dificultades para mantener a sus afiliados o ganar nuevos. Las fichas de afiliación deberán contar con los datos personales completos de cada adherente, que a su vez no deberá estar afiliado a otro partido. De ser así, la persona deberá renunciar a su anterior afiliación a través de un telegrama (con cargo al Ministerio de Interior), si no la Justicia tomará como válida la primera.

La ley establece que todos los años, tras la feria judicial, los fiscales del fuero electoral revisarán la cantidad de afiliaciones partidarias en base a la publicación que la Comisión Nacional Electoral hará los 15 de febrero, y que establecerá el piso mínimo de afiliados que se requiere para cada distrito de acuerdo con las altas y bajas de sus padrones. Deberán afrontar ese requisito los 33 partidos con reconocimiento nacional y 685 provinciales, 73 de ellos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires.

Los partidos en formación, que tramitan su reconocimiento definitivo, tendrán que sortear otros obstáculos: 150 días para transformar el 4 por mil de adherentes –que presentó para la obtención de la personería provisoria– en afiliados partidarios y otros 180 días para realizar elecciones internas y elegir autoridades. Mientras dure ese trámite, “no podrán presentar candidaturas en elecciones primarias y generales ni tendrán derecho a aportes públicos ordinarios ni extraordinarios”. Organizaciones emergentes, como Proyecto Sur, que comanda Fernando “Pino” Solanas; Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, o el Instrumento Electoral para la Unión Popular que empuja la CTA con Víctor De Gennaro, entre otros, están en esta situación.

Otros partidos con larga tradición política pero con escaso caudal electoral también afrontarán dificultades. La nueva ley establece que si un partido no se presentara en dos elecciones consecutivas, o sacara menos del 2 por ciento del padrón electoral en cada una de ellas, también perderá su personería. Una amenaza que afrontan la mayoría de los partidos de izquierda.

2011, la era de las primarias

Si el rechazo al veto presidencial que promueve la mayoría de los partidos opositores en el Congreso no prospera, el Gobierno pondrá en marcha la principal motivación de la reforma política: la realización de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos presidenciales y a cargos electivos nacionales. Sólo podrán participar de este proceso los partidos con personería. Las provincias que no adhieran a la nueva normativa elegirán a sus candidatos de acuerdo a lo que establecen sus respectivas leyes vigentes. Estos son los ejes principales de ese proceso:

- Se establece primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todos los partidos y alianzas electorales para la designación de candidatos. Pero no habrá padrones partidarios, es decir que los ciudadanos en condiciones de votar lo podrán hacer en la interna que elijan.

- Se fija el segundo domingo de agosto como fecha para las primarias conjuntas, en los años de elecciones generales.

- No podrán ser candidatos las personas procesadas por crímenes de lesa humanidad o por violaciones graves a los derechos humanos. Tampoco el personal superior o subalterno de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ni los magistrados ni directivos o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas.

- Todas las líneas internas de un mismo partido o de los distintos que componen una alianza serán parte de la junta electoral. También podrá realizarse corte de boletas, para los distintos cargos electivos, como en una elección general.

- Habrá designación de colores en las boletas partidarias tanto para las elecciones primarias como generales.

La general

Pero la idea del Gobierno “de fortalecer los grandes partidos nacionales” –que desde el centroizquierda se denuncia como el regreso del bipartidismo– también genera otras exigencias a los partidos y alianzas que atraviesen el sistema de primarias. Entre otras:

- No podrán ser candidatos quienes no hayan participado de las primarias.

- Los partidos o alianzas que no superen en la votación de las primarias el uno y medio por ciento del padrón electoral no podrán participar de la elección general.

- Se eliminan las listas colectoras o espejos.

- Habrá un solo padrón electoral unificado. No existirá más la división por sexo.

- Las empresas no podrán aportar al financiamiento de los partidos políticos. Los aportes deberán ser de personas física pero no jurídica.

- Se prohíbe la difusión de encuestas sobre intención de votos ocho días antes de la elección general. Los partidos que no respeten la norma sufrirán sanciones económicas, mientras que los medios audiovisuales podrían perder hasta la licencia.

- El Estado repartirá los espacios de publicidad audiovisual de todos los partidos y alianzas. El 50 por ciento será repartido por igual y el 50 restante de acuerdo a los porcentajes alcanzados por cada uno de ellos en la última elección general.