“Sí, es él, tiene el pelo más corto, pero es él”, dijo ayer Sara Derotier de Cobacho en rueda de presos, y señaló al policía que fue detenido por el robo que sufrió hace una semana en su despacho de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Tres empleados de ese organismo también reconocieron a Juan Manuel Mateos, que está acusado de robo calificado por uso de arma y por su condición de funcionario público. El martes habían aparecido, en extrañas circunstancias, la computadora portátil de la funcionaria y otros elementos sustraídos durante aquel asalto. Pero faltan aún los teléfonos celulares de Cobacho y los legajos con expedientes que se llevaron de la caja fuerte, de juicios y causas por delitos de lesa humanidad de la dictadura, y de casos actuales como la desaparición de Luciano Arruga. “Lejos de esclarecerse, esto se hace cada vez más confuso”, dijo a Página/12 la secretaria de Derechos Humanos de la provincia.

Consultada sobre las razones de su afirmación, y si en esa confusión tiene que ver la Policía Bonaerense, Cobacho respondió: “Más que la policía es la Justicia, porque hay tres investigaciones, la de (el fiscal Marcelo) Martini, la del juez (de Garantías, Fernando) Mateos, y las cosas devueltas fueron al juzgado de (César) Melazo”. La funcionaria había expresado dudas sobre la información que le dieron en principio las autoridades de Seguridad bonaerense sobre la situación de Mateos en la fuerza y su presunta exoneración. Fuentes del caso confirmaron a este diario que este policía de la División Narcotráfico fue puesto en disponibilidad en diciembre por su vinculación con el homicidio del joven Santiago Pellegrini, ocurrido ese mes en Gonnet. Mateos fue detenido el 1º de enero en su casa, donde los investigadores encontraron 11 mil pesos que habrían sido parte del botín obtenido en la secretaría. Su abogado es Marcelo Peña, ex defensor del cura represor Christian von Wernich.

Además de la dispersión investigativa, que podría resolverse cuando se acumulen los expedientes en uno, las dudas de la funcionaria y del fiscal Martini están referidas a la entrega de los elementos recuperados del robo. Cuatro hombres y una mujer entregaron la notebook, que pertenecería a Cobacho, una cámara de fotos y una filmadora a un policía de Narcotráfico que sería compañero de Mateos. Estas personas habrían sido identificadas, aunque no demoradas, por lo cual el fiscal Martini ya dio intervención a Asuntos Internos de la Bonaerense por considerar que la entrega fue cuanto menos “irregular”, y que los receptores del material no tomaron ningún recaudo para colaborar con la investigación del hecho. Personal de esa división estuvo ayer reunido con la secretaria de Derechos Humanos por la misma razón. Cobacho fue citada para hoy al juzgado de Melazo para reconocer la notebook, en la que había volcado varias denuncias recientes sobre delitos cometidos por policías.

Cuando la funcionaria fue notificada de la detención de Mateos también dudó de que fuera el mismo que la había asaltado, el miércoles 30 de diciembre a las cinco y cuarto de la tarde, en su despacho del edificio de la calle 8 y 54, en pleno centro de La Plata. La información indicaba que el policía tiene 26 años y para ella el atacante pasaba los 40. “En ese momento estaba demacrado, ahora se cortó el pelo con flequillo, pero el rostro es inconfundible”, dijo a Página/12 luego de participar de la rueda de reconocimiento que duró unas cinco horas. “Nos hacían pasar de a uno”, agregó al referirse a los siete empleados que la acompañaron, quienes durante el ataque fueron encañonados y atados con precintos. Tres de ellos coincidieron con Cobacho en el reconocimiento de Mateos, mientras que los demás afirmaron que no lo habían visto bien durante el robo o expresaron dudas. De todos modos, los investigadores estaban confiados en que se trataba de la misma persona porque sus huellas digitales fueron encontradas en el despacho de Cobacho. Pero no dieron aún con el otro asaltante, ni tampoco pudieron establecer si hubo más cómplices.

En su declaración ante el fiscal, Cobacho había reiterado que “no se trató de un robo común” y vinculó el hecho con “nichos de corrupción que todavía están enquistados en la Policía Bonaerense”. En diálogo con este diario había precisado que tenía varias denuncias referidas al reclutamiento de menores por parte de uniformados para obligarlos a delinquir. Esa habría sido la razón de la desaparición de Arruga, quien según sus familiares se habría negado a ser parte de esas bandas armadas por policías.