El día en que Ricardo Santillán se puso el uniforme de la Policía Bonaerense para encabezar una marcha piquetera sabía que si sobrevivía al riesgo de que los manifestantes los abuchearan (primero) y a la cólera de la Jefatura después, estaría obligado a doblar la apuesta. Así son las cosas cuando se hace equilibrio sobre un alambre en tensión: aquella marcha le costó una suspensión de 20 días, pero también le dio el apoyo de sus vecinos del asentamiento El Tambo, tan empobrecidos como él, y lo lanzó hacia adelante. Ahora recorre las comisarías del Conurbano con un petitorio para formar un sindicato de suboficiales. El petitorio señala dos cosas: que los policías signantes quieren agremiarse y que no quieren reprimir el conflicto social.
En el último mes, el petitorio reunió las firmas de 500 uniformados. La idea de que un policía se oponga a la represión suena tan inusual que para muchos debería integrar el terreno, no de las utopías, sino ya el de la alucinación. Sin embargo, las 500 firmas están ahí. Santillán argumenta que él tiene a su hermano sin trabajo y que la mayoría de sus colegas también tiene familiares desocupados, por lo que el rechazo a disparar contra los manifestantes no debería ser visto como un sentimiento irracional o infundado. La iniciativa refleja cómo la profundización del conflicto social va calando todos los sectores, generando dudas y malestares incluso en el interior de las instituciones policiales.
El texto de la solicitud dice:
u “Por la presente nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de integrantes de la Policía de Buenos Aires, a fin de peticionar ante el Ministerio a su cargo para que se nos conceda el derecho a sindicalizarnos, apoyados en nuestra condición de trabajadores de la seguridad pública. Fundamos nuestra solicitud en el reconocimiento que la Organización Internacional del Trabajo hace de este derecho; también en que el mismo es ejercido por las fuerzas policiales en la mayoría de los países desarrollados, abarcando todas las prerrogativas de la sindicalización, a excepción del recurso de apelar a la huelga para sostener sus reclamos sectoriales”.
u “Desde ese encuadre y al igual que otros tantos sindicatos de policías en otros lugares del mundo, aspiramos a inhibirnos por reglamento de llevar adelante la represión de manifestaciones o acciones que reivindiquen o defiendan derechos humanos, civiles, políticos o religiosos”.
Este último aspecto, el del rechazo a disparar contra los manifestantes, es el punto distintivo del proyecto de sindicalización, tema sobre el que se vienen impulsando (sin mayor suerte) distintas iniciativas desde finales de la década del ‘90.
La agremiación policial fue planteada por primera vez en 1997, por la policía tucumana. Lo siguieron seis casos más, con la formación de sindicatos en la provincia Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, San Juan, Chaco y la Capital Federal. Hasta ahora, ninguno de ellos obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Trabajo.
La jurisprudencia argentina está en contra. Graciela Podestá, legisladora bonaerense y autora de un proyecto de ley de sindicalización, agrega que los partidos con peso parlamentario también. “Salvo algunos diputados, el grueso miró para otro lado, nadie se animó a tratar la propuesta”, dijo a Página/12 (ver aparte).
Podestá defiende la agremiación porque la considera una herramienta de democratización interna de la fuerza. Señala, además, que “los policías proclives a la sindicalización son quienes se han presentando a la Justicia para denunciar hechos de corrupción de las jerarquías”, aunque reconoce que el interés por agremiarse puede convivir y potenciar ideas de cualquier signo político, tanto reclamos de no criminalización de la pobreza como posturas defensoras de la mano dura. El sindicato de policías de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pidió el retorno de los edictos policiales y el tratamiento de una ley que baje a 14 años la imputabilidad de los menores que delinquen.
Santillán, en cambio, habla desde el lugar del piquetero. El hombre tiene su costado ácido.
–¿Por qué vino a la manifestación uniformado? –le preguntó un periodista cuando marchó con los desocupados a Plaza de Mayo.
–Porque los que vienen a reprimir andan de civil –respondió él.
Antes de querer ser el policía de la esquina, Santillán fue panadero, albañil, trabajador precario. Entró a la Bonaerense con 27 años, hace una década. Nació en La Matanza, donde todavía vive en una casa alquilada en el asentamiento El Tambo, con su mujer y dos hijos. Participa en los cortes de ruta desde que se creó la Federación de Tierra y Vivienda, la organización de desocupados de la CTA que preside Luis D’Elía, de quien es ahijado de bautismo. A Santillán lo criaron los piqueteros.
Para su campaña de recolección de firmas va a las comisarías del Gran Buenos Aires con un colega al que pasaron a disponibilidad. Se movilizan en una camioneta a gas de prestado. Cuando llegan a un lugar, se presentan al jefe de la unidad, explican sus motivos y piden autorización para hablar con sus pares. “La mitad se va antes de que llegue al final, pero otros se quedan y algunos acuerdan con la propuesta”, detalló a este diario. Santillán dice que se inspiró en “el modelo del sindicato de Curaçao, que en el primer punto de su estatuto prohíbe a los policías sindicalizados obedecer órdenes de represión contra actividades de protesta sociales, políticas o religiosas”.
–¿Qué otros objetivos propone para el sindicato?
–Que podamos sacar a los delincuentes disfrazados de policías, echarlos de la institución. Que podamos expresarnos, tener voz y voto, porque el reglamento nuestro, que es de la época de la dictadura, no nos permite opinar, ni hablar, ni mezclarnos con los civiles. Todo eso debería empezar a cambiar.
Las organizaciones piqueteras no tienen una postura común sobre la sindicalización de la policía ni en relación a este proyecto puntual. Néstor Pitrola (del Polo Obrero) dijo que “una iniciativa de este tipo naturalmente cuenta con toda nuestra simpatía, ya que en épocas de cambio social es fundamental el quiebre de los aparatos represivos”. El dirigente recordó que “durante el Cordobazo vastos sectores de la policía se negaron a reprimir, con lo cual los manifestantes controlaron la ciudad hasta que a las cinco de la tarde llegaron las tropas del Tercer Cuerpo” de Ejército.
En cambio, Carlos Chile, del Movimiento Territorial de Liberación (línea piquetera del Partido Comunista), manifestó su oposición. “Esto no se resuelve con una sindicalización de la policía”, sostuvo. “El tema no es que haya policías buenos o malos, sino que existe una institución profundamente corrupta con una organización piramidal, jerárquica, en cuyo interior hay a la vez grandes mafias ya sindicalizadas, se sindicalizaron como quisieron. Por eso cuando nosotros decimos que se vayan todos también incluimos en ese todos a la institucionalidad existente, que conspira contra la propia evolución de la sociedad.” Chile consideró que la iniciativa de Santillán “es una movida de Luis D’Elía para aparecer en los medios”.
Gustavo Giménez, coordinador del Movimiento Teresa Vive (del MST), señaló que su organización persigue “el desmantelamiento del aparato represivo, del cual la policía es una parte” y que “en ese marco el hecho de democratizar por una vía real a Bonaerense, en el sentido de que los efectivos tengan derechos sindicales y políticos, sería un avance”.
En otras organizaciones piqueteras consultadas por Página/12, como Barrios de Pie (CTA) y la Coordinadora Aníbal Verón, explicaron que el tema no fue debatido internamente, por lo que todavía no tienen una postura definida.
En estos tiempos en los que la policía asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ahogó en el Riachuelo a Ezequiel Demonty y quedó fuertemente sospechada del atentado contra Estela Carlotto, ¿hubo gestos concretos de policías que rechazaran órdenes de represión?
Tanto Giménez como Pitrola dijeron que en los cortes de ruta “ha sucedido que algunos policías se acerquen a dar un apoyo verbal, a decir que ellos tienen familiares desocupados”. El segundo puntualizó que hubo cierta expresión de ese malestar en el conflicto de la fábrica Lavalán, de Avellaneda, “cuandola infantería dejó en el suelo sus armas y muchos nos hicieron llegar que no estaban de acuerdo en disparar, aunque de cualquier modo nunca se retiraron del sitio”. A la fábrica, recuperada por sus trabajadores, llegó una orden judicial para retirar 200 toneladas de lana. Los obreros se negaron a entregarla, con apoyo de piqueteros y asambleas, que manifestaron frente a sus puertas. La materia prima quedó dentro de Lavalán.
Santillán anticipó que va a presentar el petitorio ante el Ministerio de Seguridad una vez reunidas mil firmas. Hasta ahora recorrió seccionales de cuatro municipios del conurbano: La Matanza, Morón, Quilmes y Tres de Febrero. Asegura que, aunque se topa con caras fruncidas, ningún jefe le prohibió entrar a su comisaría para hablar con los suboficiales, ante los que formula sus discursos contra la represión del pobre contra el pobre. El dato es tan increíble como que todavía se mantenga a flote dentro de la fuerza.