“Esto va a ser un amasijo, todo sea por la pluralidad de criterios”, comentó un diputado justicialista al ver cómo iba creciendo el número de legisladores autopostulados para conformar la Comisión de Juicio Político que analizará los pedidos de remoción contra la Corte Suprema. La comisión quedó finalmente conformada ayer por 31 miembros y para el próximo jueves tendría definido cuáles de las 28 denuncias contra los supremos serán admitidas y analizadas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, ya había acumulado demasiados reclamos sobre su escritorio –particulares, colegas, ONG– por la demora en la conformación de la comisión que sustancia los juicios políticos. Faltaba la venia del Gobierno, a su vez “amenazado” por la Corte con no avalar el corralito en su versión más estricta. Alguna mínima respuesta al reclamo popular generalizado contra el alto tribunal era necesaria. Y los tiempos de un posible proceso de juicio político, tanto como el desenlace, son perfectamente manejables. Esta salida, además, no colisiona con la prédica del ministro de Justicia, Jorge Vanossi, en pos de una salida constitucional al asunto.
Tal como quedó armada, la Comisión de Juicio Político está presidida por Sergio Acevedo, un peronista de Santa Cruz, cercano al gobernador Néstor Kirchner. Lo secunda en la vicepresidencia la diputada del Frepaso Nilda Garré. La mitad de los miembros son peronistas. El resto son miembros de la UCR, el ARI, Fuerza Republicana y Frente de Todos, entre otros. Ayer fueron divididos en tres subcomisiones entre las cuales, a su vez, se repartieron los 28 pedidos de juicio –17 presentados por particulares y el resto por legisladores de varios partidos– contra todos o algunos de los ministros de la Corte. Los grupos analizarán los planteos de aquí a la semana próxima y el jueves definirían a cuáles les darán curso.
Los expedientes que cobren vigor serán luego estudiados en detalle por la comisión, que buscará pruebas, cotejará datos, podrá llamar a los involucrados para hacer un descargo y, recién después, elaborará un dictamen para que sea evaluado por la Cámara de Diputados. La totalidad del cuerpo podrá formular, o no, la acusación ante el Senado, que tendrá la última palabra.
“Existen presupuestos muy fuertes para la admisibilidad de la apertura del proceso de juicio político”, sostuvo Acevedo. Uno de sus pares peronistas dijo a Página/12 que “hay intención de trabajar rápidamente, lo que no quiere decir que haya conclusiones en el corto plazo, la Corte no es cualquier tribunal”. Un tercer legislador fue más lejos: “La presión de la opinión pública hace pensar que la suerte para la Corte está echada, aunque nadie descarta que haya renuncias”.