Los policías federales que asesinaron a cinco personas el 20 de diciembre irán presos. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron que fueran llamados a declaración indagatoria una veintena de agentes identificados como los que apretaron el gatillo durante la batalla de Plaza de Mayo. Acusados de homicidio agravado, no tienen posibilidades de seguir en libertad y así lo dispondría la jueza María Servini de Cubría tras escucharlos e interrogarlos, a partir de la semana próxima cuando empiecen a desfilar por su juzgado tras los interrogatorios del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov (ver aparte). Además, la magistrada estudia la posibilidad de decretar la inconstitucionalidad del decreto por el cual el ex presidente Fernando de la Rúa estableció el estado de sitio antes de retirarse del poder, tal como solicitaron los fiscales en su dictamen de ayer. Servini decidió interrogar también al ex viceministro del Interior Lautaro García Batallán para que confirme si el ex presidente Fernando de la Rúa y su entorno en la residencia de Olivos ordenaron la represión, tal como dijeron los diputados Luis Zamora y Marcela Bordenave.
La declaración que prestará el ex funcionario delarruista será testimonial, por lo cual está obligado a hablar y bajo juramento de decir la verdad, aunque aún no fue determinada la fecha. Zamora y Bordenave sostuvieron que en una conversación mantenida aquella mañana el propio García Batallán les dijo que era necesario tener “despoblada” la Plaza de Mayo para negociar el no alejamiento de De la Rúa del Gobierno, y que por eso la represión habría sido una decisión que tomó el ex presidente con su entorno. La idea era que la represión televisada disuadiera a la gente de seguir acudiendo a la plaza. García Batallán ya contestó que esa fue una interpretación “descabellada y absurda” por parte de los legisladores. Comparatore y Evers pidieron la indagatoria de un grupo oficiales y suboficiales que reprimió con gases y escopetas 12.70, cargadas con perdigones de plomo en lugar de cartuchos antidisturbios, en la Plaza de Mayo, la Plaza de los Dos Congresos, en el tramo de Avenida de Mayo desde Casa de Gobierno hasta avenida 9 de Julio y cerca del Obelisco. A través de videos (de canales de televisión y aficionados) y las precisiones que aportaron los testigos que declararon en la fiscalía pudieron ser identificados una veintena de policías, entre los cuales se encuentran los autores materiales de los cinco asesinatos. Los investigadores se negaron a dar más precisiones y pidieron a la jueza que implante el secreto de sumario. Sin embargo, Página/12 pudo saber que en ese grupo se encuentran los efectivos de civil que tiraron desde un Fiat Palio hiriendo a Martín Galli y matando a Alberto Márquez.
Tras una relectura de los artículos 23, 75 y 99 de la Constitución Nacional los fiscales concluyeron que el ex presidente De la Rúa, además de estar imputado en la causa por homicidio agravado, habría incurrido en violación de sus deberes de funcionario al decretar el estado de sitio que rigió en Argentina a partir del 20 de diciembre. Consideran que no estuvo dada la situación que lo justificaba. Pero, más importante, entienden que la medida que suspende las garantías constitucionales debió haber sido dictada por el Congreso, que por esas horas estaba sesionando en forma extraordinaria. La jueza Servini analiza el planteo de los fiscales pero quienes conocen sus convicciones aventuraron ante este diario que aceptará el razonamiento. Esto es, declararía la inconstitucionalidad del decreto en el cual se amparó la represión del 20, de inéditas dimensiones.
De hecho, el comisario mayor Norberto Gaudiero, que condujo las operaciones represivas, declaró que cuando le comunicó a Santos la orden de Servini de frenar el procedimiento el ex jefe de la Federal respondió que “el estado de sitio está por encima de la Justicia”. Si el estado desitio fue inconstitucional los acusados de este caso pierden su principal argumento de defensa.
En un extenso dictamen, los fiscales pidieron secuestrar los automóviles no identificados con los que se movió la Policía aquel día, y el armamento utilizado que no fue secuestrado en las primeras horas, para someterlo a los peritajes correspondientes. También citaron al gerente de la sucursal del HSBC que funciona en Avenida de Mayo 701 donde murió Gustavo Benedetto, quien murió al ser baleado desde adentro del edificio, y a una chica que aseguró haber visto desde su balcón cómo le dispararon desde un Fiat Palio a Diego Lamagna, que cayó muerto en la esquina de Bernardo de Irigoyen e Hipólito Yrigoyen. Además, los investigadores buscan los testimonios de unos 150 heridos leves. Hay otro testigo en condiciones de identificar a un policía que disparó montado en una moto, por lo cual solicitaron a la Federal la nómina de los efectivos que reprimieron motorizados.