A menos de dos meses de haber salido a la calle, la Policía Metropolitana tendría su primera purga. Tras conocerse otros 14 casos de oficiales con causas judiciales, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, ordenó disolver el área de reclutamiento de la nueva fuerza. Según informaron en la gestión PRO, la admisión de policías dependerá de ahora en más de un civil, que formará parte del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se entrenan los cadetes porteños. Montenegro decidió, además, crear una comisión que revisará “legajo por legajo” el pasado de los metropolitanos. Se trata de la primera medida que ensaya el macrismo desde la salida de Jorge “Fino” Palacios, que dejó una pléyade de oficiales de su riñón, muchos de ellos con procesos pendientes.

Los cambios que dispuso el ministro de Justicia son, además, la asunción del nuevo golpe que implicó esta semana el escándalo del comisionado Fausto Colombo y otros 14 oficiales que ingresaron con su prontuario a cuestas. Y llegan tras la sucesión de polémicas que llevaron a la renuncia de dos de los jefes de la Metropolitana, Palacios y Osvaldo Chamorro, uno procesado por el encubrimiento de la causa AMIA y detenido por el caso de espionaje de Ciro James, y otro involucrado en investigar a opositores porteños.

Colombo está acusado de cobrar coimas para proteger tres prostíbulos vip. La causa –en la que está involucrado otro ex alto oficial de la Metropolitana, Carlos Roncatti– estaría por ser elevada a juicio oral. En la Metropolitana hay, por lo menos, 14 ex comisarios más con causas judiciales, que fueron desplazados por faltas graves de la Federal entre 2003 y 2006 y también otros 20 policías de menor rango. En buena parte, son la herencia de Palacios que Macri no quiso tocar.

Uno de ellos fue acusado de matar a una prostituta. El oficial contrató sus servicios cuando era subcomisario de la Federal y la mató de cinco disparos. Fue procesado por homicidio, pero luego la Justicia lo sobreseyó por entender que actuó en defensa propia (la mujer lo habría atacado a puñaladas). Sin embargo, fue separado de la Federal. Otros cinco ex comisarios fueron procesados por peculado. Habrían modificado planillas de gastos de comida y adicionales para llevarse el dinero. Al menos, uno de ellos se sumó hace un año a la Metropolitana.

Los 14 incorporados habían sido separados de la Federal en la purga de mayo de 2004, en la que también echaron a Colombo y Chamorro. Por ahora, la gestión PRO optó por no separar de sus cargos a estos 14 oficiales –-como sí hizo con Colombo–, aunque iniciará una investigación sobre todos los legajos. “Se los va a poner bajo la lupa. No vamos a hacer caza de brujas, pero si encontramos personas que hayan ocultado causas, los vamos a echar”, señalaron a Página/12 cerca de Montenegro.

El ministro estuvo reunido ayer con la plana mayor de su gabinete y resolvió crear una comisión del Ejecutivo, que actuará al margen de la que los opositores reclaman que funcione en la Legislatura. La presidirá el propio Montenegro y tendrá miembros de su gabinete y de la academia policial. “Se van a revisar absolutamente todos los legajos”, prometen en la gestión PRO. Los macristas plantean que el caso de Colombo dejó claro que el certificado de reincidencias no da certezas, por lo que se proponen hacer consultas a ONG de derechos humanos, de control gubernamental y a otras fuerzas policiales. También aseguraron que se van a “extremar los controles” con las nuevas incorporaciones.

Hasta ahora, la política de la gestión PRO respecto de los legajos, no fue precisamente de apertura. Los legisladores de la oposición los solicitaron en varias oportunidades, sin éxito. Al kirchnerista Juan Cabandié, la Policía Metropolitana le respondió en enero de este año que “no resulta posible acceder a la solicitud de informar la nómina completa de los agentes que entrarán en servicio (...) dado que se encuentra en proceso de integración”. Habrá que ver si, con la nueva comisión, se les permite a las ONG acceder a esa nómina y en qué condiciones.

En tanto, Montenegro decidió disolver la división reclutamiento de la Metropolitana, que pasará a depender de la academia policial, cuyo rector es el ex juez Miguel del Castillo. Habrá un civil a cargo del reclutamiento; ayer todavía no estaba definido quién será. Aunque los macristas se esfuerzan en negarlo, la medida implica un recorte de poder al jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, que –cuando asumió Macri–- esperaba ocupar el cargo que hoy tiene Montenegro. Una interna en sordina sobre la que todavía no se escribió el último capítulo.