La presidenta Cristina Kirchner, fiel a su estilo de manejarse con el efecto sorpresa, afirmó delante de los 17 gobernadores que almorzaron ayer en Olivos que podría eliminar el impuesto al cheque, como forma de saldar la disputa en el Congreso, donde la oposición pretende la coparticipación del 100 por ciento del tributo. El Ejecutivo tiene previsto recaudar por este impuesto 23.500 millones de pesos, de los cuales 3500 se coparticiparían. El proyecto opositor apunta a incrementar esa distribución en 10.000 millones de pesos. “El impuesto al cheque es totalmente regresivo, por eso lo más lógico sería eliminarlo en el mediano plazo. Si bien la Nación se vería perjudicada en un primer momento, esos recursos podrían recuperarse con un horizonte de crecimiento del PBI para los próximos años”, afirmó a Página/12 el economista del Cefid-AR Jorge Gaggero. La puja por el impuesto al cheque esconde una disputa mayor: la necesidad de una nueva Ley de Coparticipación y una reforma tributaria, dentro de la cual las provincias podrían hacer lo suyo.

El impuesto en cuestión fue un invento –de emergencia– de Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de la Alianza, pensado para sostener en plena crisis de 2001 una convertibilidad que ya agonizaba. En 2002 se definió que este tributo se coparticiparía en un 70 por ciento para el Estado nacional y el 30 por ciento restante para las provincias. Sin embargo, de esa masa coparticipable aproximadamente el 15 por ciento es redireccionado hacia la Anses. Desde 2006, el Congreso fue prorrogando año tras año este impuesto, salvo en 2009, donde la prórroga fue por dos períodos, ya que el oficialismo quiso asegurarse estos recursos hasta el final de su mandato, antes del recambio parlamentario.

La actual disputa alrededor de la coparticipación del impuesto al cheque esconde un tema más de fondo, que tiene que ver con la relación fiscal entre la Nación y las provincias, la necesidad de un nuevo esquema de coparticipación, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, y la sanción de un esquema tributario más progresivo. El tributo en debate representa el 1,9 por ciento del PBI. Su coparticipación representa un 0,3 por ciento del producto bruto, que el Estado cede a las provincias. Es decir que si el Ejecutivo decidiera eliminar totalmente este impuesto estaría perdiendo aproximadamente el 1,6 por ciento de su PBI.

“Es una apuesta fuerte, que podría haberse realizado hace tiempo, cuando el país crecía a tasas del 8 por ciento. El impuesto al cheque es regresivo, se transfiere a los consumidores y las pymes. Es más parecido al IVA que a un impuesto patrimonial”, indicó a este diario Gaggero.

De eliminarse por completo este tributo, las provincias dejarían de recibir 3500 millones de pesos (lo proyectado para este año según el Presupuesto). La oposición quiere aumentar la coparticipación para torcerle el brazo al Ejecutivo, más allá de que en público reclame una “distribución más federal de los recursos”.

Dentro de la pelea para obtener mayores recursos, las provincias podrían impulsar también una fuerte reforma tributaria en sus jurisdicciones, más allá de que la coparticipación siga pendiente. Por ejemplo, el Impuesto Patrimonial de las provincias representa solamente el 0,9 por ciento del PBI. En Mendoza no se revalúan los inmuebles desde 1994. En Santa Fe, desde 1992 la industria, la construcción y el agro están exentos de ingresos brutos. “Una revaluación de los inmuebles y las tierras en la Pampa Húmeda podría ayudar a compensar la eliminación del impuesto al cheque”, concluyó Gaggero.