El titular del PJ, Néstor Kirchner, reunirá el miércoles de la próxima semana a la cúpula nacional del peronismo en La Plata para discutir con los gobernadores oficialistas la elaboración de una nueva ley de coparticipación de impuestos. Para el convite, el ex presidente eligió el mismo día en que la oposición intentará aprobar en el Senado el proyecto para ampliar el porcentaje del impuesto al cheque que se coparticipa. De esta forma, buscará contener a la tropa propia.

Es la primera reunión de la Mesa Nacional del PJ desde noviembre del año pasado, cuando rechazaron la renuncia de Kirchner a la presidencia del partido. El diputado reunirá a los gobernadores y dirigentes peronistas en una cena, con la idea de contener a los mandatarios provinciales ante la iniciativa opositora, que les permitiría aumentar los recursos de los que disponen en sus gestiones. No se descarta que el gobierno nacional negocie, a cambio, más ayuda financiera para sus provincias, mediante el Programa de Asistencia Financiera (PAF).

“La reunión es para que se discuta, entre otros temas, la coparticipación federal”, indicó el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quien señaló que la discusión “es muy compleja y a largo plazo, pero no imposible”. También aseguró que el Gobierno tiene la idea de “agrandar la torta” que se reparte entre las provincias, para lo que se tendrá en cuenta “el excedente de recursos que están por arriba de lo presupuestado”.

Luego de que la presidenta Cristina Fernández les anunciara a los gobernadores que piensa derogar el impuesto al cheque en 2011, el debate sobre un proyecto de ley de coparticipación federal se dará en el PJ. La intención es que de ese espacio salga un proyecto de ley que se eleve al Gobierno y luego al Congreso, en no menos de seis meses. La reforma a la actual Ley de Coparticipación Federal debe hacerse mediante una “nueva ley convenio” y debe contar con el apoyo de los 24 mandatarios provinciales, ya que con la negativa de uno solo no se podría modificar la vigente, según lo establecido por la Constitución nacional, tras la reforma de 1994. La Constitución también dispone que ninguna provincia podrá recibir menos dinero del que recibe actualmente.