El debate sobre los alcances de los abortos no punibles llegará el martes a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal tendrá entonces la oportunidad, por primera vez, de expedirse sobre el tema, a partir de la presentación de un recurso de queja promovido por el Partido Socialista pampeano, en el marco de la disputa legal que lleva adelante para que se declare inconstitucional el veto que decretó el gobernador Oscar Mario a una ley aprobada por la Legislatura provincial que reglamentaba la atención de los abortos no punibles con una interpretación amplia de los permisos previstos en el Código Penal. La normativa vetada compartía los criterios de la Guía Integral de Atención de los Abortos No Punibles, que redactó el Ministerio de Salud de la Nación y que, según se anunció oficialmente hace pocos días, será relanzada convertida en resolución ministerial.

El 23 de marzo el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechazó un recurso extraordinario federal, que el PS había elevado a fin de diciembre, como parte de la misma demanda en defensa de la ley que llevó el Nº 2394. Esa norma, impulsada por el diputado socialista provincial Adrián Peppino, fue aprobada el 29 de noviembre de 2007 por la Legislatura pampeana por amplia mayoría: 18 votos a favor y sólo 5 en contra. Pero el gobernador Mario la vetó a poco de asumir su cargo, en sintonía con los reclamos del obispado local.

¿Cuál es la discusión de fondo que podría despejar el máximo tribunal? Cómo debe interpretarse el concepto de salud a la hora de decidir un aborto terapéutico, considerado no punible o legal, en el país. La ley pampeana –siguiendo jurisprudencia de la propia Corte Suprema– hablaba de “salud integral” y la definía como un “estado de bienestar físico, psíquico y social”, del mismo modo que lo hace la Organización Mundial de la Salud. El gobernador Jorge, en cambio, apoyó un criterio antiguo, el mismo que enarbolan los sectores más conservadores vinculados con la Iglesia Católica para restringir el acceso a los abortos no punibles y que se refiere a la ausencia de enfermedad.

La representación legal del PS la lleva el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien explicó a Página/12 que el rechazo de la Corte pampeana al recurso extraordinario se basó en cuestiones formales.

El 15 de diciembre, el Superior Tribunal había rechazado también la acción declarativa de inconstitucionalidad del veto a la ley con el único argumento de que los partidos políticos no tienen legitimación procesal para promover acciones colectivas en defensa de grupos vulnerables, en este caso mujeres de escasos recursos que reclaman la realización de un aborto no punible en un hospital público y se encuentran con obstáculos arbitrarios, el primero de los cuales suele ser la exigencia de una autorización judicial.

La ley vetada establecía el procedimiento que debían seguir los hospitales públicos ante el pedido de una interrupción de un embarazo en los casos contemplados en el artículo 86 inciso 1º y 2º del Código Penal, es decir, cuando la vida o la salud de la mujer corra riesgo o si la gestación proviene de una violación o un abuso sexual sobre una mujer que sufre discapacidad mental. Fundamentalmente, fijaba que no era necesaria una autorización judicial para llevar adelante las intervenciones.

El principal argumento para vetarla radicó –tal como informó oportunamente este diario– en que el texto de la ley introducía, para el gobernador, “interpretaciones a la legislación de fondo” que ampliaban y modificaban la aplicación de una figura penal, en este caso, la referida a los abortos no punibles. Y en ese sentido, invadía la esfera del Congreso Nacional al reformar el Código Penal. Por esa razón la consideró “inconstitucional”. Fundamentalmente, objetó que la norma dejaba asentado que al analizar los casos de aborto terapéutico debía entenderse el concepto de salud como el “bienestar físico, psíquico y social”, definido en otra ley provincial, en consonancia con los lineamientos de la OMS. Esa misma visión es la que establece la Guía Integral de Atención de los Abortos No Punibles, redactada por el Ministerio de Salud de la Nación, que estuvo cajoneada en los dos últimos años y que ahora será convertida en resolución ministerial, según anunció días atrás la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro.

Los abortos no punibles están contemplados en el Código Penal desde 1921. Sin embargo, todavía son motivos de discusión. En los últimos años varias mujeres, muchas de ellas niñas violadas, tuvieron que transitar un tortuoso camino judicial para acceder finalmente a una interrupción de un embarazo legal, por las trabas que les impusieron médicos, comités de bioética de hospitales públicos y también defensores oficiales y jueces, a veces por desconocimiento, pero muchas más por querer imponer sus convicciones personales contrarias a la práctica del aborto. En ciertas ocasiones, incluso, los obstáculos provienen de funcionarios provinciales como ocurrió recientemente en Santiago del Estero (ver aparte).

Por esta situación, la Argentina acaba de recibir un llamado de atención del Comité de Derechos Humanos de la ONU. El organismo expresó el 25 de marzo su “preocupación” por la legislación “restrictiva” del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como “por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad contenidas en dicho artículo”. “El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal”, señaló el CDH en sus observaciones, tras la presentación del informe del Estado argentino. Este pronunciamiento llegó luego de que dos chicas, de 15 años, abusadas sexualmente por sus padrastros tuvieran que dar una gran batalla en los tribunales de Comodoro Rivadavia para conseguir una autorización que les permitiera acceder a un aborto no punible. Por estas horas, otra niña en Bariloche, también violada por una familiar, espera un permiso judicial similar.