El sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal, encabezado por Oscar Lescano, cerró un incremento salarial del 22 por ciento con las empresas distribuidoras de energía eléctrica Edesur y Edenor. Tiene vigencia, en su totalidad, desde el 1º de abril, y el lapso del convenio es de un año. La negociación se homologó en el Ministerio de Trabajo con previo consenso de las partes. El incremento alcanza a unos 10 mil trabajadores del sector.

Lescano, quien no pertenece a la “mesa chica” de la CGT que lidera Hugo Moyano y está más cercano al grupo de los “Gordos”, integrado por Armando Cavalieri (comercio), Carlos West Ocampo (sanidad), entre otros, había anticipado en febrero que pediría una suba de “entre un 20 y un 25 por ciento”. La negociación cerró ayer en un 22 por ciento de aumento, con un anticipo de 800 pesos que los trabajadores ya cobraron en enero y febrero. Las partes –autoridades del gremio y de las empresas Edesur y Edenor– firmaron el acuerdo durante un encuentro monitoreado por la viceministra, Noemí Rial, realizado en la sede de la cartera laboral.

Teniendo en cuenta que las distribuidoras de energía eléctrica no serán autorizadas a incrementar las tarifas, según aseguró el ministro de Planificación, Julio De Vido, la suba salarial se descuenta de los resultados potenciales de las empresas. Estas no compiten entre sí, ya que tienen una demanda cautiva por ser un “monopolio natural”. Consiste en una estructura de mercado muy concentrada que se deriva de la gran escala de generación y distribución requerida.

El acuerdo está en línea con los distintos aumentos convenidos hasta ahora en el año por distintos sectores. En general, se ubican entre el 20 y el 25 por ciento, un número superior a la pauta de inflación que oficialmente maneja el Gobierno, en torno del 15 por ciento. Esta estimación se desprende de algún modo de las cuestionadas cifras del Indec. Para las consultoras privadas, el alza de precios no será menor al 20 por ciento, con techos mayores al 25.

La discusión salarial se plantea en la actualidad en función de no perder terreno frente a la inflación, que se identifica con la evolución del IPC, ya sea el oficial o el que estiman los privados. En realidad, el IPC –que actualmente marca una suba anual frente a marzo de 2009 de 9,6– se trata de una canasta ponderada de bienes, que incluye productos tan diversos como alimentos, alquiler, educación privada, servicios o turismo. Esto puede no ser representativo del alza de precios para muchos asalariados. Hilando más fino, las negociaciones salariales podrían evaluar el alza en el precio de la canasta básica o el nivel de rentabilidad de las empresas, que permitiría, además de la recomposición, mejorar la distribución del ingreso.

Los primeros en acordar la suba salarial fueron los docentes a nivel nacional, que cerraron la elevación del sueldo inicial hasta 1740 pesos en marzo, llegando a 1840 en julio. Implica el fraccionamiento del aumento total, un 17 por ciento primero y el 23,5 final. Otro sector de gran relevancia, que ocupa a 850 mil trabajadores, es el comercio, que logró un incremento del 23 por ciento. Un 12 por ciento de aumento correrá desde junio, otro 6 desde agosto y un 5 por ciento en noviembre.

Por su parte, los trabajadores del sector bancario –cuyas empresas vieron incrementadas sus ganancias en forma espectacular aun en el contexto de crisis internacional– consiguieron un aumento del 23,5 por ciento retroactivo a enero, para unos 100 mil trabajadores. La negociación de los estibadores tuvo un tinte aparte, ya que argumentaron las subas pretendidas ante las empresas aceiteras que operan desde el puerto de Rosario a partir de la extraordinaria ganancia de estas exportadoras. Finalmente, lograron una suba del 27 por ciento. En tanto, importantes gremios como la UOM, UTA, Foetra, La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Camioneros, Seguros, Sanidad, Petroleros, entre otros, siguen negociando sus acuerdos. Varios de ellos con huelgas de por medio.

Informe: Javier Lewkowicz.