La siempre vigente jueza federal María Romilda Servini de Cubría tendrá la enorme responsabilidad de aplicar la jurisdicción universal para investigar, desde Argentina, los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura de Francisco Franco en España. En una jornada histórica para el derecho internacional, ayer fue presentada en los tribunales de Comodoro Py la demanda que puede convertirse en la megacausa que termine con más de 70 años de impunidad sobre las atrocidades cometidas por el régimen franquista. La magistrada tendrá un mes para definir si se declara competente para seguir los pasos de su colega español Baltasar Garzón, acorralado por grupos derechistas que persiguen su destitución por querer echar luz sobre el genocidio ocurrido en su país entre 1936 y 1977.

“Este es un momento de agradecimiento a la Justicia y de alegría. Acabamos de iniciar la querella número 4591. Cualquier víctima del mundo puede sumarse a ella”, anunció Ricardo Huñis, uno de los abogados del equipo motorizado por Carlos Slepoy que trabajaron contra reloj para lograr que el escrito presentado contara con la mayor cantidad de adhesiones posible. Entre aplausos de los asistentes y banderas tricolores desplegadas, la jornada tuvo un doble significado: un hito en la historia del derecho internacional por la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad jamás investigados, y la fecha del 79º aniversario de la fundación de la Segunda República.

Los familiares de víctimas de dirigentes asesinados durante el franquismo, Darío Rivas –de 91 años– e Inés García Holgado, junto a una decena de organismos de defensa de los derechos humanos argentinas y españolas, suscriben la demanda que es la punta del ovillo para que otras víctimas presten testimonio de los crímenes cometidos contra sus familiares. La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Federación de Asociaciones Gallegas, son algunas de las firmantes. El Serpaj, Madres Línea Fundadora y la CTA se incorporarán también en los próximos días.

En el cuerpo de la demanda, la querella solicita que Servini de Cubría recabe todos los nombres y el último domicilio conocido de los ministros que tuvieron funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 –fecha de las primeras elecciones en España tras la muerte de Franco– y la “certificación de los que hayan fallecido”. Lo mismo se pide para “los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española” en el mismo período. Además, se requiere que se remitan los listados con el número de desaparecidos, asesinados y torturados; otro de las fosas comunes halladas en España; un censo de los menores apropiados ilegalmente y los nombres de “todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas”.

Los abogados están confiados en que la causa prospere por la vigencia de leyes locales e internacionales que avalan una investigación transnacional en este tipo de delitos. El escrito remarca que en España no hay actualmente una investigación judicial sobre el franquismo y resalta el hostigamiento al que Baltasar Garzón –iniciador de las actuaciones– está siendo sometido. Del mismo modo aseguraron que en los pocos días que lleva conocida esta iniciativa recibieron “cientos de llamados y mails” de víctimas que desean formar parte de la megacausa. Servini de Cubría tendrá entre 20 y 30 días para definir su competencia en la causa.

El acto también sirvió como una manifestación de solidaridad y apoyo a Garzón, al que los participantes aludieron para expresar su gratitud y reconocimiento por sus actuaciones contra la dictadura argentina. Ante la pregunta de Página/12 acerca de si Servini de Cubría podría convertirse en el “Garzón argentino”, Estela de Carlotto –titular de Abuelas– expresó su “confianza” en la magistrada y se mostró esperanzada en que “va a obrar en este tema con la misma decisión con que obró cuando restituyó cada uno de los nietos”, en referencia a los casos de apropiación ilegal en los que tuvo eficaz injerencia.

Informe: Gabriel Morini.