EL PAíS › EL SENADO SEGUíA DEBATIENDO LA COPARTICIPACIóN DEL IMPUESTO AL CHEQUE
Al cierre de esta edición, ni la oposición ni el oficialismo podían asegurar cómo terminaría el debate por el reparto del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. Hubo marchas y contramarchas durante horas y el resultado era incierto. La clave la tenía Cobos.
› Por Sebastián Premici
Al cierre de esta edición, los senadores del abanico opositor y el oficialismo estaban a punto de votar (o rechazar) la coparticipación del impuesto al cheque. Dentro de un escenario cambiante minuto a minuto, la oposición intentaba negociar puertas adentro algunos cambios en su dictamen original para evitar que la votación se haga con mayoría absoluta (37 senadores), como establece el artículo 75 inciso 3 de la Constitución nacional. El senador Ernesto Sanz, jefe de los radicales, fue el encargado de argumentar que se podía aprobar con mayoría simple por tratarse de una ley que ya no tenía asignaciones específicas. Por su parte, Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque del FpV, calificó esa jugada como “un artilugio legal”. La maniobra opositora se empezó a pergeñar cuando se dieron cuenta que a lo sumo podrían sentar en su bancas a 35 senadores. Con Luis Viana (FpV), quien había adelantado su voto a favor de la coparticipación, serían 36. Sin embargo, una alta fuente del oficialismo aseveró a este diario que no convalidaría el proyecto opositor. La definición sobre cómo sería la votación quedaría en manos de Julio Cobos.
“A partir de 2010, cambió la relación de fuerzas dentro del Parlamento. Tenemos la oportunidad de que nuestros proyectos sean tratados ya que en los últimos seis años nunca fueron tenidos en cuenta. Estamos de acuerdo con que este tributo es regresivo, sería mejor reemplazarlo o eliminarlo. Sin embargo, preferimos la coparticipación por más que nos amenacen con la quita del PAF”, afirmó Roy Nikkish (UCR, Chaco), al comienzo del debate. Todos los senadores de la oposición afirmaron que éste era un impuesto regresivo. Sin embargo, el conflicto alrededor del impuesto al cheque es una pulseada política contra el Ejecutivo, más que un tema de política tributaria.
Apenas finalizó la votación del pliego de Mercedes Marcó del Pont, el senador Carlos Menem (PJ La Rioja) abandonó la Cámara alta, dato que en un principio pasó de largo en la tarde de ayer. Sin embargo, con el correr de las horas, su nombre era invocado nuevamente. Era una baja importante para la oposición, que ya se sumaba a la de Guillermo Jenefes, un hombre del oficialismo pero que iba a votar con la oposición, y de María José Bongiorno. Con este escenario de ausencias, el escenario quedaba en 35 a 34 a favor de la oposición. Sin embargo, dentro de los legisladores del oficialismo estaban incluidos Viana y Marcelo Guinle (FpV, Chubut). Al comienzo del debate, la oposición era optimista de alcanzar los 37 senadores, con la ayuda de dos oficialistas.
Sin embargo, Guinle abandonó el recinto al promediar la tarde noche y Viana empezó a mostrar algunas dudas sobre su posición final a la hora de votar. Al menos ésa fue la impresión que le transmitieron a este diario dos altas fuentes del FpV. De vuelta con un escenario de 35 senadores, la oposición comenzó a pergeñar otra estrategia. Según el artículo 75, inciso 3 de la Constitución nacional, el Congreso tiene la atribución de “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”. Es decir que se necesitarían 37 senadores para aprobar los cambios en la coparticipación del impuesto al cheque.
Después de varias corridas, diálogos de pasillo entre Sanz y Laura Montero sobre la cantidad de senadores que contaban para la votación, el jefe de los radicales tomó la palabra. “A partir de 2006, el impuesto al cheque dejó de ser una ley específica, ya que perdió la asignación especial. Tengo una versión taquigráfica de 2006 donde hubo un cruce con Jorge Capitanich, cuando el oficialismo ya admitía que este tributo no tenía asignaciones específicas. Por eso podemos aprobar esta ley con mayoría simple”, afirmó Sanz.
Pichetto fue el encargado de responderle: “Es un artilugio legal, que tiene cierto grado de creatividad”, afirmó el titular del bloque FpV. Más allá de esas expresiones, la estrategia opositora alteró los ánimos del oficialismo, sobre todo porque la decisión final quedaba sobre Cobos. En este contexto, todas las miradas recaían sobre cómo votaría Viana –quien pidió incluir en el proyecto opositor un artículo que le permita a los municipios recibir fondos de este tributo de manera directa– y si el oficialismo daría quórum a la hora de la votación.
El debate del impuesto al cheque tiene que ver con la situación fiscal de las provincias y su relación con la Nación. También es una puja política entre el oficialismo y la oposición. Durante el debate, todos reconocieron que éste era un tributo regresivo que es necesario eliminar. El Ejecutivo tiene previsto recaudar por este impuesto 23.500 millones de pesos, de los cuales 3500 se coparticiparían a las provincias y 1000 millones a la Anses. El proyecto opositor apunta a incrementar esa distribución en 10.000 millones de pesos. “Tenemos que superar la discusión Nación-Provincias y ver las políticas macroeconómicas. Entre 2003 y 2009, las transferencias hacia las provincias aumentaron un 200 por ciento (de 20.131 millones de pesos pasaron a 76.000 millones). En el proyecto de la oposición no vemos alternativas de financiación para el Estado. ¿O acaso están pidiendo un ajuste?”, había argumentado Eric Calcagno (FpV) al comienzo del debate.
El tan discutido tributo –que inventó Domingo Cavallo– representó el año pasado el 4 por ciento de los recursos coparticipados. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya adelantó delante de los 17 gobernadores del oficialismo –y aliados– que a partir de 2011 eliminaría este gravamen. Por otro lado, distintos referentes del oficialismo aseguraron que si la oposición lograba aprobar la coparticipación total, el Ejecutivo podría eliminar el Programa de Asistencia Financiera, que son 9000 millones para asistir a 14 provincias, más la eliminación del Fondo Solidario de la Soja (6500 millones).
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