La directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, sigue detenida, pero ya está en su casa. Ayer, el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich dispuso su arresto domiciliario. Además, el mismo día en que hasta el presidente Eduardo Duhalde criticó el proceder del magistrado (ver aparte) se supo que el abogado Eduardo Orio pedirá formalmente el próximo lunes en el Consejo de la Magistratura que se reabra el juicio político en contra de Marquevich por el caso de la empresaria.
Herrera de Noble deberá ahora permanecer en su casa de la localidad bonaerense de Martínez. Sus abogados esperan que la semana próxima se resuelva el pedido de excarcelación sobre el que deberá expedirse la Cámara de San Martín y que la empresaria recupere la libertad mientras sigue el proceso en el que Herrera de Noble, de 77 años, está acusada de la falsificación de las adopciones de sus dos hijos, Felipe y Marcela.
Funcionarios judiciales informaron a la agencia Télam que “hubo compromiso personal de la señora de Noble de respetar las condiciones del arresto domiciliario y por ello no van a tener custodia policial en su casa”. Las mismas personas agregaron que, cuando le notificaron la decisión del juez, le preguntaron a la directora de Clarín si quería ser trasladada hasta su casa en un auto oficial. Pero la empresaria rechazó la invitación y, al abordar su auto particular, se sentó en el asiento de acompañante del vehículo, desde donde saludó a los periodistas que hacían guardia en el juzgado.
El próximo lunes, el abogado Eduardo Orio pedirá que el Consejo de la Magistratura reabra el juicio político contra el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich. Orio –uno de los representantes del sector de los abogados en el Consejo de la Magistratura– pedirá que se desarchive el expediente que quedó paralizado a fines del año pasado luego de que dentro del organismo no se consiguiera mayoría ni para acusar al juez ni para desestimar la acusación. Orio fundamentará su pedido en el documento de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que advirtió con preocupación sobre “la gravitación de la política en actuaciones judiciales” y subrayó que se ha pretendido “con malicia y de manera llamativa dañar el prestigio de figuras e instituciones del ámbito periodístico argentino”. Esto se sumará a la presentación del diputado nacional Rodolfo Martínez Llano, del PJ correntino, quien solicitó el miércoles el juicio político contra Marquevich por presunto mal desempeño en la causa vinculada a Herrera de Noble.
Marquevich ya enfrentó el año pasado un proceso de juicio político que quedó archivado. Los cuestionamientos provenían de su actuación en la llamada “Operación Strawberry”, donde se logró el secuestro de 2200 kilos de cocaína escondidos en barriles de pulpa de frutilla. La causa fue declarada nula por un tribunal oral como consecuencia de las irregularidades que se habrían cometido durante la instrucción. También se investigó al magistrado por el cierre del expediente sobre la muerte del ex titular de la Aduana, brigadier Rodolfo Echegoyen. En esa causa se ventilaron los vínculos del juez con el fallecido empresario Alfredo Yabrán.
En ese momento, el Consejo de la Magistratura enfrentó una compleja votación definida con estricto apego al reglamento, porque no se alcanzó el número suficiente de votos para desestimar el juicio político pero tampoco para elevar el trámite al Jurado de Enjuiciamiento. La votación resultó empatada en siete votos, pero para sobreseer o acusar a un juez eran necesarios los dos tercios de los votos de los miembros presentes, que no llegaron a reunirse.