La muy completa investigación sobre la llegada de criminales de guerra nazis a la Argentina que publicó este mes el periodista Uki Goñi está empezando a tener consecuencias. La semana pasada, el Centro Simon Wiesenthal pidió a la SIDE, a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, y a la Conferencia Episcopal Argentina que liberen de sus archivos información sobre los nazis en la Argentina. No es un pedido genérico: lo que llama la atención de las cartas dirigidas a esos organismos es el detalle de la documentación esperada.
En su libro La auténtica Odessa, editado en diciembre por Paidós, Goñi prueba el nivel de complejidad de la organización creada por el flamante presidente Juan Perón para rescatar criminales de guerra europeos y traerlos al país. La red fue fundada en una reunión en la sala de gabinete de la Casa Rosada entre Perón y un grupo de nazis belgas, alemanes y croatas. Por medio de las embajadas argentinas y de oficinas especialmente creadas, y con la estrecha ayuda de la Iglesia romana y la argentina, se les dieron papeles de viaje, dinero y pasajes a centenares de criminales.
Alemanes como Joseph Mengele, Erich Priebke, Joseph Schwamberger y Adolf Eichmann, cientos de ustashas croatas encabezados por Ante Pavelic, y traidores que colaboraron con los invasores en Francia, Bélgica y Checoslovaquia, fueron rescatados y traídos a Buenos Aires por varias rutas. Estocolmo, Copenhague, Roma, Génova, Madrid y Lisboa fueron algunos de los puntos de pasaje de estos fascistas y nazis.
Goñi prueba documentalmente estos movimientos, demostrando el dinero, esfuerzo y trabajo invertidos en la red. Pero además de probar la prioridad política asignada por Perón a traer a los nazis –de los cuales, prueba también el libro, apenas una muy pequeña minoría eran técnicos en algo más que el asesinato en masa–, el libro deja en claro la operación de limpieza de archivos realizada en los años ‘50 y en 1996. En ese último año fueron expurgados los archivos de la dirección de Migraciones, a cargo del menemista Hugo Franco, y fueron quemadas las fichas más comprometedoras.
El pedido del Centro Wiesenthal busca exponer archivos alternativos donde se guarda información complementaria. En la carta dirigida al arzobispo Eduardo Mirás, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, se le recuerdan las reuniones mantenidas en 1946 por el cardenal argentino Antonio Caggiano en el Vaticano, cuando ofreció al país como refugio para los nazis. La mayoría de los encuentros de Caggiano fueron con su par francés Eugène Tisserant, quien se encargó de ayudar a la salida de colaboracionistas franceses y belgas rumbo a la Argentina. El Centro Wiesenthal pide a la Conferencia que “nos brinde acceso a la documentación que tuviere” del viaje y los encuentros de Caggiano.
Del mismo modo y por las mismas razones, se le solicita al canciller Carlos Ruckauf que se libere del todavía secreto archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores la documentación disponible sobre los encuentros obispales. Y se agregan dos cuestiones especialmente vergonzantes. Una hace a la carrera del secretario de la embajada argentina en Berlín durante la guerra, Luis H. Irigoyen, que figura en una lista oficial argentina como un diplomático que salvó judíos del Holocausto. Goñi, sin embargo, documenta en su libro cómo Irigoyen no sólo no salvó a nadie sino que abandonó a su muerte a cientos de argentinos judíos atrapados en el Reich, que los mismos nazis no querían enviar a los campos de exterminio para mantener buenas relaciones con Buenos Aires.
La segunda y grave cuestión hace a la Circular 11, firmada el 12 de julio de 1938 por el entonces canciller José María Cantilo. Goñi obtuvo la única copia conocida y pudo probar que con ese documento secreto y confidencial se transformó en política de Estado cerrar las fronteras argentinas a los judíos perseguidos por los nazis.
Al secretario de Inteligencia del Estado, Miguel Angel Toma, se le pide que libere una serie de archivos específicos compilados hace cuarentaaños. Es que desde 1962, el decreto 9168 ordena que la SIDE tiene que verificar los “antecedentes ideológicos” de los que pidan la ciudadanía. Según prueba Goñi, el organismo de Inteligencia envió al Poder Judicial las fichas de los criminales de guerra Eduard Roschmann, que se hizo ciudadano en 1968; Jaime María de Mahieu, naturalizado en 1973; José Sumandzic, ciudadano desde 1962, pero que extrañamente la volvió a solicitar en 1972; y Juan Pedro Ingrand, ciudadano desde 1971. En todos los casos, la Inteligencia estatal declaró que estos notorios nazis “no registran antecedentes ideológicos.
La lista de pedidos más larga corresponde al Ministerio del Interior (ver aparte). En la carta dirigida a Jorge Matzkin se le pide que verifique si los archivos de Migraciones fueron efectivamente purgados y que se busquen los informes sobre 68 criminales de guerra nacionalizados. La lista incluye a Mengele, Klaus Barbie, Priebke, Dinko Sakic, Eichmann y otros “técnicos” en el asesinato en masa.